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El comportamiento de la Delegación Regional de Veracruz de la Secretaría de Educación, liderada por Diana Santiago Huesca, ha sido objeto de críticas debido a una serie de irregularidades, violaciones y actos de corrupción que se comenten un día si y el otro también en dicha dependencia. Es evidente que esta funcionaria ha permitido y se ha rodeado de individuos poco escrupulosos para su beneficio personal, con la venia de las autoridades estatales.

Históricamente, los delegados regionales solían rodearse de un equipo de alrededor de ocho a diez personas. Personal en el que confiaban plenamente, quienes se integraban a la plantilla de base sindicalizado tanto a nivel federal como estatal.

Lo que marca una diferencia significativa, es que la actual titular, afiliada al partido político petista, ha convertido la dependencia en una suerte de agencia de empleo discrecional. Ha contratado a un considerable número de empleados mejor conocidos como personal “des-confianza” –la mujer sufre de delirio de persecución enfermiza- y a los llamados "aviadores", quienes rara vez se presentan a trabajar pero checan o firman la listas de asistencia todos los días. Y aquellos que ni a firmar van, por ejemplo, el diputado local Fernando "El Huevo" Arteaga, que cobra con la derecha y se da golpes de pecho con la izquierda.

Además de los sobornos que recibe por parte de sus "colaboradores" a quienes les mocha gran parte de su sueldo y la venta de plazas administrativas, en colaboración con el líder sindical Jorge Larrainza King y sus cómplices, la titular también se dedica a promover un clima de conflicto y violencia, adoptando una actitud similar a la del presidente de la República. Esta estrategia busca mantener a los empleados confrontados entre sí, para distraer la atención de su falta de competencia y experiencia en la gestión pública.

Como forma de agradecimiento, Diana Santiago Huesca, permite a su grupo selecto prácticas corruptas y una red de ilegalidades que comprometen la integridad del sistema de asistencia y la confianza en el cumplimiento de los deberes laborales. Los hechos sugieren una estructura de complicidad que permite a ciertos empleados eludir sus responsabilidades sin consecuencias, todo ello con la ayuda de personal de vigilancia y funcionarios de alto nivel.

El modus operandi

El individuo señalado como pieza clave en estas prácticas corruptas es Isidro, encargado de la vigilancia por parte del IPAX. Testimonios de empleados afirman que, durante la llegada de “La Doña” a la delegación, Isidro ha permitido que ciertos empleados se anoten en la lista de asistencia mucho después de su hora de llegada, e incluso ha permitido que algunos firmen en nombre de ausentes. Este sistema de favoritismo que el “Poli” como lo conocen entre el personal, se sostiene con "gratificaciones" que Isidro recibe de parte de un grupo selecto de empleados, entre las que se incluyen alimentos, dinero en efectivo y otros favores.

Funcionarios implicados

La lista de beneficiarios de este sistema corrupto incluye a Jorge Manuel Larrainza King, José Alberto Ramírez Enríquez, Higinio Lily Canales (marido aviador de la diputada federal Rosa María Hernández Espejo que trabaja en Hacienda en Soledad de Doblado), Sergio Gabriel Moreno Valerio (quién ya ni se presenta a laborar), Enrique de la O Pimentel (jefe con preparatoria trunca de Recursos Humanos), y Yolanda Zamudio, una empleada de confianza que recientemente se vio envuelta en un escándalo mayúsculo pues próxima a jubilarse, distribuyó dinero entre el lídercillo de pacotilla del SNTE sección 32 y a Diana Santiago Huesca para que le permitieran trabajar una plaza que pertenece a dicho sindicato (el cuál es una violación) para poder jubilarse con un sueldo más alto y defraudar al ISSSTE con una pensión.

Reacciones y consecuencias

Obviamente quienes no “gozan” de tanta protección de parte de Diana Santiago han expresado su indignación por estas prácticas corruptas, que no solo afectan la moral, la ética y la falta de civilidad del personal que la comete, sino que también ponen en entredicho la eficacia y equidad de la Secretaría de Educación. Las irregularidades reveladas en la Delegación Regional de Veracruz reflejan un sistema disfuncional que permite que los empleados corruptos eviten responsabilidades sin temor a represalias.

El papel del sindicato SNTE sección 32

Actualmente la base sindical despacha en dos edificios. El de Camino Real y en Negrete. En ambos espacios hay personal de vigilancia de parte del IPAX. En el de Negrete, la encargada de dicha labor fue removida, luego de que el lidercillo Larrainza y su comité de vividores, se presentaron ante ella y le solicitaron que cometiera las mismas irregularidades con las que opera “El Poli Isidro” en Camino Real y la iban a recompensar con dinero y regalillos; y al negarse, estos fueron a “llorarle” a Diana Santiago y como represalia, exigió al IPAX que la removieran de la Delegación Regional de Veracruz. Es decir “Los Godínez” privilegiados no quieren trabajar y que los hagan levantarse temprano para “trabajar”.

Este tipo de actos, denigran los valores que deben de cumplir un servidor público. El cobrar un sueldo no devengado, lastima la credibilidad y expone a los Godínez al desprecio de quienes acuden a la dependencia a realizar algún tipo de trámite y al no cumplir con su jornada laboral hacen que la gente vaya de en vano a las instalaciones. En la DRV los actos de podredumbre, el agravio al erario se ejerce entre quienes conforman la red de corrupción comandado por Diana Santiago Huesca y el lídercillo sindical, Jorge Larrainza; que se le viven operando para beneficiarse económicamente y violentando hasta sus propios agremiados.

P.D. Pisos sucios, paredes mal pintadas sin resanar y pulir, una fachada de asco, una reja vieja que da a la calle de Negrete, que según la SEV costó muy cara y ni siquiera la pintaron. Una mano de ratona o ladrona, porque el mal estado en el que se encuentra la Delegación Regional Veracruz es de burla e indigna. Por todo eso pagaron alrededor de un millón (por ser dadivosos pero creo que estoy exagerando) y el resto del presupuesto que era de seis millones de pesos, se lo robaron literal. Y así piensan cambiar a los Godínez, porque el plazo es que antes de la que la @LaDoña por fin vaya a mandar a su casa y dejé por fin descansar de su presencia violentadora a los trabajadores de la Delegción Regional de Veracruz. Dicen que ya no ven la hora de que salga por esa reja podrida.

En la colonia Campestre, ubicada en el municipio de Veracruz, se está viviendo una situación insostenible, que amenaza la seguridad y el bienestar de sus habitantes. La convivencia pacífica ha sido interrumpida por el crecimiento descontrolado de actividades industriales en una zona que debería ser residencial. Las consecuencias son claras: caos, destrucción y peligro para los vecinos, quienes no deberían tener que luchar para disfrutar de sus derechos básicos.

El problema es multifacético y cada aspecto es más alarmante que el anterior. Se trata de propietarios de bodegas, talleres, corralones de autos chocados, una gasera clandestina y hasta una recicladora, que operan ilegalmente y generan perjuicios constantes para los habitantes. La falta de regulación y control por parte de las autoridades ha permitido que estos negocios prosperen a expensas de la seguridad y la tranquilidad de los residentes.

El ingreso de nodrizas de carros chocados, tráileres de doble remolque y otros vehículos pesados en la colonia residencial es un peligro claro e inminente. Estos vehículos, que no están diseñados para transitar por áreas residenciales, causan daños a la infraestructura, como cables de electricidad, Internet y televisión por cable, sin que los dueños de estos negocios asuman ninguna responsabilidad. El resultado: apagones, interrupciones de servicios y, peor aún, riesgos para la vida de las personas.

El hecho de que estos tráileres transiten por una zona con una iglesia y una escuela primaria es especialmente preocupante. La posibilidad de accidentes fatales es alta, especialmente porque estos vehículos tienen poca visibilidad y no están diseñados para maniobrar en áreas con peatones y mascotas. Los vecinos tienen razón al estar hartos de esta situación y al exigir que las autoridades tomen medidas inmediatas.

A pesar de los intentos de diálogo por parte de los residentes, los dueños de estos establecimientos industriales parecen indiferentes a los daños y riesgos que ocasionan. Su actitud despectiva refleja una falta de responsabilidad social y ética. Sin la intervención de las autoridades, es improbable que esta situación cambie.

Las autoridades responsables deben dejar de ignorar esta problemática. No se puede permitir que la actividad industrial clandestina y peligrosa continúe poniendo en riesgo la vida y la propiedad de los habitantes de la colonia Campestre. Es necesario que se implementen medidas estrictas para garantizar la seguridad de los residentes, incluido el traslado de estos negocios a áreas industriales designadas, como la zona industrial Bruno Paiglai, donde el tránsito de tráileres no representa un peligro.

La reciente manifestación de los habitantes de la colonia Campestre fue una respuesta necesaria a la falta de acción por parte de las autoridades. Lograron recuperar el servicio eléctrico, solo para perderlo nuevamente debido a la imprudencia de otro tráiler que tiró cables de la CFE. Esto muestra cuán frágil es la situación y cuán urgente es encontrar una solución duradera.

La seguridad y el bienestar de los ciudadanos no deben sacrificarse por el beneficio económico de unos pocos. Las autoridades tienen la responsabilidad de proteger a la comunidad y deben actuar ahora para poner fin a este caos. El tiempo para excusas y complacencia ha terminado. Es hora de tomar medidas firmes para restaurar el orden y garantizar la seguridad de la colonia Campestre.

En palabras de Andrés Manuel López Obrador, cuando le preguntaron sobre una “candidata”        que se transporta en una camioneta blindada con un costo de seis millones de pesos: 

“Qué hace una candidata visitando comunidades pobres (…) Pues no va a ganar. Digo no creo que la gente la apoyen (…) Nomas darle un consejo ¿no?, a los candidatos, de que no sean presumidos, fantoches. Que es pecado social, la ostentación, la opulencia. Pecado social, habiendo tanta pobreza, imagínense alguien que presume de un carro (…) O de un avión privado, o una mansión (…) Un empresario si puede, siempre y cuando sea dinero lícito (…) ¿Pero un servidor público? ¡Cómo! Que quiere hacer dinero, el que quiere presumir lo material, pues que se dedique a otra cosa, no al servicio público” 

Sin querer mencionarla, pero este cuestionamiento que le hace una periodista al presidente en su mañanera, deja clara la posición del ejecutivo federal sobre las acusaciones que rondan en contra de la zacatecana, Rocío Nahle. 

Son siete mansiones que ya están denunciadas en su contra en la Fiscalía General de la República. Una dependencia al mando de un sujeto como Alejandro Gertz Manero, que ha utilizado su posición para meter a la cárcel hasta a su propia familia. Un hombre que nunca ha entregado buenas cuentas y por ende, la impunidad prevalece y más cuando se trata en contra de su grupo político Morena. 

Procesos abiertos, que si bien, nunca se debe dejar a un lado la presunción de inocencia de un señalado o imputado; las pruebas que se han presentado sobre las acusaciones que tanto el empresario Arturo Castagné Courtier y el candidato de la coalición Fuerza por México, José Francisco Yunes Zorrilla han presentado en contra de Rocío Nahle sobre su enriquecimiento ilícito y sus actividades delictuosas son contundentes y más que son documentos oficiales obtenidos por transparencia. 

Además ahora, ronda un video que existe un señalamiento más. Y es sobre su activa participación en el cartel del huachicol a nivel nacional. Su activa participación le dio la oportunidad de obtener gasolineras que fueron quitadas a empresarios junto con su marido, José Luis Peña Peña cancelando los contratos de concesión. Una maniobra mezquina y que le permitió utilizar estas gasolineras saqueadas para distribuir gasolina robada. Ahora entendemos por qué la mujer está comprando bienes raíces, porque no sabe como esconder tanto dinero procedente de actividades ilícitas. 

Ahora bien, según un columnista veracruzano, Mario Delgado llegó a Veracruz con un “plus ultra” en gestión política. Yo me pregunto, ¿en verdad creen que pueden revertir los actos de corrupción de la “doña”? 

Ni viniendo un erudito en política de cualquier parte del mundo, podría contener los señalamientos en contra de la zacatecana. El propio Obrador en sus declaraciones, muestra un claro distanciamiento con la mujer, pues me imagino ya no le resulta confortable poder tapar sus transas también y las de ella. Además, considera que esta no ha sido nada inteligente para poder disimular el enriquecimiento ilícito que opera a causa de lo desviado en Dos Bocas y el Huachicol. 

Veremos si tiene el valor moral de presentarse al debate oficial del OPLE que está programado a las 18:00 horas en el Museo de Antropología en la ciudad capital el 27 de abril del año en curso. Honestamente, yo no creo que se presente.