De acuerdo a una publicación de Crisis Group, titulada ‘Construcción de paz en México: los dilemas de seguridad que enfrenta el gobierno de López Obrador’, señala que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador hereda niveles históricos de violencia criminal, conflictos locales insolubles y una colusión profundamente arraigada entre el estado y el crimen organizado.
Indica que Andrés Manuel López Obrador, promete construir la paz mediante la legalización de las drogas, amnistías, comisiones de la verdad y justicia transicional.
“Su plataforma ofrece un cambio de rumbo que podría reducir la violencia, pero carece de detalles y enfrenta obstáculos que van desde las represalias de los jefes del crimen organizado contra los jóvenes que quieran abandonar la delincuencia a la potencial resistencia de las fuerzas de seguridad”.
Sin embargo, el nuevo gobierno tendría que priorizar las reformas clave, buscar la justicia en casos emblemáticos de participación del estado en atrocidades, desarrollar la capacidad de la policía civil para que la fuerza pueda reclamar su papel a los militares; y empoderar y solicitar la participación de las víctimas en las comisiones de la verdad para fomentar la legitimidad del asesoramiento de dichas comisiones en la construcción de la paz a nivel local.
Resumen ejecutivo: El atractivo del cambio radical dio a Andrés Manuel López Obrador, líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional, una abrumadora victoria en las elecciones presidenciales de México celebradas el 1 de julio de 2018. Una vez que asuma el cargo el 1 de diciembre, promete poner fin a los doce años de conflicto letal vinculado al crimen organizado, en el transcurso de los cuales unas 120.000 personas han muerto y 37.000 han desaparecido. Promete sustituir el enfoque de seguridad de mano dura, liderado por los militares, por reformas que apuntan a establecer las condiciones necesarias para la paz civil. Desea promover el crecimiento económico equitativo, junto con amnistías para los delincuentes no violentos, a fin de llegar a la raíz del reclutamiento por parte del crimen organizado. Promete reparar a las víctimas y poner fin a la corrupción dando ejemplo de austeridad desde la cima del Estado. Todas estas son metas loables, pero el nuevo presidente de México debería proceder con cautela para evitar que su ambiciosa agenda provoque una reacción adversa. Debería reducir las expectativas y hacer hincapié en las reformas clave, en especial los esfuerzos para eliminar la colusión policial con el crimen, empoderar a las comisiones de la verdad para que propongan políticas de construcción de la paz, obligar a rendir cuentas a los responsables de crímenes de Estado de alto perfil cometidos en el pasado y disuadir futuros abusos.
López Obrador ha generado tales esperanzas de rápidos resultados que la confianza del público en las instituciones del Estado podría caer en picada si no logra cumplir sus promesas. Sin embargo, ni él ni su equipo han elaborado sus propuestas en detalle. No hay una salida fácil de la crisis de seguridad de México. En 2017, la tasa de homicidios de México alcanzó su máximo de los últimos veinte años; 2018 va camino de ser aún más letal, mientras que el 95 por ciento de los asesinatos quedan impunes. Detrás de las desalentadoras estadísticas yacen una serie de conflictos criminales fragmentados que desafían a las autoridades locales con sus características locales y su resistencia a la represión.
Debido a esto recomienzan al próximo gobierno: establecer comisiones de la verdad, lideradas y definidas por ciudadanos y apoyadas por expertos en seguridad pública, a fin de proporcionar una plataforma para una mayor comprensión de la inseguridad local y una conversación abierta sobre las soluciones pertinentes. Proporcionar a las comisiones financiamiento adecuado, apoyo logístico, seguridad y libre acceso a funcionarios y documentos del Estado cuando sea necesario. Comenzar por establecer comisiones de la verdad en un número limitado de regiones afectadas por el conflicto, como partes de Guerrero, Michoacán y Veracruz; posteriormente ajustar y replicar en otras áreas asoladas por elevados niveles de violencia, reexaminar la exclusión categórica de los criminales violentos, incluidos los miembros de alto y medio rango del crimen organizado, de políticas de construcción de la paz como las amnistías parciales. Contemplar la reducción de las sentencias y otros beneficios judiciales para estos criminales, pero solo si así lo aconsejan las comisiones de la verdad y a cambio de su plena colaboración con el sistema judicial y la reparación de las víctimas, a fin de mitigar las interferencias violentas que, de lo contrario, es probable que surjan.
Además: acompañar los esfuerzos de construcción de la paz de las comisiones de la verdad con programas de empleo y educación que brinden alternativas al crimen organizado y un camino para la desmovilización de los miembros de bandas, financiar y apoyar a los colectivos de víctimas en la búsqueda de personas desaparecidas e identificación de cuerpos. Garantizar el acceso de los colectivos como querellantes en investigaciones judiciales a documentos estatales internos, proponer al Congreso la derogación de la Ley de Seguridad Interior, investigar y llevar ante la justicia a cualquier fuerza del Estado involucrada en casos emblemáticos de asesinato y desaparición de civiles, como la desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014, para demostrar el compromiso de brindar justicia a las víctimas y restablecer la fe en las instituciones de seguridad.
Así como: introducir gradualmente sólidos mecanismos de supervisión independientes, como defensores del pueblo civiles con facultades disciplinarias, para poner freno a cualquier violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, garantizando a la vez que cualquier participación de las fuerzas armadas en futuros abusos esté sujeta a la justicia civil, comprometerse a restaurar paulatinamente a las fuerzas policiales como las únicas proveedoras de seguridad pública. Desmantelar cualquier estructura de mando policial que esté involucrada en la coacción de subalternos o en la delincuencia mediante la introducción de organismos de supervisión externos independientes con facultades disciplinarias y de investigación y acceso a documentos internos, con el fin de garantizar el bienestar de los oficiales y sus derechos básicos frente a los abusos por parte de sus comandantes. Proporcionar, cuando sea necesario, protección de testigos y apoyo financiero a los oficiales que estén dispuestos a denunciar abusos y corrupción. Mejorar las condiciones laborales en general aumentando los salarios y brindando prestaciones sociales adecuadas. Establecer el requisito de que todos los oficiales de policía, incluida la policía local, reciban formación en el sistema nacional de academias y comprometerse con la independencia fiscal absteniéndose de influir en el nombramiento del próximo fiscal general de la República. En su lugar, invitar a la sociedad civil y expertos judiciales a elaborar una lista de candidatos para que elija el Congreso. Fortalecer la capacidad de las fiscalías estatales para resolver las desapariciones invirtiendo en servicios forenses políticamente independientes.
