El coordinador de la bancada PT-Morena en el Senado, Manuel Bartlett señaló que los decretos del pasado 6 de junio del presidente de México, Enrique Peña Nieto para levantar la “veda” en casi 300 de las cuencas hidrológicas del país “privatizan y abren la puerta a serios conflictos sociales por el agua”.
Manuel Bartlett presentó 10 puntos para argumentar por qué los decretos generarían “serios conflictos sociales”.
En primer lugar, señaló que esta supresión de las vedas “trasciende este sexenio y tendrá impactos económicos y sociales en los próximos gobiernos, tanto a nivel federal como estatal”. Se trata, dijo, de un “albazo político y jurídico”.
Mencionó que el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a revocarlos porque se trata de “madruguetes jurídicos” inaceptables por su opacidad y ausencia de legitimidad.
“Los decretos no están fundados y motivados exhaustivamente y no dejan en claro cuál es el propósito (…) Para beneficiar a empresas trasnacionales que explotan el agua”.
Indicó que entre las deficiencias jurídicas de estos decretos, ubicó las siguientes: no se fundamentaron en el párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución que reconoce el derecho humano del agua y prohíbe la mercantilización de ese recurso; no se fundamenta en el artículo 2 de la Constitución apartado A fracción VI que “reconoce el derecho prioritario de los pueblos originarios al uso y disfrute de los recursos naturales que conforman su hábitat”.
Además tampoco se fundamentó en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no se realizó consulta alguna a los pueblos originarios y tampoco se tomó en cuenta la Observación General número 15 de la ONU sobre el derecho humano al agua ni los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
