Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado, aseveró que el nombramiento del fiscal anticorrupción y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, será como dispone la Constitución.
“En el caso del Fiscal Anticorrupción, he visto las declaraciones de varios actores políticos que dicen que el Gobernador no nombre Fiscal Anticorrupción; son absolutamente ignorantes (…) Llama la atención cómo personas que debieran tener un nivel de conocimiento mínimo de la Constitución, de las leyes, no tienen ni la menor idea y simplemente salen a decir: el Gobernador no debe nombrar Fiscal Anticorrupción”.
Yunes Linares, aseguró que él no lo nombra, ya que, la Constitución determina que el Fiscal Anticorrupción lo nombra el Congreso del Estado de Veracruz.
“Ni siquiera propongo Fiscal Anticorrupción; la convocatoria a las personas que quisieron ser o que quieren ser fiscales Anticorrupción la hizo el propio Congreso del Estado, desde el mes de enero de este año”.
Dijo que será el Congreso el que determine, a partir de una terna que ellos mismos van a señalar, quién será el fiscal Anticorrupción.
“Yo le pediría a estos ignorantes, que salen a opinar nada más, sin tener la menor idea, que lean la Constitución, que se preparen; Veracruz requiere gente preparada, gente que tenga el mínimo conocimiento”.
Aseguró que no le interesa nombra fiscal Anticorrupción, “No tengo la menor preocupación al respecto. He sido un promotor del combate a la corrupción en Veracruz y ustedes lo saben perfectamente bien”.
Sobre los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, señaló que el presidente del Tribunal me ha insistido, por escrito, por oficio, para que ejerza mi facultad de proponerle al Congreso, ahí sí, el nombre de personas, su currículum, sus antecedentes, para desempeñarse como magistrados del Tribunal Superior.
“¿Por qué razón?, porque hay 12 vacantes en el Tribunal, personas que ya se han jubilado o que están a punto de retirarse, y el Tribunal viene acumulando un rezago de expedientes importante, violentando la norma constitucional que señala que la justicia debe ser pronta y expedita”.
