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Dante Torres Benítez, presidente de BIOSUR, A.C. entidad que se encuentra dándole asesoría al gremio de químicos, trabajadores del servicios de salud de Veracruz quienes integran el Frente Nacional de Químicos Profesionales de la Salud, que junto a su coordinadora, Esperanza Gainza Ruiz, continúan buscándoles certidumbre laboral y respeto a su profesionalización. 

La lucha, advierte Dante Torres, la vienen cargando desde hace 15 años. La problemática se centra, en que la Secretaría de Salud, adquiere mano de obra calificada, pues busca perfiles en licenciatura hasta doctorado en química clínica, pero que reclasifica a un código muy diferente al que debiesen de tener por sus estudios, por el respaldo de su título y su cédula profesional. Incongruentemente los asigna en el área laboral como técnicos y muchas veces hasta los ubica como auxiliares de laboratorio, para asignar salarios realmente dolosos e indignantes a los profesionales de la química. 

En una entrevista que tuvieron con la columnista hace tres meses, tanto Dante Torres Benítez como Esperanza Gainza Ruiz, explicaban la ingratitud que la Secretaría de Salud mantenía al gremio de químicos en el estado. Advertían que derivado de todo ello, dentro de su gremio mantenían una frustración laboral persistente, luego de que la dependencia les exigía una profesionalización que estaban muy lejanos de verlo retribuido en la asignación de sus salarios adecuado a su profesionalización. Sueldos indignantes que en conjuntamente padecían con la falta de equipo de seguridad para manejo de la sangre. Un trabajo verdaderamente riesgoso y que al parecer hasta el día de hoy, la Secretaría de Salud y el gobierno del estado a cargo de Miguel Ángel Yunes Linares, están muy lejanos otorgar certidumbre a los trabajadores del sector salud. 

Conformar el Frente Nacional de Químicos Profesionales de la Salud, fue la única forma que pudieron reagrupar a un pequeño número de trabajadores para comenzar a caminar propuestas y así empezar a tocar las puertas de los poderes legislativos de la Cámara Alta y Baja del Congreso de la Unión. Empezaron a trabajar para poder analizar los pasos que tenían que dar para darle certidumbre a su relación laboral con SESVER. “Éramos un pequeño grupo a nivel municipio, pero actualmente ya contamos con 300 agremiados a nivel estatal” indicó Esperanza Gainza, embozando una sonrisa de satisfacción, por un acto que les ha costado mucho trabajo coordinar. 

Actualmente a su lucha, se han unido a más de cuatro mil profesionales de Química Clínica a nivel nacional, todos ellos, agremiados al Frente Nacional de Químicos Profesionales de la Salud, indicó Dante Torres Benítez.

"Estamos trabajando en la elaboración del censo real, partimos de la base de que la información tiene que ser veraz, para que la información debe de llegar a nuestras autoridades (…) A las personas con instancia de gestión (…) De otra manera, no vamos a conseguir nada (…) A nivel nacional, el padrón está cercano a los cuatro mil compañeros que están agrupados en el Frente Nacional de Químicos Profesionales de la Salud”.

Los pasos que han dado han sido agigantados, actualmente ya consiguieron sentarse en una mesa de trabajo con la Comisión de Salud con la Cámara de Diputados. Concretamente con el perredista y diputado federal del Distrito XIII en Valle de Santiago del estado de Guanajuato, Emmanuel Reyes Carmona, quien funge como secretario técnico de dicha comisión.

Carmen Medel Palma, diputada federal de Morena, por el Distrito XIV de Minatitlán del estado de Veracruz quien también es integrante de la comisión de salud en la Cámara Baja, también tuvo a bien de participar activamente en las mesas de diálogo.

“En si la comisión de Salud en su conjunto, conoce y está ya trabajando sobre la integración de los instrumentos legislativos para que sea sometido a consulta y gestión dentro de la Cámara (…) La reunión la tuvimos el 19 de octubre en la Cámara de Diputados con los diputados federales que integraron la mesa de trabajo y que recibieron a una comisión de treinta integrantes del Frente Nacional de Químicos Profesionales de la Salud provenientes de diferentes estados de la República”.

Veracruz, Quintana Roo, Campeche, Durango, Sinaloa, Jalisco, Baja California Norte y Sur, Puebla, Distrito Federal y Estado de México, hicieron presencia en las mesas de dialogo con los diputados federales con la Comisión de Salud, para elaborar una agenda legislativa y sostener reuniones con las comisiones que se involucran directamente en el tema de gestión y que atienda ya la recategorización de sus claves, como también advertir sobre las diferentes necesidades que mantiene el gremio por la nula preocupación del sector salud para el tratamiento de la sangre. El riesgo es persistente en su área, pues comenta son propensos y vulnerables a contagiarse de alguna enfermedad, por no contar con equipo de seguridad adecuada.

Un tema que deberá de considerar no tan sólo la Cámara de Diputados, sino también la de Senadores, pues el nulo respeto a la integridad física y de salud de trabajadores, es a nivel nacional.

En las comisiones que se involucran para en este caso recategorizar y profesionalizar a los trabajadores de los laboratorios clínicos, son obviamente el de Salud, la comisión de Hacienda y Presupuesto, Justicia y Seguridad Social, quienes serán específicamente hagan el instrumento legislativo que se requiere para poder recodificar los salarios de los profesionistas químicos y no continúen cobrando como técnicos y como auxiliares de laboratorio.

Un problema doloso que se ha perpetrado por parte del gobierno federal y estatal en contra de quienes mantienen relaciones laborales con el sector salud. Espacios que se les exige un perfil de licenciatura y hasta doctorado, pero que en la realidad, indignamente los reclasifican salarialmente en puestos de menor rango para pagarles remuneraciones de hambre.

Para Esperanza Gainza Ruiz, coordinadora del Frente Nacional de Químicos Profesionales de la Salud, la respuesta y atención que en la actualidad le han dado en la Cámara de Diputados fue de excelencia. Cuando ancestralmente, los legisladores ignoraron una y otra vez sus demandas, hoy, muestran empatía y no sólo eso, les abren espacios, organizan foros para escuchar en propia voz, todas y cada una de las atrocidades que han tenido que padecer desde que fueron contratados. Esperan tener el mismo respeto por los integrantes de la Cámara de Senadores.

Como su nombre, mantiene la esperanza de que su lucha vea los frutos necesarios para ya dignificar su área laboral y que tanto ella como sus compañeros, dejen de ser tratados como ‘peones’ cuando en realidad cuentan con títulos de la carrera de Química Clínica y cédula profesional, que los acredita como profesionistas.

El gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares lo podemos considerar como un cáncer político concentrado de todos los malos políticos que ha tenido el estado. Un hombre que afortunadamente para los veracruzanos solo estuvo en el poder dos años. Un hombre que en tan corto tiempo, ha causado un daño más irreversible, estridente y contundente, que el que originaron Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa pues ha estos nunca se los ocurrió privatizar los recursos naturales. Un sujeto sin escrúpulos, misógino y además, que no se toca el corazón con aplastar a quien se cruce en sus malsanos objetivos. 

Este sujeto, en tan sólo dos años, logró impulsar “negocios” personales [como la privatización del agua en Boca del Río], endeudó más al estado de lo que ya estaba y además, desvió a través de la Secretaría de Obras Públicas [amparado por Julen Rementería del Puerto] dinero del erario que actualmente detectó el SAT a través de empresas fantasmas. Habla de ‘honorabilidad’, cuando realmente solo conoce la palabra y no sabe realmente su significado y mucho menos aplicarlo. En su persona no existe, no hay cabida para ese valor moral. 

Yunes Linares no tiene “llenadera”. Un hombre pobre y despreciable que solo conoce el valor del dinero, pues lamentablemente él –junto con toda su familia-  no conoce la ética, no conoce la dignidad, no conoce la moral interna que llevamos cada uno de los seres humanos equilibrados. 

Le presentaré un caso sumamente alarmante. Que esperemos que las Asociaciones Civiles ambientales hagan lo propio para impedir que ésta depredación en la zona conocida como Reserva Ecológica de la zona de manglares, no sea devastada y privatizada como el gobernador y el alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, pretenden. 

La historia y la denuncia 

Carlos Alberto Butrón Valenzuela, es regidor décimo del ayuntamiento de Boca del Río, con las comisiones de Ecología y Medio Ambiente e Impulso a la Juventud, denunció que en meses anteriores, en sesión extraordinaria de cabildo con fecha del 9 de julio del 2018, les pasaron un comodato que supuestamente habrían firmado ejidatarios asentados en la zona de manglares, dónde supuestamente permitían al ayuntamiento de Boca del Río el uso, goce y disfrute de la ejecución y explotación a 60 años, de las parcelas ubicadas en el área Natural Protegida. 

Indicó que dicha zona concentra la propiedad de alrededor 29 ejidatarios; pero la “anuencia” para explotar dicha área, solo la signaban ocho, “Como te puedes dar cuenta, ni siquiera son la mayoría (…) Pero de esos pocos que firmaron, es importante decir que cuatro de ellos, aun no han concluido la sucesión testamentaria, porque los titulares de los propiedades fallecieron (…) Es decir, están intestadas, por lo tanto, dichas personas no pueden decidir sobre dichas propiedades”.

El 9 de julio fue desastroso para la zona de manglares, pues el cabildo aprobó por mayoría la sucesión de derechos a favor del ayuntamiento de Boca del Río, acto absolutamente ventajoso y a favor de la depredación y explotación de una Reserva Ecológica que beneficia no tan sólo para los habitantes de los ejidos y del municipio de Boca del Río, sino también a ciudadanos de los municipios de Alvarado, Jamapa, Medellín de Bravo y Veracruz. 

Butrón Valenzuela indicó que los regidores que votaron a favor, fueron “sensabilizados” para tomar como contundente ese comodato firmado por esos ocho ejidatarios que “aprobaron” ilegalmente –pues jamás consideraron a los 21 restantes- el proyecto denominado por la Secretaría del Medio Ambiente como “Recuperación del espacio Natural Protegido ‘Arroyo Moreno’ para mejorar su funcionamiento ecosistémico y fortalecer el compromiso social en la conservación y cuidado del medio ambiente, en el municipio de Boca del Río”.

Los ejidatarios fueron engañados por el alcalde de boqueño, Humberto Alonso Morelli, luego de que éste, les “sacó” la anuencia, con la mentira de que estos serían ‘socios’ del municipio del proyecto ambicioso en el que al parecer el aún gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares se encuentra muy interesado con que quede autorizado antes de que deje la administración.

“Luego de haberme negado a votar por ese proyecto, el cual les regresé tres veces y que Sergio Muñoz Colina en vez de corregir lo que los investigadores de universidades a los que les pedí lo revisarán, este siempre me regresaba el proyecto escrito con uno nuevo (…) Nunca corrigió, cada vez que me lo devolvía me presentaba un nuevo proyecto con más artículos y tenía que volver a regresarlo a las universidades para su revisión”, acusó el edil.

Al descubrir que fueron literalmente engañados y burlados por el presidente municipal boqueño, los ejidatarios y propietarios de las parcelas 47, 36, 29, 40, 66, 74, 71, 18, 79, 26, 21, 48, 62 y 78 entregaron a la presidencia de Alonso Morelli, el pasado 10 de octubre un escrito en dónde expresan lo siguiente: 

“Manifestamos a usted respetuosamente que con relación al comodato para que usted realice trabajos en nuestras parcelas arriba mencionadas, expresamos nuestra inconformidad, ya que, no se nos explico con claridad que querían hacer (…) En nuestro carácter de campesinos, adolecemos de la preparación para interpretar los documentos que nos hicieron firmar y por lo tanto, con fundamento en la constitución política de los estados unidos mexicanos, no permitieron hacer uso de nuestro derecho de asistencia de una persona preparada para la revisión del comodato que desde el mes de enero nos dijo que nos iba a ser llegar y nunca lo hizo, por lo que nos inconformamos y desconocemos el documento que firmamos ya que nuestra firma la obtuvieron bajo presión POR LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, con engaños y que iba a ser para la documentación del notario No 10 Lic. Leopoldo Domínguez Armengual y notario adscrito por la dirección de asuntos jurídicos, y por estar brechado y limpiando en Nuestras parcelas sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental otorgada por la semarnat por lo cual nos deslindamos de estos trabajos que vienen realizando (sic)”. [Errores ortográficos provenientes del documento original]

En el escrito, viene las firmas de los ejidatarios, que a decir del regidor décimo, Butrón Valenzuela, fueron engañados tanto por el alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, el director del Medio Ambiente, Sergio Muñoz Colina y el área jurídica del ayuntamiento.

Reitero, indicó el regidor quien se dice preocupado e indignado por la manera y forma que se están haciendo las cosas, “En la relación de ejidatarios entregada el día que se realizó la Décimo Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo del 09 de julio a los regidores, cuatro de los que supuestamente firmaron el comodato en beneficio del municipio, no son siquiera los propietarios legales y solo son adjudicatarios, pues aun no consiguen la propiedad de dichos ejidos, luego de que sus verdaderos dueños, murieron. Es decir, el alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, por medio de presión y aprovechándose de la ignorancia de un pequeño grupo de ejidatarios e ignorando a la mayoría de los propietarios y además, en contubernio con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), Mariana Aguilar López, quien autorizó una obra sin contar con el estudio de Impacto Ambiental (…) Así lanzaron la convocatoria de licitación con número LPE-124T00000-003-18 para iniciar las obras de “limpieza” –depredación de fauna y flora- pese a la negativa de los ejidatarios de la zona”. 

En dicha licitación estatal establece los requisitos que deben de cubrir las empresas y además expone que aquella que gané la participación al proyecto, se le pagará el 30 por ciento, recurso que la SEDEMA cuenta, luego de que dicho presupuesto es obtenido de los cargos a los refrendos originados a la “recaudación” de la venta de engomados de verificación vehicular durante el ejercicio fiscal del 2017. Dicho dinero será utilizado para la “limpieza” del lugar [depredación de los manglares], actividad que ya se encuentra realizando el municipio en la Reserva Ecológica.

“Los ejidatarios desconocían que la comodato que le firmaron al ayuntamiento es por 60 años (…) Ellos estaban apoyando el proyecto, porque les prometieron hacerlos socios de lo que pretenden construir allí (…) Lo que pretenden construir es un parque tipo Xcaret que se encuentra en el estado de Yucatán (…) Un área recreativa (…) A los ejidatarios los están excluyendo, pues lo podemos ver en la licitación que salió por parte de la SEDEMA, la cual está muy amañada. Con muchos vicios, donde están favoreciendo a la constructora que llevó a cabo el Foro Boca (…) Además de otras construcciones que ha hecho en “beneficio” para Boca del Río”, explicó Carlos Butrón.

Comentó que tanto el alcalde como el director de Medio Ambiente, les prometieron que serían ‘socios’ y por 20 años, pero que en los primeros 15 años, que nadie iba a ganar ningún recursos económico, pues primero se tenía que recuperar lo invertido. “La cuestión es que los ejidatarios al conocer realmente que el comodato que pretenden llevar a cabo, es de 60 años y que realmente a ellos no le darían ningún tipo de ganancias por explotar sus tierras”.

El regidor décimo, dice que los ejidatarios se sienten timados, porque las autoridades municipales y la SEDEMA, los empezaron excluir de las reuniones que ellos realizaban y según su sentir, en su desesperación de lograr obtener recursos de sus parcelas y por no haberse asesorado, finalmente ellos se dejaron engañar.

“Me da tristeza porque son familias que por muchos años (…) Ya una generación falleció sin poder gozar de sus tierras, hoy en la segunda generación continúan tratando de lograr “algo” (…) Por hecho de estar en una poligonal de área protegida simplemente no van a poder construir, no van a poder vender (…) Yo creo que la forma más amable de que ellos se vean beneficiados es la creación de UMAS (…) UMAS que dediquen a la reproducción y reinserción de especies endémicas del lugar (…) Eso es amable con el medio ambiente y beneficio para la ciudadanía y permitiría una derrama económica”.

Este proyecto ambicioso es un anuncio que realizó realmente el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares y que está siendo “promovido” por la Secretaría del Medio Ambiente y el ayuntamiento de Boca del Río, pero en el cual, para ‘impulsarlo’ han violado los protocolos ambientales.

“Es proyecto que no hicieron estudio de impacto ambiental, y pese a ello, la zona ya está siendo depredada (…) Hace 10 días, fui a hacer un recorrido con mi equipo y notamos, que ya hicieron varios senderos (…) Nos internamos y caminamos entre el manglar con el lodo a casi 20 centímetros de profundidad y vimos que derramaron muchos raíces de mangle y los mismos arboles de mangle (…) Recuerden que el mangle está protegido y el alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, ordenó ya la destrucción de esa zona”.

Su importancia

Desde 1999, la zona de manglares de Arroyo Moreno, fue declarada como Reserva Protegida por su importante función ecológica. El manglar es el único pulmón arbóreo natural no tan solo para el municipio de Boca del Río, sino también para las cabeceras municipales de Jamapa, Medellín de Bravo, Veracruz y Alvarado. No existe ninguna otra extensión de bosque aledaña a esta gran mancha urbana, de modo que prevalece con muchas de sus funciones ecológicas y es un gran viaducto que se conecta a su vez, con la otra Reserva Ecológica también protegida denominada Tembladeras.

Su depredación, no tan sólo implicaría la devastación de este importante respirador natural, sino también, perjudicaría con la matanza de un sin número de especies de plantas, aves, mamíferos y crustáceos que habitan en los manglares. Es decir, el acto es un verdadero y alarmante ecocidio.

Además, Alonso Morelli y la SEDEMA, estarían incurriendo delitos federales pues la mayoría de las especies de flora y fauna que habitan en los manglares, se encuentran protegidas por las leyes mexicanas bajo diferentes categorías, luego de que están en peligro extinción como es la golondrina canadiense, el tecolotito abajeño y el oso hormiguero; como también, la iguana negra y la aguililla de cola roja, todas estás se encuentran bajo la categoría de protección especial. https://www.uv.mx/cienciauv/blog/arroyomorenomanglarciudad/ 

De acuerdo a la ley de la Procuraduría Federal de Protección de Delitos Ambientales (PROFEPA) dentro de su artículo 414, establece que se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.

En el caso de que las actividades a que se refieren los párrafos anteriores, se lleven a cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se incrementará hasta en tres años y la pena económica hasta en mil días multa, a excepción de las actividades realizadas con sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Fotografías y videos realizados por parte del equipo de la Regiduría Décima del ayuntamiento de Boca del Río, hace constar de la forma que el director del Medio Ambiente, Sergio Muñoz Colina por órdenes del alcalde boqueño, Humberto Alonso Morelli, se encuentra depredando la Reserva Ecológica, pese a no contar legalmente con los permisos necesarios para ello, ni con el estudio de impacto ambiental. 

“Se encuentran cortando raíces de mangle y mangle en si” acusa el edil boqueño, por ello, envío el 11 de octubre del 2018 a la PROFEPA, con atención al delegado estatal de la misma, Diego Cobo Terrazas y recibido el mismo día en la oficialía de partes a las 13:00 horas un escrito tipo denuncia de lo que se encuentra padeciendo la reserva ecológica. En la denuncia el regidor explica a detalle las implicaciones ambientales en el que el alcalde de Boca del Río está infringiendo y además detalla la pésima actuación de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Mariana Aguilar Pérez, quien se encuentra amparando todas y cada una de los delitos ambientales que el presidente municipal está incurriendo en su afán de impulsar el proyecto ambicioso –para ellos- denominado “Recuperación del espacio Natural Protegido ‘Arroyo Moreno’ para mejorar su funcionamiento ecosistémico y fortalecer el compromiso social en la conservación y cuidado del medio ambiente, en el municipio de Boca del Río”.

Bajo el oficio No. PFPA/36.1/8C.17.4/0722/18 expedido el 12 de octubre del 2018 y firmado por el delegado de la PROFEPA en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, C. Diego Cobo Terrazas, le da respuesta de manera inmediata al regidor Décimo del ayuntamiento de Boca del Río, Carlos Alberto Butrón Valenzuela expresando lo siguiente: 

“Me refiero a lo citado en su escrito del 11 de octubre del año en curso y recibido en la Procuraduría, el día 12 de octubre del año en curso, sobre el particular le informo a usted que arroyo moreno es una ANP de competencia estatal, con una superficie decretada de 287-09-05 hectáreas, incluidas la poligonal envolvente en la declaratoria del 25 de noviembre del 1999, bajo la modalidad estatal de zona sujeta a conservación ecológica (gobierno del estado de Veracruz, 1999). De donde cualquier otra actividad realizada dentro de dicha área NO considerada de conservación ecológica, constituye a una infracción a la legislación ambiental (…) De igual forma comunico que las obras a realizarse dentro de la misma deben de ser acordes al Plan de Manejo de dicha ANP. En ese tenor en su escrito no se citan hechos que constituyan infracciones a la legislación ambiental que impulsen nuestro actuar (…) No omitiendo citar que para el caso que se presenten obras y actividades contrarias a la legislación, ámbito de la competencia federal se actuara conforme a derecho”.

Carlos Butrón, consideró la respuesta del delegado estatal de la PROFEPA como una omisión de sus funciones, luego de que las zonas consideradas como Reservas Ecológicas, son vigiladas por parte de la autoridad federal y se observa luego entonces, una indignante complicidad del funcionario federal en el estado con el gobierno del estado, la SEDEMA y con el ayuntamiento de Boca del Río para impulsar la privatización de un importante bastión de la naturaleza para explotarlo a través de la privatización a 60 años.

Las inundaciones que se han registrado en la conurbación veracruzana serán recurrentes, situación que padecerán muchos ciudadanos que habitan en el corredor metropolitano. La primera obra próxima a realizar por parte del alcalde de Boca del Río, es la instalación de un muro para impedir el paso de las personas al área que será comercializada y que provocará que el tránsito tanto del agua, la flora y la fauna, se vea impedida, originando que los asentamientos humanos de mencionados municipios, se vean perjudicados con inundaciones severas al limitada la circulación del agua.

Al parecer el alcalde de Boca del Río, el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares y la SEDEMA, no tan sólo le robarán a los propietarios sus parcelas con el supuesto comodato que signaron ocho personas por medio de engaños y promesas de un total de 29 ejidatarios; sino también  van originar daños irreversibles al medio ambiente pues de acuerdo a la denuncia del regidor décimo, ya están destruyendo las áreas naturales y van a instalar planchas de concreto abonando al cambio climático que se vive en el mundo. La depredación de los manglares –pese a que ésta vegetación está protegida por la legislación federal- está siendo devastada de manera ilegal y clandestina.

Links consultables:

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/535/1/mx/delitos_ambientales.html

http://repositorio.veracruz.gob.mx/medioambiente/wp-content/uploads/sites/9/2018/10/Acta-apertura-Arroyo-Moreno-02-18.pdf

http://repositorio.veracruz.gob.mx/medioambiente/wp-content/uploads/sites/9/2018/08/ACTA-DE-LA-JUNTA-DE-ACLARACIONES-ARROYO-MORENO.pdf

Los actos de corrupción que se encuentran manifestando los maestros integrantes del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GNTE) en oficinas centrales de la Secretaría de Educación Veracruz (SEV) ésta mañana, en donde exigen la destitución de la directora de Recursos Humanos, Argelia Irasen Díaz Ramos, a causa de los evidentes actos de corrupción a los cuales ha incurrido. Advierten que la mujer se encuentra cobrando de 50 a 180 mil pesos por asignar las adscripciones a personal de nuevo ingreso en los lugares en donde ellos consideren aceptables para trabajar, y al hacerlo, remueve de sus adscripciones al personal con años de servicio, aplicando “cadenas de movimiento” de personal violando la Ley de Profesionales Docentes. Violando los derechos laborales del magisterio.

Una persona indicó a una servidora que a su familiar, la directora de Recursos Humanos, le está pidiendo 180 mil pesos por dejar su plaza en el municipio de Veracruz. Un acto por demás reprobable y además verídico de parte de esta funcionaria.

Dice el dicho popular que el “hilo se revienta por lo más delgado”. Aquí me causa un poco de extrañeza que este “gran negocio” sea una idea de esta gris funcionaria. Una mujer que en verdad, no sabe absolutamente nada de la función pública. Una mujer totalmente ignorante y que seguramente debe de estar siguiendo órdenes de los “altos funcionarios” [llámese secretario de Educación, Enrique Pérez Pérez o del Oficial Mayor, Abel Cuevas Melo] pero que en el mundo real de la corrupción, quien va terminar en la cárcel, es dicha mujer por firmar, promover y violentar los derechos laborales de los maestros que han sido perjudicados.  Ni hablar, en el pecado llevará su penitencia esta inepta e inculta mujer. Ojalá que sus jefes le lleven los cigarros al penal cuando los maestros pongan sus denuncias y ésta tipa sea encarcelada por sus actos de corrupción.

Los políticos de hoy: Corruptos, omisos y negligentes

La tranquilidad a causa de la inseguridad huyó de Veracruz a la llegada de Fidel Herrera Beltrán y situación que prevaleció con Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares. La suerte de los veracruzanos quedó al margen de las política y sus servidores públicos cambiaron el chip de “servicio” por el de “robar con mucho compromiso”. Antiguamente, una manera de desviar el recurso público a sus cuentas personas era tener mano en él al beneficiar a sus empresas o la de sus familiares, todas y cada una de las obras existentes en su mandato. Es decir, devolvían al pueblo con obras, pese a la corrupta estrategia de auto asignárselas. La gente lo sabía, pero no le molestaba indagar porque en conclusión, si salían beneficiados. Hoy se lo roban descaradamente porque saben que entre políticos, se solapan, se justifican y hasta se protegen. La corrupción política es el cáncer que ha envuelto a México, a los estados y a los municipios; y la impunidad, es la sábana con la que se tapan todos quienes incurren en ella.

El político de antaño, cuando invertía en una colonia, no era un tramo o una cuadra  [como actualmente lo hacen]. Era la colonia completa y en verdad, se veía el trabajo del gobernante en sus calles, en su contexto, en su comunidad. Hoy no invierten absolutamente nada. Las obras que en la actualidad mantienen al menos el gobierno de Veracruz y Boca del Río, son con recursos estatales y el municipio no ha invertido ni medio centavo en beneficio de sus municipios. Calles desbaratadas, equipamiento público inservible, drenajes y coladeras totalmente taponeadas, que han originado las inundaciones más serias a causa de la falta de mantenimiento. Un caos. Pero los munícipes se encuentran concentrados en “promoverse” en las redes sociales, invirtiendo gran parte del erario público para dicho fin.

La conclusión real actual, es que ahora ningún gobernante hace algo por el pueblo. En los casos de los gobiernos municipales, no existe ni un solo presidente municipal [de cualquier partido político] en las 212 cabeceras que conforman el estado, que éste realmente beneficiando al pueblo. Que se encuentre realmente invirtiendo en obras en pro de la ciudadanía. Hacen actos de acompañamiento gubernamental en el caso de los alcaldes panistas; partido político del actual ejecutivo estatal, Miguel Ángel Yunes Linares.

En el municipio de Veracruz y Boca del Río, quienes se dicen ser los alcaldes solo en membrete y no en acciones; de acuerdo a sus redes sociales reportan actividades como:

“Acompañé esta mañana a mi esposa Mariela a que 130 veracruzanas y veracruzanos recibieran un aparato funcional que les ayude a desplazarse de mejor forma (…)”. En la foto que acompaña este “gran logro” se advierte a una anciana siendo sentada en una silla de ruedas.

Entregar sillas de ruedas puede considerarse como un acto  loable. Pero cuando este tipo de acciones solo se otorgan un reducido número de personas, se puede considerar indignante. 130 aparatos no es nada cuando según el censo población y vivienda del INEGI advierte que en el puerto de Veracruz existen 428.323 personas que habitan este municipio y que podemos decir que tal vez, un 10 por ciento de la población utilizan este tipo de equipos médicos [aunque sabemos que deben de ser muchas más]. Es decir, su universo es bastante reducido a la demanda real de personas que requieren este tipo de equipos médicos para ellos o algún familiar.

Otro post más dice:

“Para hablar de experiencia en temas del crimen y que así las familias del sureste de México vivan tranquilas y seguras, el Puerto de Veracruz fue sede de la 2da Reunión de la Zona Sureste, donde pude conocer más sobre las adversidades delictivas y cómo enfrentarlas para un mayor orden social”.

Reuniones que no han dado resultados, pues la situación real que prevalece al menos en la conurbación Veracruz-Boca del Río, es realmente crítica y alarmante.

El puerto de Veracruz, enfrenta una de los problemas más serios de inseguridad. Diariamente se reportan asaltos a mano armada, secuestros y la localización de cementerios clandestinos como el localizado en Colinas de Santa Fe; donde hasta el día de hoy, los colectivos de personas desaparecidas advierten que existen alrededor de 125 fosas en las cuales se han exhumado 249 cuerpos y más de 14 mil restos óseos que pueden corresponder a más cuerpos. El municipio no ha movido ni un solo dedo en favor de los colectivos y la FGE mucho menos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Jorge Winckler Ortiz, no ha tenido la capacidad ni la voluntad de invertir en reactivos de ADN para identificarlos, dejando a los colectivos la obligación de “trabajar” para conseguir los recursos y así conocer la identidad de estas personas que fueran arrojadas en dicho lugar por el crimen organizado. La insensibilidad del titular y de su flamante fiscal Especial en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas,  Luis Eduardo Coronel Gamboa, ha sido constantemente señalada por los integrantes de los colectivos. Y a Yunes Márquez, ese factor inaceptable de parte de dichos servidores públicos, no le ha quitado el sueño. La conclusión, es que no le interesa y técnicamente no le “compete”, al grado de que ha decidido ser cómplice de la omisión e incapacidad de estos dos sujetos en contra de los ciudadanos que habitan en el municipio donde él tiene su “feudo”. No hay compromiso ni solidaridad hacia los dolientes por parte del munícipe.

Yo le pregunto a alcalde: ¿Dicho hallazgo no es derivado de la falta de seriedad de los alcaldes en el tema de seguridad? En el puerto de Veracruz, se sigue registrando asesinatos, feminicidios, secuestros y hasta el día de hoy no he visto su compromiso para salvaguardar la integridad de los veracruzanos que habitan en su municipio.

En un post  del alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez [hijo del gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares] advierte en una publicación en sus redes sociales que realizó el 22 de septiembre del año en curso, lo siguiente:

“Hoy es un día histórico para Veracruz, ¡recibimos a los primeros 13 Policías Municipales que con mucho honor y lealtad servirán a nuestra ciudad! Cuenten con toda mi admiración, respeto y apoyo en esta encomienda que iniciamos juntos”.

¿13 policías que tendrán la obligación de cuidar a una taza población de 428.323? Una tarea insulsa para un pequeño grupo de oficiales municipales que seguramente aún no tienen ni pistola. Un grupo tan pequeño que solo podrán concentra sus operaciones al cuidado personal del presidente municipal y no de la población.

El municipio de Boca del Río, con el mandato de Humberto Alonso Morelli, también de extracción panista, tampoco ha actuado con gran relevancia. En un post en la fan page del munícipe publica actos como:

“¿Alguna vez han visto una competencia canina? Los invito a vivir la experiencia en el Hugo Sánchez, sean parte de la Exposición Canina Veracruz 2018, participan 230 perros de distintos países”.

Mientras que el municipio padece de un nulo compromiso de parte del Centro de Salud Animal para realmente salvaguardar los derechos de los animales. Existe un elevado índice de animales abandonados [gatos y perros], derivado de la insulsa Ley de Protección Animal que Boca del Río mantiene. El respeto a los animales a través de una verdadera ley que los proteja, no ha sido una de las prioridades del alcalde boqueño. Realmente indignante su afán de “promover” y ensalzar un evento canino de otros países, cuando los perros y gatos del municipio son ignorados por el actual alcalde de Boca del Río.

Alonso Morelli la única obra “relevante” que se le ha “notado”, es la de la avenida Urano. Pero el problema, es que dicha obra es con presupuesto del gobierno del estado y no de su municipio. Es decir, hasta el “rescate” de la Laguna Lagartos, el Encanto y el Área Natural Protegida Arroyo Moreno que están “promoviendo” Yunes y Morelli en sus redes sociales, es acción  e inversión canalizado del feudo Yunes Linares y no por los municipios. Es decir, el alcalde boqueño y porteño, no han invertido un solo peso de su presupuesto en pro de los ciudadanos.

¿Qué hace Yunes con el dinero proveniente de los parquímetros? El centro histórico totalmente destruido. ¿Qué hace Yunes y Morelli con el dinero que obtiene del predial, del cobro a los comerciantes tanto formales como informales? Yunes Márquez destina gran parte de dinero obtenido por los ciudadanos para mantener a los locatarios del mercado Malibrán, a quienes les paga el servicio de la luz eléctrica. Locatarios “poderosos” e “influyentes” que tienen hasta de dos o más frigoríficos para almacenar sus carnes y derivados, al final, quienes les pagan la luz es el ciudadano a pie, ese que no cuenta con alguna oportunidad. Ese a quien Yunes Márquez le va a aumentar todos los impuestos.

No duden que próximamente oiremos a Humberto Alonso Morelli realizar el mismo anuncio. Y que el pueblo se “joda”.

Miguel Figueiras Carrillo, es un miembro activo del Partido Acción Nacional. Él era parte de la planilla de Francisco Gutiérrez de Velazco y figuraba como regidor, cuando el ex alcalde de Boca del Río, buscaba ser el pre candidato del albiazul por la alcaldía del puerto al igual que Fernando Yunes Márquez. Figueiras estratégicamente, al convencerse que quien sería el próximo pre candidato sería el hijo del gobernador, decidió traicionar a su equipo, poniendo en “charola de plata” información interna de la planilla opositora a Yunes y así terminar de hundir al equipo que lo acogió.

Figueiras Carrillo es en la actualidad el médico veterinario del Centro de Salud Animal del ayuntamiento de Veracruz. Puesto que no dudó en aceptar pues fue fruto de su traición. Un puesto realmente irrisorio, equiparable a su ambición, pero que al final, no tu empacho en aceptar. 

Su paso en el CSA está siendo notorio, pero no por sus buenos resultados, sino por todo lo contrario. Existen muchas y contundentes denuncias de que este sujeto, practica operaciones de esterilización a perros y gatos con resultados desastrosos. La muerte de muchos animales, ponen en evidencia su falta de pericia y su rotunda negligencia. Animales que son parte de una familia, quienes de manera responsable –no cuentan con los recursos económicos para poder llevarlos a una clínica veterinaria- asisten a las campañas que realiza el Centro de Salud Animal en las diferentes colonias del municipio de Veracruz y al final, muchos de estos son devueltos muertos. 

Cuentan muchas animalistas, que la CSA en sus campañas de esterilización cuando el médico Figueiras realiza las intervenciones, ha originado la muerte de caninos. Él y su pequeño equipo, instalan carpas y adentro ellas hay tan solo una mesa para realizar las esterilizaciones de perros y gatos, en condiciones realmente insalubres –mesas y material quirúrgico sin estar debidamente esterilizados-.

Desde que el inicio de sus funciones, dicho médico veterinario es uno de los que se encarga en realizar las operaciones a los animales que habitantes del municipio le llevan y en donde, para infortunio de las mascotas, muchas de ellas quedan en la plancha a causa de las constantes negligencias de este sujeto. Sin compromiso ni ética, el tipo le entrega el animal muerto a sus propietarios, quienes por ser personas de bajos recursos, con toda su pena, se llevan a su perrito para darles sepultura. Para Figueiras es trámite, no le mueve ni una fibra ser el causante de la muerte de un perro o de un gato.

En entrevista con el director de Medio Ambiente y Protección Animal del ayuntamiento de Veracruz, José Ángel Capetillo Victoriano, indicó que las campañas de esterilización que realiza el Centro de Salud Animal a su cargo, son totalmente gratuitas y que están diseñadas para que personas de bajos recursos, lleven a sus mascotas para que se les practique la esterilización, como también la atención médica de animal en el caso de así requerirlo.

Algunas personas que han asistido a dichas campañas, me denunciaron que Figueiras les cobró la cantidad de 350 pesos por realizar dicha operación y que no entrega recibos de ningún tipo. Curioso, pues el titular y jefe de este, advierte que el ayuntamiento no aplica ningún tipo de remuneración y que las intervenciones que se realizan en las colonias a través de las campañas, son total y absolutamente gratuitas.

Podemos pensar entonces, que el médico veterinario de la CSA no tan sólo es negligente con los animales al operarlos y como resultados, éstos morir en su mugrosa mesa de operaciones; sino que también, se encuentra cometiendo un fraude descomunal al municipio, luego de que el dinero recaudado no lo está reportando a las arcas y él se queda con dicha aportación que hacen los ciudadanos. Los ciudadanos que han denunciado, advierten que este no da recibos de ninguna índole. Es decir, no hay un solo indicio de sus fechorías.

Una negligencia tras otra, una corrupción evidente y prepotencia en alguien que se siente realmente protegido por el propio alcalde de Veracruz. De acuerdo a la declaración del titular del Medio Ambiente y Protección Animal, comentó que en las instalaciones de la CSA se realizan operaciones de esterilización. Dichas operaciones tienen una cuota de recuperación realmente simbólica –según el tamaño del ejemplar- que oscila entre 100 a 150 pesos, pero que en las Campañas de Bienestar Animal que se realizan las brigadas en las colonias y fraccionamientos, no tienen costo alguno.

El titular de Medio Ambiente y Protección Animal, advirtió que Alfredo Fernández es coordinador de Protección Animal, figura que se incluyó en ésta administración municipal. Capetillo Victoriano indicó que Fernández, tiene que ver todo lo que concierne en la supervisión tanto de los médicos veterinarios adscritos al Centro de Salud Animal –como lo es el médico Figueiras y el médico Calva- y también tiene bajo  su responsabilidad la supervisión de la administradora, que es Michel Castro y las actividades de los inspectores.

“Yo te puedo decir con relación a Figueiras, que no es protección (…) Al final quien no hace bien su trabajo o quién falla, amerita sanciones (…) En todo lugar ¿no? (…) Llámese un médico, un administrador, llámese un supervisor, llámese personal administrativo o el área que sea (…) Al final, están para prestar un servicio de una manera correcta (…) Si alguien hace mal su trabajo, esto perjudica tu función y se le tiene que decir adiós (…) En lo que a mí respecta, he visto algunas (…) Digo yo no soy una persona afecta a las redes, si las tengo, pero por la cuestión del trabajo ni tiempo me da andarme ahí metiendo (…) Si me meto de vez en cuando y si he visto denuncias que me han reportado (…) Pero a la dirección, no ha habido ni una sola denuncia en contra de Figueiras (…) Ahí que te invitaría apoyarme, a que los perjudicados lo hagan de manera formal aquí en la dirección para que en coadyuvancia con la fiscalía, se proceda en el caso de que Figueiras resulte responsable” manifestó Capetillo Victoriano.

Lo alarmante de su declaración, es que pide que la gente presente el cuerpo del delito ante la FGE, es decir, ante el negligente Andrés de Parra. Es decir, tenemos que esperar a que Figueiras mate otro u otros ejemplares para que las dueños de estos, lo presenten ante la FGE y de ahí se “analice” –no ha podido “analizar” los miles de cientos de cuerpos ubicados en las fosas clandestinas- para proceder en contra de este señor, y “ver” si la muerte no es culpa de las condiciones de salud del animal.

Morena traiciona, Morena comparsa del prianismo

La tipificación que el pleno legislativo realizó en lo oscurito el pasado jueves, pone el absoluto precedente la cruda realidad que persiste en la entidad veracruzana, en dónde, al ciudadano se pretende castigar con encarcelamiento de seis meses a dos años por tan sólo difundir en sus redes sociales o portales un meme con imágenes o textos que “dañen” la reputación o autoestima [cuál] de una “persona” [más bien político]. Una iniciativa ambigua y que indudablemente será utilizado en contra de los periodistas veracruzanos.

Lo curioso que a esos legisladores les parece más correcto que los miembros de su partido incrustados en el gobierno [como Pepe Mancha, Julen Rementería, por citar algunos] roben sin recato y jamás serán tocados ni con el pétalo de una rosa. En el poder existen muchos Javier Duarte, que cobijados en él, roban a manos llenas sin ninguna consecuencia.

Las leyes se “ajustan” para joder al pueblo y proteger a los delincuentes de cuello blanco. En México, estamos en un país donde los asesinos [esos que están protegidos por los políticos] y los servidores públicos, pueden orquestar las más horrendas acciones en contra de la ciudadanía. Pueden despojar utilizando a la fuerza pública quienes excedidos hasta matan. Pueden robar a manos llenos [como lo hizo Javier, Fidel, Karime, Mancha, Rementería, Poo, Yunes, Mota, Deantes, Lagos, etc.], crear empresas fantasmas, participar en desaparición forzada, pueden ser legisladores o funcionarios “a modo” como María Josefina Gamboa Torales y la presidenta de la Mesa Directiva, María Elisa Manterola Sainz o Jorge Winckler Ortiz, Eva Cadena o Sheridan, quienes su negligencia rayan en la cobardía.

Ésta absurda ley es similar a la que pretendía Javier Duarte impulsar, cuando ordenó encarcelar a María de Jesús Bravo Pagola. Esa misma que tanto criticaron los panistas. Esa misma que hoy pretenden promover, pisoteando no tan sólo la libertad de expresión de los ciudadanos, sino, también, imponer cárcel a los periodistas que investiguen sus actos de corrupción y los publiquen en sus medios de comunicación. Una literal #LeyGarrote.

Lo más imperdonable, es que los de la supuesta “4ª transformación” estén resultando de quinta, al ir en comparsa y ponerse en contra de la libertad de expresión. Al violentar, pisotear y pretender instaurar una “cacería de brujas” en contra de quienes evidencien todas y cada una de sus corruptelas.

Bajo el título de acoso cibernético, los diputados avalaron imponer de seis meses a dos años de prisión y hasta cien días de trabajo a favor de la comunidad a quienes difundan por medios digitales este tipo de información (…) Los cambios al Código Penal del Estado de Veracruz es considerado por la población como una "Ley Antimemes" y es considerado como una cobardía de parte de los diputados locales sobre todo por parte del grupo legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional y por lo que no dudamos se emprendan campañas ciudadanas para abolir dicha iniciativa y que entre en vigor. Y mientras tanto, Javier Duarte con tan sólo 58 mil pesos y tres años de cárcel, logra pagar los millones y millones de pesos que desvió a sus cuentas personales.