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* Onésimo Mendoza y su hijo, señalados de arrebatarles las obras a constructores

* Sin contrato, puso a disposición de empresa el expediente de entrega-recepción

* Sobrino del alcalde Amado Cruz acusa a Arturo Delgadillo pero Contraloría no lo toca 

—Primera de tres partes—

Onésimo Mendoza Flores incurrió en “faltas graves y no graves”, un caso de nepotismo y facilitar indebidamente a particulares el expediente de entrega-recepción de la Dirección General de Obras Públicas de Coatzacoalcos, sin contrato, sólo con la instrucción del titular, Arturo Delgadillo Medina, a quien la Contraloría exculpó pese a las evidencias.

También se le acusa de exprimir a constructores, arrebatarles obras obtenidas mediante licitación, pero la Contraloría evadió el señalamiento.

Mendoza Flores, quien aún se desempeña como director de Obras, fue hallado responsable de la contratación de su hijo, Víctor Manuel Mendoza Villegas, contraviniendo la Ley Orgánica del Municipio Libre, al asignarle el puesto de supervisor en la Subdirección de Construcción.

Más allá de su cargo oficial, de acuerdo con dos testimonios contenidos en el expediente DE-013-2022, Víctor Manuel Mendoza Villegas servía de contacto con constructores, establecía puntos de encuentro para dialogar con su padre, Onésimo Mendoza Flores, y en ellos les imponían las condiciones para presionar a las empresas que ya contaban con contratos, desplazarlas y ambos, los Mendoza, con sus propias compañías, realizar las obras, entregando a cambio un porcentaje del pago total.

El dictamen de la Contraloría Municipal, fechado el 13 de abril de 2023, establece que la imputación de nepotismo se acredita desde el momento en que Onésimo Mendoza tuvo conocimiento de la contratación de su hijo y lo permitió.

Sin embargo, pese a las pruebas presentadas por la Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción, la Contraloría eximió de responsabilidad al director general de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Arturo Delgadillo Medina, uno de los personajes más allegados al alcalde Amado Cruz Malpica desde que éste militara en el Partido de la Revolución Democrática.

Delgadillo Medina fue funcionario de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, durante las gestiones de Francisco Valencia, a quien el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares envió a prisión. Actualmente sigue su proceso en libertad.

SUSTITUYEN LA FICHA LABORAL

En la página 31 del dictamen, aparece la ficha laboral de Víctor Manuel Mendoza Villegas. En ella se establece que su jefe inmediato es Jorge Nelson Mortera, subdirector de Construcción. Esa ficha no es la original. Fue sustituida, presuntamente por la Dirección de Recursos Humanos del ayuntamiento de Coatzacoalcos.

El 16 de febrero de 2023, DISTRITO ROJO dio a conocer la ficha laboral original. En ella aparecía como jefe inmediato el director de Obras, Onésimo Mendoza Flores, su padre (https://distritorojo.com.mx/2023/02/16/80-dias-despues-caso-de-nepotismo-sigue-impune/).

Aún así, el titular del área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Contraloría Municipal, Jonathán Daniel Franco Rangel, determinó que sí se establece “falta grave” al haber evidencia clara de un caso de nepotismo.

“Onésimo Mendoza Flores dejó de observar las normas y los principios de ética que rigen a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal de Coatzacoalcos”, refiere el dictamen.

OBLIGAR A LOS CONTRATISTAS A CEDER SUS OBRAS

Dos testimonios refieren el modus operandi de los Mendoza para arrebatarle las obras a los constructores que las habían ganado mediante licitación o asignación, obligarlos a entregar el token bancario y permitir que los trabajos fueran realizados por compañías afines al director de Obras del ayuntamiento de Coatzacoalcos y su hijo.

Ignacio Camacho May, representante jurídico de la empresa Golca, S.A. de C.V., formuló un relato contundente. Señaló a Víctor Manuel Mendoza Villegas como el operador de su padre en el control de las obras y el desplazamiento de los contratistas.

“Los denunciados, Onésimo Mendoza Flores y Víctor Manuel Mendoza Villegas —dijo—, tuvieron comunicación directa conmigo, y el segundo de los señalados arregló una reunión el 9 de mayo de 2022, a las 2 de la tarde, en el parque que está ubicado en el bulevar Manuel Ávila Camacho número 270, colonia Centro, a la orilla del malecón, cerca de las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Coatzacoalcos, lo cual nos pareció anormal”.

En esa reunión participaron los Mendoza; el titular de Golca, Agustín González Córdova, y Camacho May.

Lo que escucharon de labios de Onésimo Mendoza, los inquietó:

“Diciéndonos que la manera que ellos proponían para trabajar era prestándoles la empresa Golca, S.A. de C.V. únicamente para contratar y que ellos ejecutarían la obra con su gente, y nos apoyarían dejándonos un porcentaje del monto de la obra, y el restante se los transferiríamos a una cuenta bancaria que él nos proporcionaría, o que también le podríamos dar el token bancario de la cuenta de la empresa para que él lo manejara directamente, lo cual nos parecieron propuestas corruptas, aparte de fuera de la realidad y más porque querían tener acceso y control de todos los fondos de la empresa a lo que nos negamos de inmediato a sus planteamientos”.

Camacho May agregó una evidencia irrefutable.

“Sustento mi dicho de la reunión con las nueve hojas de que incluyen las conversaciones que sostuve con Víctor Manuel Mendoza Villegas, vía whatsapp, con las cuales se respalda que se nos citó para la reunión que se menciona en el lugar y a la hora referida”.

Pese a la evidencia y los testimonios, la Contraloría, a cargo de Mario Pintos Guillén, quien fuera tesorero municipal en la administración del morenista Víctor Manuel Carranza Rosaldo, no sancionó.

ACCESO A PARTICULARES AL EXPEDIENTE DE ENTREGA RECEPCIÓN

Arturo Delgadillo Medina ordenó contratar a una empresa que realizara la evaluación y revisión del expediente de entrega-recepción entre la administración saliente y la actual en Obras Públicas Municipales. Lo hizo sin contrato oficial.

Su orden fue acatada por el director de Obras, Onésimo Mendoza, quien dio acceso a los documentos a la firma del arquitecto Miguel Ángel Trujillo Rosaldo, a quien el director general de Obras Públicas Municipales, Arturo Delgadillo Medina, ofreció pagarle casi un millón de pesos.

Se les adecuó un espacio para realizar el trabajo, en las instalaciones de Obras Públicas. Ahí laboró el personal de la empresa particular.

De acuerdo con el dictamen de Contraloría, Onésimo Mendoza incurrió en irregularidad al entregar documentos oficiales a particulares sin un contrato que así lo estipulara.

Onésimo Mendoza fue citado a explicar su proceder y al final el jefe de Quejas, Denuncias e Investigaciones, Jonathán Daniel Franco Rangel, catalogó la infracción como “falta no grave”.

Los testimonios de quienes revisaron los expedientes de las obras de la administración carrancista, algún prácticamente sin avance cuando Amado Cruz Malpica asumió la presidencia municipal, están soportadas con documentos y fotografías del personal laborando.

PRÁCTICAS CORRUPTAS DE DELGADILLO, REVELA SOBRINO DEL ALCALDE

Gabino García Cárdenas, sobrino del alcalde Amado Cruz Malpica, revela prácticas corruptas, dinero exigido a contratistas, presuntamente destinado a ayudar a simpatizantes morenistas de bajos recursos en colonias de Coatzacoalcos.

El dinero —refiere Gabino García— era requerido cuando Delgadillo Medina aún no llegaba a la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Amado Cruz Malpica aún era alcalde electo.

A cambio, se abría un espacio de oportunidad para las empresas empresas constructoras, obras en el ayuntamiento de Coatzacoalcos.

Las dádivas, según consta en el testimonio vertido por Gabino García en su denuncia y posterior ratificación ante la Contraloría Municipal, iban de los 70 mil a los 250 mil pesos.

“70 mil para la cirugía de una promotora de una colonia, o la cantidad de 250 mil de pesos para poder cumplir con varias solicitudes de necesidades en varias colonias, a cambio de una obra de 5 millones de pesos”, agrega Gabino García.

Pero el director de Quejas e investigación de la Contraloría, Jonathán Daniel Franco Rangel, lo desestimó. Señaló que se carecía de evidencia suficiente.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa será el que determine la sanción para Onésimo Mendoza Flores. Y la Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción llevará su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, según estima su delegado en la zona sur de Veracruz, Gabriel Rivera Cerdán.

Continuará

LO CONTRATARON PARA EVALUAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y LE DEJARON DE PAGAR UN MILLÓN DE PESOS

El gandalla está herido, y fuera de sí. Destrozado su Plan B electoral, Andrés Manuel bufa contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agita a su recua y amaga con llevar a juicio político a los ministros que lo obligan a respetar la ley.

Desquiciado, López Obrador les ha llamado mafia, que “ahora forman parte del supremo poder conservador”, que “están actuando de manera facciosa”.

Les dice pandilla de rufianes que “están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial”.

Tilda de “alteza serenísima” a los ministros Alberto Pérez Dayán y Javier Lainez Potisek, uno por haber elaborado el proyecto que determinó la inconstitucionalidad de la primera parte del Plan B y el otro porque es el encargado del proyecto para la segunda parte.

Se mofa de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, por haber recibido el premio de Derechos Humanos 2023 de Asociación Internacional de Juezas, vociferando que esos reconocimientos se pueden adquirir en la Plaza de Santo Domingo, aledaña al zócalo de la Ciudad de México. Eso es violencia político de género.

El malviviente de palacio no repara en que la plagiaria, la ministra fraude, la ratera que hurtó una tesis para obtener su título como abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, es Yasmín Esquivel, su protegida, la que sí dio el voto a favor del Plan B.

Resume: el Poder Judicial de la Federación “está podrido”.

Agrede, ataca, insulta como si hubiera perdido la razón. Ni el endemoniado de Gerasa vivía tal desenfrenó hasta que Jesús lo apaciguó lanzando los espíritus malos a la piara que terminó lanzándose a las aguas donde se extinguió el mal, según reza el episodio bíblico de San Lucas.

Cierra la pinza el súbdito mayor, Ricardo Monreal Ávila, que pasó de corchalata incómoda, el que amagó con ser el gestor de la ruptura en Morena y eventualmente candidato de la oposición en la elección presidencial, en 2024, a expresar que prefiere “ser nada” que traicionar a López Obrador.

Monreal, con ese tono de constitucionalista del que ya hasta sus amigos se ríen, salió con la zarandaja de que hay facultades en el Congreso para pedir explicaciones a los ministros sobre su actuar y eventualmente someterlos a juicio político.

Y soltó una lista de privilegios que el sistema le ha conferido a los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, en efecto, son un exceso, pero del que gozan togados como Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación de la pandilla obradorista, y el mismo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al que López Obrador le diseñó una reforma judicial con extensión de gestión como presidente de la Corte y que ante el desfase y el alud de críticas se vio obligado a decir que mejor no.

Otros senadores le han respondido a Monreal que facultades no hay y que se respete la división de poderes, y de lo del juicio político que mejor se olvide. Requiere de mayoría calificada y nunca la va a alcanzar.

El amago es un chispazo del momento demencial que vive Andrés Manuel. Y un coletazo del líder —ja— de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de República, Ricardo Monreal. Este “líder” ya sólo pastorea a Claudia Balderas, la que pidió licencia por un día desde Bruselas, Bélgica, y echó a perder el vodevil.

Es el amago con el que intentan someter a los nueve ministros por haber rechazado el bodrio electoral del mesiánico, y que por cuestión de simple lógica habrán de aplicarle la misma a la segunda parte del Plan B electoral, y de paso, al paquete de leyes aprobadas la Noche de Xicoténcatl, entre el 28 y 29 de abril, donde se inventó un quórum inexistente, no se debatió, no se realizó análisis en comisiones. Nada más mayoritearon como cuando el PRI tenía todo el poder.

Como ocurrió con las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas (primera parte del Plan B), los ministros determinarán que se violó el proceso legislativo y establecerán la inconstitucionalidad de las reformas.

Los ministros —nueve de ellos porque Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz son parte de la secta— le demostraron a López Obrador que la ley es la ley. Y si Morena y sus cómplices legislan al vapor, les volverán a tirar sus reformas tramposas. Y si quiebran el proceso legislativo, si ignoran a las minorías, si no incorporan las propuestas ciudadanas, las reformas pejistas terminarán en el basurero.

El impacto de la inconstitucionalidad del Plan B es, en el fondo, tema mayor. Con la actual legislación, ni Sheinbaum, ni Ebrard, ni Adán Augusto, ni Monreal podrán ser elegibles para la candidatura de Morena a la Presidencia, en 2024.

La constante violación a la ley por parte de las corcholatas presidenciales —Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y la cocholatita Ricardo Monreal—, todos en campaña mientras detentan cargo público o de elección popular, merece sanción.

El tema le quema las manos a López Obrador. Si las corcholatas promovieron su imagen y la de su partido —pasarelas de Morena en el Estado de México y Coahuila—, violaron la ley.

Si aparecían en espectaculares —“Es Claudia”, “Ahora es Adán”—, violaron la ley.

Si impartían conferencias —Sheinbaum en todo el país— o si presentaban libros —Ebrard en todo el país—, violaron la ley.

Si creaban sus propios foros para reclamar su derecho a participar —Monreal—, violaron la ley.

Violaron flagrantemente las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas vigentes.

Y ese es el hueso que trae atorado López Obrador. ¿Dónde? Sólo él lo sabe porque sólo él lo siente y sólo a él le incomoda.

Con la legislación actual, las cuatro corcholatas serían inelegibles para la candidatura de Morena o de cualquier partido a la Presidencia de México.

Cuando López Obrador precipitó la carrera presidencial, cuando dio la voz de arranque, luego de la elección intermedia de 2021, donde el bloque Morena perdió 13 millones de votos respecto a 2018, cuando la oposición le arrebató la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México y lo rebasó en votos, imaginó que la reforma electoral constitucional, pasaría en el Congreso. Pero no fue así. Error de cálculo. Falló.

De ahí, inventó el Plan B, un proyecto para “destazar” al instituto Nacional Electoral, como expresó a senadores el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y para solapar las campañas anticipadas, la promoción personal de las corcholatas, la promoción de Morena y los partidos aliados, el del Trabajo y el Verde Ecologista, sus cómplices.

Con el plan B, podrían realizar actos anticipados de campaña, colocar espectaculares, grabar spots, expresar abiertamente su pretensión de ser candidatos, usar el emblema de Morena. No habría riesgo de sanción.

Pero con la legislación actual, ni Sheinbaum, ni Ebrard, ni Adán Augusto, ni Monreal podrían ser candidatos. Y si se aplica la ley, pasando por el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les tendrá que negar el registro.

Y López Obrador se quedará sin sucesor a modo.

Y no podría usar la conferencia mañanera para promover a nadie, so pena de enfrentar sanciones por desvío de recursos públicos. Ni levantarle la mano a Sheinbaum, como lo ha hecho sin ningún pudor.

De ahí la rabia y la locura, el desfase, el insulto, usando improperios, llamando mafia a los ministros de la Suprema Corte, pandilla de rufianes, corruptos que “forman parte del supremo poder conservador”, que “están actuando de manera facciosa”, que “están al servicio de una minoría rapaz.

Nunca se había visto tan fuera de sus cabales a Andrés Manuel. Lo enloquece el fallo de los ministros porque el Plan B no es solo un proyecto electoral sino el único proyecto que bulle en el atribulado cerebro de López Obrador.

El Plan B es un pasaporte a la impunidad.

El Plan B era la treta para imponer al sucesor, sacándole ventaja a la oposición.

Y la Suprema Corte lo aniquiló.

Archivo muerto

Qué generoso fue Álvarez Fontán. A los Farfán les tiró un contrato por 15.4 millones de pesos, sin licitación. Hoy defenestrado, acusado de desviar recursos, de usar a la SICT como plataforma política, Ramón Álvarez Fontán tuvo además un gesto obsequioso: que los Farfán se ganaran esa millonada en sólo un mes, y bacheando. El contrato número 2022-30-CBA-143-W-00-2022, contempla el bacheo superficial intensivo en tramos aislados, relleno de deslaves y trabajos provisionales por fallas de obra de drenaje de tubos de concreto de las carreteras que van de Coatzacoalcos a los límites con Oaxaca, de Santiago Tuxtla a Acayucan, y de Paso del Toro a Acayucan. El monto fue de 15 millones 445 mil 669.70 pesos. De acuerdo con el contrato, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aceptó “la cotización” presentada por la empresa KMP Enlaces, S.A. de C.V., cuyo representante es Narciso Farfán Mun, ex dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Coatzacoalcos. El plazo de ejecución fue de un mes, del 1 al 30 de octubre de 2022, y no tuvieron que presentar garantía de cumplimiento por tratarse de obras de emergencia derivadas de los daños provocados por las lluvias en 19 municipios de Veracruz; sólo se les requirió la fianza de defectos y vicios ocultos. Quien mantenía el contacto con Álvarez Fontán era Jacobo Farfán, hijo de Narciso Farfán, desde su cargo de líder de la CMIC Coatzacoalcos. Al final, terminaron exprimiéndole todo el jugo que pudieron a la SICT. Los privilegios de la 4T… ¿De quién son las ocurrencias de andar dándole toque futbolístico al incipiente esfuerzo de Adán Augusto López Hernández por ser corcholata de la sucesión? ¿De Sergio Gutiérrez Luna, el diputado federal que a todo le tira y a nada le pega? ¿De Miguel Ángel Luna Modesto, su jefe de prensa que en año y medio no ha logrado confeccionarle una imagen medianamente aceptable? ¿De Emigdio Enríquez Merlín, contratista ligado a Tony Macías, el ex suegro del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, actualmente en prisión? De todos, el que enloquece por el futbol y por algunos futbolistas —Kikín Fonseca, por ejemplo— es Miyo Enríquez. Y justo cuando se insertó en la aventura de apoyar a Gutierritos Luna, fue cuando éste apareció haciendo desfiguros con un balón de futbol en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, o cuando tres estrellas del futbol declararon estar muy “Augusto”, en alusión a Adán Augusto, el secretario de Gobernación del que se sabe, prefiere el beisbol, como su patrón, Andrés Manuel López Obrador. Alguien le dio cuerda a los aspirantes a corcholatas, entre ellos Sergio Gutiérrez Luna, y el experimento político-futbolero terminó siendo un desastre de imagen pública y de violación a la legislación electoral… De Frente, un nuevo proyecto periodístico de Jorge Luis Torres Marcos. Se transmite en tiempo real los jueves por la noche en su fan page de Facebook. Su primer invitado, el teniente coronel retirado, Carlos Cruz Orozco, ex candidato a diputado local y hoy al frente de Movimiento Ciudadano en Minatitlán. Sus orígenes, su vida, su formación, su visión para la petrolera ciudad, un cúmulo de anécdotas, los sinsabores y las alegrías. Ante todo, un hombre de bien. De Frente será, sin duda, una pasarela de figuras públicas. Un proyecto de alcances mayores, sustentado en la experiencia de Jorge Luis Torres Marcos, con quienes tuvimos la muy grata experiencia de realizar Al Día en 2018, año de elección presidencial…

No se sacia Eric Cisneros con encarcelar inocentes, ni con tener la sombra del narco encima, ni siendo un objetivo de la DEA por cobijar al sobrino de Caro Quintero, ni profiriendo amenazas. Ahora ataca la libertad de expresión.

Al Torquemada de Otatitlán le basta un Ople servil y tribunales electorales lacayos para intentar la mordaza, silenciar periodistas, obligar a bajar notas de portales digitales y borrar el rastro de su agresión política a la diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán.

A Bola 8 le cumplió el capricho el Órgano Público Local Electoral de Veracruz, arremetiendo contra 11 portales noticiosos e instándolos a ocultar, bajar o enviar a la papelera la información que da santo y seña de la violencia política de género contra la legisladora.

O sea, borrar la historia. O sea, extinguir un trozo de la realidad. O sea, eliminar lo que dijo. O sea, no dejar ni una letra, ni una frase, ni una evidencia de la descalificación que el secretario de Gobierno de Veracruz hizo de Ruth Callejas de quien expresó que está en el Congreso estatal por una decisión del Ople, por haber excluido a un hombre y darle la diputación a una mujer.

Y el Ople dictó medidas y los medios debieron bajar de sus portales el affaire Bola 8-Ruth Callejas. Se fraguó una mordaza y la mordaza se echó a andar.

Deslenguado —y descerebrado—, Eric Patrocinio Cisneros Burgos suele meterse en terrenos pantanosos por su adicción a hablar sin pensar.

Así ocurrió el 29 de noviembre de 2022. Acudió a la glosa del informe de gobierno. Daría explicaciones y abundaría en detalles de lo relativo a su área, la Secretaría de Gobierno, la política interior, la relación con los municipios, el trato con los partidos políticos, la estabilidad de Veracruz.

Ruth Callejas tomó el micrófono, abordó un tema, lanzó un dardo y lo pescó.

¿Qué acciones se han tomado para prevenir la violencia contra la mujer? ¿Por qué no hay una política pública efectiva? ¿Por qué Veracruz ocupa el tercer lugar nacional en feminicidio? ¿Por qué cuatro años después del inicio del gobierno morenista no se ha lanzado la convocatoria para designar a la titular del Instituto Veracruzano de la Mujer?

Y Bola 8 se engalló.

“Afortunadamente el Ople le corrigió la nota a su partido —le dijo— y dejó fuera a un hombre para que usted fuera diputada. Qué bueno”, apuntó Eric Cisneros. Y se escucharon los aplausos. Y se cimbró el Congreso. El graderío con recua morenista hacía su labor.

Nadie entre esa runfla infame reparó en que Boa 8 se había dado un tiro en el pie. Y que ahí, en la tribuna más alta de Veracruz, se esfumaban los sueños, los delirios, el desvarío del trastornado de palacio. Nadie reparó en ello, pero Ruth Callejas sí.

Lo llevó ante la justicia. Lo metió en la dinámica de la violencia política de género. Lo puso contra las cuerdas. Lo azotó contra el piso. Lo tomó al vuelo y le cerró el hocico. Le quitó lo jijueputa con sobrada astucia y mucho talento.

Dos tribunales le desecharon su queja: el Tribunal Electoral de Veracruz, que es el parapeto del gobierno en turno, y la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también le lustra los huaraches a la pandilla infernal.

Ruth Callejas revirtió los reveses cuando trasladó su caso a la Sala Superior del Trife. Ahí trituraron la farsa del TEV y de la sala regional, que habían esgrimido que no era materia electoral sino de índole parlamentaria. Y con ello los magistrados de pacotilla se lavaban las manos.

El punto es que si la diputada de Movimiento Ciudadano acredita el exabrupto —haberle expresado que llegó al Congreso por una cuota de género, no por méritos, por la orden del Ople de dejar fuera a Adrián Ávila, ex alcalde de Boca del Río—, Cisneros Burgos quedará con sentencia firme como violentador político. Y no podrá ocupar cargo político alguno. Ni una diputación, ni la senaduría, ni un espacio en el próximo gobierno, sea federal, estatal o municipal. Ni de intendente se la podrían dar.

Entonces, con esa mente tan bruta que se carga, se le ocurrió que para evitar el castigo había que borrar las huellas. Y el Ople, que es su marioneta, ordenó a 11 medios digitales bajar la nota que registra la violencia política de género contra Ruth Callejas Roldán.

El Ople se excedió. Nadie le pidió ser el instrumento censor. La resolución de la Sala Superior del Trife únicamente instruyó a valorar nuevamente el caso. Ruth Callejas tampoco señaló que entre las medidas cautelares se estableciera el retiro de las notas de prensa que recogieron las expresiones de Cisneros Burgos en el Congreso, incurriendo en violencia política de género. Pero el Ople está para servirle a este rufián.

El mastín de Bola 8 fue el consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, presidente de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de Ople Veracruz. Determinó medidas cautelares para evitar que Cisneros Burgos persistiera en violentas políticamente a Ruth Callejas y de paso atentó contra la libertad de expresión de los portales informativos.

El Ople no es un órgano electoral; es una extensión de Bola 8 y de Cuitláhuac García Jiménez, el bailarín de congal que desgobierna Veracruz.

Su presidenta, Marisol Alicia Delgadillo Morales, igual. No se ruboriza en atropellar el principio de neutralidad y se va de cabeza cuando hay eventos de Morena.

Solía pregonar que en su gestión pondría especial énfasis en la violencia política contra la mujer. Y lo hizo. Y se excedió. Y sólo contados casos desechó.

El Ople sale a cazar. Busca demócratas; busca prensa libre; busca los exabruptos de Eric Cisneros y ordena eliminarlos de los portales informativos. El Ople busca ser la guillotina de l¡bertad de expresión.

Con Ruth Callejas, el Ople fue parcial. No garantizó sus derechos ante las expresiones cargadas de sorna del secretario de Gobierno. Debió venir la orden del Trife nacional para formular una nueva valoración. Y entonces el Ople se excedió con un ataque a la libertad de expresión.

El Ople —Marisol Delgadillo y Antar Dovarganes— exhibieron la urgencia de Bola 8 por sepultar  la frase que lo convierte en un violentar político por razón de género, sus expresiones misóginas, la derrapada que se dio eludiendo el tema del feminicidio y destacando que es diputada porque el Ople le otorgó esa condición en agravio de Adrián Ávila.

Fue a peor treta que pudieron idear: obligar a los medios a borrar notas informativas, eliminar sus palabras, no dejar ni una letra, ni una frase. Eso es represión a la libertad de expresión.

Los medios no son objetos de sanción por reproducir expresiones de terceros, contenido de denuncias, transcribir frases y opiniones, difundir audios o videos, en especial cuando los protagonistas son funcionarios o personajes públicos.

Obligarlos a bajar notas informativas de los portales es contrario al principio de libertad de pensamiento, de expresión, del ejercicio periodístico. Es atentar contra el derecho humano de la sociedad a saber. Va contra tratados internacionales que el Estado mexicano suscribió.

El nuevo Torquemada no tiene libros o periódicos que quemar. Su apuesta va a en función de acabar con todo vestigio de su violencia política de género contra Ruth Callejas Roldán por las implicaciones que en el corto plazo tendrá.

Con ese delito encima, su carrera política está muerta.

El violentador sabe que está frito.

Archivo muerto

Ese truhán al que matáis, goza de cabal salud. Es el rey del cash, el de los vituperios mañaneros, el irredento que se duele de los odios que él mismo incubó, el que espía pero llora por ser espiado. Es el mesiánico que al tercer día resucitó, no por un milagro divino sino porque su afección por Covid es de los que se atienden con un simple Paracetamol.

Un desmayo en Mérida, Yucatán, hizo alentar a sus detractores que Andrés Manuel había cruzado el umbral hacia el mundo de los muertos. Hablaron de derrame cerebral, infarto, embolia, parálisis facial. Llegaron a exigir una prueba de vida, como cuando los familiares de un secuestrado valoran si vale la pena pagar un rescate o mejor llevar flores al panteón. Y así, mil desfiguros. Y el mesiánico López Obrador, que ya se va a tierra al menor soplido, se guardaba unos días atizando desde el rincón de los rencores un escenario de caos, la sucesión anticipada, el movimiento sin pastor, Adán Augusto convertido en presidente sustituto y, por ende, descartado para la candidatura presidencial de Morena.

Y al tercer día, el muerto resucitó. Agazapado en Palacio Nacional, MALO reapareció para terminar de matar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, al que venía asediando, dejándolo sin comisionados suficientes para poder sesionar. Desde las sombras, había ordenado a Morena demoler al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), un bodrio nacido de su locuaz invención que le sirvió para extinguir el Seguro Popular y al final insertó en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que de por sí funciona mal y ahora como IMSS-Bienestar lo hará peor.

Tres días acumuló saña Andrés Manuel y volvió con los odios renovados. La Cuarta Demolición del país se fragua en la mente del reyecito de oropel, se opera entre la recua de Morena en el Congreso y le dan pa’ tras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El circo del muerto viviente sirve de diversión aunque los desvaríos le cuestan mucho a la nación… Pío es un recaudador empedernido. 

Así se haga la “vístima”, es un recaudador sin remedio. No bien llegaba el rey del cash a palacio, Pío López Obrador ya andaba con la espada desenvainada. Un día hizo presencia en Coatzacoalcos. Visitó el feudo obradorista. Tocó la puerta del ex alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Se sentó, habló y pidió, faltaba más. Si Andrés Manuel vivió de la dádiva sucia por más de 20 años y aquello se volvió modus operandi, peor tendría que ser ya con la banda presidencial sobre el pecho. Y Pío se tiró a matar. Sólo que Carranza lo bateó. Le esgrimió algo que solía repetir a quien gustaba oírlo. A él no lo impuso López Obrador; lo eligió el pueblo.

Y tan creído estaba —y está— de esa falacia, que no cesa de contar cómo mandó al carajo al célebre Pío, el recaudador. Semanas después le aclararon la mente al entonces alcalde. La entrega de cash llegaba por petición expresa de Palacio Nacional. Pero Carranza se amachó en que nada tenía que dar porque a él lo había llevado al poder el pueblo. Y comenzó el vendaval, las turbulencias, los amagos, versiones de que dejaría la alcaldía y la seguridad de que una vez concluida su gestión quedaría solo. Aún no lo suelta el Órgano de Fiscalización Superior con los 30 millones no solventados.

Y todo porque mandó al diablo a Pío, el extorsionador… Ya nadie puede salvar a Onésimo Mendoza. Contraloría municipal cerró la investigación y determinó el director de Obras Públicas de Coatzacoalcos incurrió en faltas graves, entre ellas haber dado acceso a documentos oficiales, durante la entrega-recepción, a una empresa que realizó la revisión pero no le suscribieron el contrato respectivo. En ese punto el responsable es el director general de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Arturo Delgadillo Medina, quien está señalado de haber sido quien realizó la contratación y dispuso que se le facilitara la documentación. La remoción de Onésimo Mendoza Flores es inminente. Pero el caso irá a otras instancias, máxime que Gabino García Cárdenas, familiar del alcalde Amado Cruz Malpica, realiza un señalamiento directo de exigencia de dinero a cambio de obras…

En los antros se alcoholiza, y se trafica, y hay trata, y buena parte de ellos son puntos de venta de droga, y se asesina sin piedad. Y el alcalde de Coatzacoalcos no se inmuta.

Le arrancan la vida a un mesero en El Mezcalito, en el Club Los Cocos, el 9 de abril de 2022, hace un año, metiéndole cuatro plomazos letales. Y El Mezcalito siguió operando.

Hará siete meses, en septiembre de 2022, dos jóvenes bebían, convivían, se divertían. Al salir de El Mezcalito, fueron levantados. Dos semanas después, sus cuerpos fueron hallados sepultados en un predio de la colonia Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo.

Y el clímax: varios sicarios descargan sus armas sobre un cliente que se hallaba en El Mezcalito, este 2 de abril, quitándole la vida de ocho disparos, en un escenario que ya es de muerte y violencia sin control. El Mezcalito bajó la cortina. No pudo más.

Y el alcalde, el morenista Amado Cruz Malpica, agazapado.

Al amanecer del lunes 10 de abril, Sendic Aguirre, reportero de El Liberal y Radio Hit, grababa el desenfreno en el malecón, jóvenes alcoholizados en calles, bailando en la banqueta, desfogando los últimos alientos de una noche de juerga, alcanzados por los rayos del sol.

Captó una riña sobre la banqueta del malecón. Una joven y un adulto intentaban separar a los rijosos. Dos empleadas de Limpia Pública barrían y recogían los desechos de la última noche de Semana Santa.

Sendic Aguirre concentró las tomas en la acera sur, sobre un antro, Bar Rome. Hacía paneos. Movía la lente de izquierda a derecha y viceversa. Los jóvenes posaban, reían, se mostraban empáticos.

Luego vino el ataque. Se percibe la instrucción de un sujeto que se hallaba en una de las mesas sobre la banqueta a un joven, embozado, con cubreboca, vistiendo playera negra con la leyenda Calvin Klein y gorra blanca. Se acerca y perpetra la primera agresión. Sendic no deja de grabar.

Un segundo atacante lo sorprende. Le asesta otros golpes. Y Sendic continúa realizando tomas.

Eran las 8 de la mañana. El horario permitido a los antros para brindar servicio venció a las 3 de la mañana. Cinco horas fuera de la ley. Y un dueño de antro con ínfulas de capo de mala muerte dirigiendo una agresión contra un periodista que hacía una cobertura en vivo, transmitiendo por Facebook.

Ni una patrulla de policía. Ni un inspector de alcoholes. Ni una autoridad que regulara la operación ilegal de los antros. Ni la voz del alcalde que hiciera respetar la ley.

Ahí mismo, en plena Semana Santa, frente al Bar Rome, días antes jóvenes del reino del alcohol se treparon en una patrulla de la Policía Estatal, brincaron en la batea, la bamboleaban de un lado a otro, arrojaron cerveza y licor en los cristales, y los elementos policíacos los dejaron actuar.

Pudieron lincharlos. Pudieron incendiar la unidad policíaca. Pudieron llevarse la patrulla. Los policías estuvieron en sus manos. Se vulneró la autoridad. Y no hubo reacción.

No se aplicó un código rojo. No acudió la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, las Policía Estatal y Municipal. No hubo un operativo que mandara una señal de autoridad. Se extravió el orden. Se perdió el orden. Se vulneró el orden.

Y la respuesta del alcalde Amado Cruz Malpica sacudió a la gente de bien. No pudo explicar por qué los antros violan el horario de servicio. No atinó a decir por qué se mantenían abiertos, vendiendo alcohol a las 8 de la mañana cuando que la hora límite es a las 3.

Una frase brutal: “en estos días la gente acostumbra a tomar brindis y a algunos se les pasan y también las horas”.

Cuatro días después, el 14 de abril, su eterno enemigo, el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, le clavó una daga: “el alcalde de Coatzacoalcos tiene un desorden con bares”.

El portal xalapeño Al Calor Político, le dio un toque:

“El Ayuntamiento de Coatzacoalcos debe revisar los bares pues hay mucho desorden, aseguró el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos”.

Y agregó:

“En su visita a este puerto, pidió a través de los medios a Amado Cruz Malpica que ponga orden, pues sostuvo que es fundamental que esto ya no persista”.

Y no hubo más. Fue sólo un avance noticioso. La información completa se daría más adelante pero no ocurrió. Sólo dos párrafos y ya. Al Calor Político acalambró al presidente municipal de Coatzacoalcos.

Hubo una segunda estocada, pero mesurada. La dio Cuitláhuac García, desgobernador de Veracruz, el martes 18:

“No es que haya sido contra el alcalde de Coatzacoalcos, pero pedimos que se regularicen los lugares de venta de bebidas alcohólicas, en horario, forma de venta, en los permisos que se tienen. No es una cosa sencilla”.

Son mil bares en Coatzacoalcos y, dice el gober bailarín, “ahora falta por revisar más de 800”.

Y en esos sitios, los bares, los giros negros, ocurre la mayoría de los homicidios, dijo Cuitláhuac.

Un año cuatro meses después, no hay “orden” en los mil bares de Coatzacoalcos. Luego de 16 meses de haber jurado cumplir y hacer cumplir la ley, la Constitución, las normas, Amado Cruz Malpica no tiene “orden” sobre los giros negros.

¿Qué rol juegan los inspectores de alcoholes? ¿Dejan operar fuera del horario límite de las 3 de la mañana? ¿A cambio de qué? ¿Y sus superiores, la tesorera Grace del Carmen Mendoza Chesty, que no ata ni desata, y el director de Ingresos, Jorge Yunis Manzanares, compadre de Amado, que antes fue subprocurador en la zona sur y señalado en una investigación de la entonces SIEDO —averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/528/2009— de recibir trato privilegiado de Braulio Arellano Domínguez, alias Gonzo, líder zeta, en el bar Extravagance? ¿Quién pacta con los giros negros?

No había un solo policía en el perímetro del Bar Rome. De los 350 elementos destinados a vigilar en el operativo de Semana Santa, ni uno solo en la zona del malecón donde corría el alcohol a las 8 de la mañana.

Al director de la Policía Municipal, Luis Enrique Barrios Ríos, no se le conocen dotes eficientes. Tiene un negro historial. En el duartismo se vio involucrado en el operativo Coatzacoalcos Seguro que arrojó 30 jóvenes desaparecidos en una sola jornada, de los cuales nunca se volvió a saber.

Amado Cruz y su antecesor, Victor Manuel Carranza Rosaldo, adolecen de lo mismo: los giros negros. Ven que el alcohol corre, se violan horarios de servicio, se trafica, hay trata y los capos gozan de impunidad. Son los giros negros y el desorden es total.

Amado y Carranza, cada uno con su respectivo descontrol. Carranza, ligado a la tragedia del Caballo Blanco, con saldo de 31 muertos asfixiados por un incendio provocado por manos criminales, pero, sobre todo, porque operaba con las salidas bloqueadas. Amado, porque el responsable de realizar las inspecciones de seguridad, David Esponda, fue confirmado como director de Protección Civil. ¿Dónde está el récord de inspecciones en ese teiboldans?

El crimen organizado y hasta el desorganizado lanza bombas molotov contra patrullas de policía. Son rafagueadas las fachadas de negocios y casas de comerciantes. La extorsión no tiene freno. Es el desorden total.

Y Eric Cisneros, con su habitual inquina y ganas de joder, escupe sobre Amado Cruz. “El Ayuntamiento de Coatzacoalcos —dice— debe revisar los bares pues hay mucho desorden”.

Es ácido en la herida. Cisneros sabe que alguien permite el desorden, se beneficia del desorden.

Todo seguirá igual. Al alcalde le pesa actuar. Le falta decisión. No le obedecen ni en casa. Las comadres ya se hartaron. Y los grupos morenistas saben que gobierna sin gobernar.

Así el desorden en los mil bares y su cuota de sangre, los levantones, los ejecutados y el periodista golpeado.

Archivo muerto

Viaja por el mundo el general secretario y hasta a la consuegra se lleva. Viajan con Cresencio Sandoval Hernández, secretario de la Defensa Nacional, su esposa, hijo, hija, yerno, consuegra, secretario particular y la hija de éste, y un séquito de por lo menos 20 ayudantes. Todos a Nueva York con cargo al erario. Y va a Italia —Roma, Florencia—. Y a Rusia donde hasta hay reparto de dinero en sobres. Todo un general fifí en tiempos de la austeridad republicana que tanto pregona Andrés Manuel López Obrador. La farsa es demencial. Los privilegios del general secretario, familia integrada.

Los lujos de José Ramón, el hijo mayor del presidente, y su esposa Carolyn Adams, hijos, nanas, choferes. Pero hay que oír bufar al mesiánico contra sus enemigos porque se estaban comiendo a la nación, engordando la billetera o la cuenta en bancos. Y sí, así era y es. Ladrones los del PRIAN y ladrón Andrés Manuel y su corte… Nuevo episodio de la esclavitud sindical de Gersaín Hidalgo Cruz. Horas antes de la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo, por las oficinas del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Coatzacoalcos —antes SUEM— desfilaba lo más granado del gremio, los de contrato, los fijos y de base “a recibir instrucciones”.

Acudían a las oficinas del SUEM en la colonia Petrolera a cuadrarse ante el líder. “Pero del quinquenio que prometió para estas fechas, nada dice. Ya no se acuerda o ya lo negocio con su amo Amado”, refiere un trabajador que pidió el anonimato. O sea que con empleados sindicalizados, no militantes de Morena, no simpatizantes de Morena, le metieron algo de público a la desinflada conferencia magistral —no se rían— de la corcholata Sheinbaum. Si  no fuera por estos episodios de esclavitud sindical, Amado y las diputadas Eusebia Cortés y Tania Cruz, y las miniregidoras y miniregidores de la cuadra de Rocío Nahle García habrían quedado peor…  

Odebrecht-Braskem fue la joya de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En los días del PRIAN en el poder, Pemex Refinación —hoy Pemex Transformación Industrial— otorgó a Odebrecht contratos por 8 mil 547 millones 278.49 pesos. La firma brasileña consentida de Luiz Inacio “Lula” da Silva, entonces presidente del gigante del sur, luego encarcelado y hoy de nuevo en el poder, tenía vara alta con el panista Felipe Calderón. A Braskem, su filial para operar los proyectos petroquímicos, le correspondieron 28 concesiones con la Comisión Reguladora de Energía, Semarnat, Comisión Nacional del Agua, un contrato con Comesa y asociada con la mexicana Idesa construyó Etileno XXI, en terrenos de Nanchital, colindantes con Coatzacoalcos. Privilegios del PRIAN que se cuentan en miles de millones de pesos.

Y aún así les tiempo para trampear. Odebrecht implicada en el escándalo mundial de sobornos que llevó a la cárcel a su presidente y propietario, Marcelo Odebrecht, y Braskem, con sus líos legales en Nanchital por andar falseando información sobre el área en que construirían la planta para evadir pagos al fisco municipal. Braskem fue demandada por 2 mil millones de pesos. Y en Coatzacoalcos quiso repetir la treta cuando el ayuntamiento de Coatzacoalcos le fijó el pago de permisos para construir la Terminal Química Puerto México en casi 100 millones de pesos… 

Allá, en su nube, Raymundo Pedro Morales Ángeles sigue echando a perder el Corredor Interoceánico. Desde allá no aterriza nada. El Corredor Interoceánico Coatzacoalcos-Salina Cruz no termina de resolver el conflicto de tierras; reprimen a pobladores que reclaman precio justo por sus afectaciones; constructoras rebasan los tiempos marcados en los contratos para rehabilitar vías de ferrocarril, y el vicealmirante ignora a empresarios que desean invertir.

La última queja es de la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Esperanza Ortega Azar. Tienen todo para desarrollar y el vicealmirante los ignora. Como si el fantasma de Rafael Marín Mollinedo rondara el cuartel de mando del Corredor. Si Marín Mollinedo le causó un daño mayor al proyecto y el presidente López Obrador lo solapó, Morales Ángeles lo termina de sepultar…