El fundador y dirigente del Congreso Nacional Ciudadano (CONACI), Gilberto Lozano González dio a conocer que se ha presentado ocho mil amparos en diversos estados de la República contra la recién aprobada Ley de Seguridad Interior que, a decir de sus detractores, permite al Ejército actuar con impunidad y sin restricciones.
Señaló que después de que la mencionada Ley de Seguridad Interior fuera promulgada el pasado 21 de diciembre por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, los integrantes del Congreso emprendieron una campaña para que la población manifieste su inconformidad por la vía legal, mediante la tramitación de recursos ante la justicia federal.
Entre las inconsistencias y ambigüedades que encuentran a la legislación aprobada y que buscan revertir, está el que ahora el Ejército no está obligado a rendir cuentas en procesos de intervención policiaca, ni especifica bajo qué fuero serán procesadas las personas que capturen.
Los militares pueden intervenir legalmente todas las comunicaciones ante una simple sospecha unilateral de acto de subversión y tienen la facultad de catear domicilios sin orden de un juez, por lo que ahora podrían ingresar arbitrariamente en cualquier casa por su simple voluntad, según la queja de la Conaci.
Dijo la cantidad de amparos que han sido presentados, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá atraer el caso para determinar si es realmente constitucional esta ley con la que, de acuerdo con el gobierno federal, se pretende regular la actuación de las Fuerzas Armadas.
“Estamos invitando a toda la población a ampararse, sabiendo que así el asunto será atraído por la Suprema Corte que, eventualmente, va a dictaminar la inconstitucionalidad de la Ley. El mismo Peña Nieto dijo que antes de aplicar la Ley esperaría un pronunciamiento de la Corte. Él está enterado que el asunto no está sencillo y da el beneficio de la duda a las impugnaciones”, dijo.
Señaló que a finales de año pasado, el Conaci emprendió una campaña de presión entre diputados y senadores que resultó infructuosa, pues los legisladores desoyeron el reclamo ciudadano sobre los potenciales atropellos que implica la nueva legislación.
A partir del 2 de enero emprendieron la interposición de los amparos para evitar que esta ley “pisotee” los artículos 21, 29 y 129 constitucionales, que se refieren a la actuación del Ejército en tiempos de paz.
