El 12 de octubre de 2016, a 48 días de que concluyera su mandato, Javier Duarte solicitó licencia a su cargo como gobernador de Veracruz. Había dicho que no lo haría, pero huyó del estado en un helicóptero, en medio de acusaciones por múltiples actos de corrupción y por haber saqueado las arcas del gobierno estatal.
Para desgracia de los veracruzanos, el desfalco al erario no acabó ahí.
Al año siguiente, los presidentes municipales, que desde 2014 coincidieron con Duarte en el poder, vivieron el último año en sus cargos trianuales, y de acuerdo con auditorias del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), la mayoría de ellos presuntamente también estafó y desvió millonarios recursos.
En 2017, que fue año de comicios municipales, 153 de los 212 alcaldes que concluyeron su gestión cometieron tal cantidad de anomalías con el dinero de sus presupuestos, que hoy están obligados a explicar dónde quedaron más de mil 102 millones de pesos de recursos públicos estatales.
Varios ayuntamientos permanecen con escasísimos fondos. Los nuevos presidentes municipales han encontrado, durante este 2018, incontables anomalías financieras
No es algo nuevo en Veracruz. Al parecer hay un patrón de irregularidades en la entidad, tanto a escala estatal como municipal: entre 2007 y 2017, el Orfis ha presentado 158 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado contra alcaldes, funcionarios y ex funcionarios — estatales y municipales— que resulten responsables por un presunto daño al erario, calculado a septiembre de 2018, por más de 33 mil 21 millones de pesos de recursos del estado, sin contar perjuicios a fondos federales.
En cuanto a la gestión 2014-2017 ningún partido salió limpio: de los 153 alcaldes señalados, 71 son de PRI, 29 de PAN, 22 de PRD, 12 de Alternativa Veracruzana, 12 de Movimiento Ciudadano, 4 de PT y 3 del todavía existente en Veracruz Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Esa cifra de presuntos quebrantos municipales —los mil 102 millones— equivale a 25 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud del gobierno federal para su programa de atención a personas con discapacidad.
Se presume que ese dinero se desvió de las arcas a través del pago de sobrecostos en obras públicas o proyectos que no se ejecutaron o concluyeron, pagos sin comprobantes o con recibos falsos, o simplemente dejar de pagar a proveedores e incluso a autoridades de gobierno para usar el dinero con otros fines (es decir, desviar recursos), según las observaciones hechas por el Orfis en su Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2017, dado a conocer el pasado 1 de octubre.
También se presume que parte de ese dinero pudo haber sido mal utilizado para pagar adquisiciones de bienes y servicios que fueron contratados de manera irregular, fundamentalmente sin licitaciones de por medio.
Igualmente hay indicios, en otros casos, de que los recursos pudieron haber salido de las arcas municipales sin dejar un respaldo documental que explique en qué se utilizaron. Esto es, que algunos alcaldes simplemente desaparecieron el dinero sin dejar rastro alguno.
Aunque por ley los ex ediles y ex funcionarios todavía tienen oportunidad de solventar dichas observaciones y presentar documentación que justifique el uso de esos recursos o devolver el dinero, nunca antes los alcaldes de Veracruz habían tenido que aclarar el destino de tanto dinero público.
El único antecedente similar fue el de la Cuenta Pública de 2009, cuando se determinó un monto inicial por aclarar de mil 89 millones de pesos en 151 municipios.
En esta ocasión se abren varios periodos de aclaraciones. El primero vence a finales de octubre.
Daño histórico
De acuerdo con los datos del Orfis, se trata de una cifra histórica de presunto daño patrimonial a escala municipal por solventar, en una entidad en la que cada ayuntamiento recibe un promedio de 101 millones de pesos de aportaciones anuales desde el gobierno del estado, según el presupuesto aprobado para 2018.
Para dimensionar el presunto uso indebido de recursos, los mil 102 millones de pesos equivalen a poco más del doble del presupuesto federal de 2018 del programa 3x1 para Migrantes, o del de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, de la Secretaría de Salud.
La cantidad es cinco veces superior al presupuesto que tiene la Secretaría de la Función Pública en 2018 para inhibir y sancionar prácticas de corrupción.
Parece que hubo un patrón en estos alcaldes contemporáneos de Duarte: tan solo de 2016 a 2017, la cifra de presunto daño presupuestal se elevó 53 por ciento.
Patrón de desfalcos
El probable saqueo de las arcas municipales en el último año de los alcaldes duartistas y no duartistas no es nuevo. Es solo la cereza del pastel.
Se trata del resultado de un proceso de desfalco progresivo que han protagonizado los municipios de la entidad, de manera paralela a los saqueos de las instituciones estatales de los últimos años, y que ha logrado ser documentado desde 2007 por el Orfis en las revisiones a las cuentas públicas.
De las 158 denuncias penales que ha presentado el Orfis entre 2007 y 2017 ante la Fiscalía General del Estado contra funcionarios y ex funcionarios veracruzanos por el presunto desvío de más de 33 mil 21 millones de pesos, 63 por ciento (100 casos) son desfalcos a arcas municipales por un daño probable de más de 843 millones de pesos. El resto, por saqueos en dependencias del gobierno del estado, pues solo a partir de 2015 se comenzaron a presentar denuncias por casos de presuntos desvíos en instituciones del gobierno estatal.
Es el caso de la cifra señalada en 2009, de mil 89 millones de pesos. En esa ocasión, los funcionarios responsables lograron solventar gran parte de las irregularidades, pero aun así, el Orfis presentó 33 denuncias penales por un posible desfalco de 252 millones 492 mil pesos, el monto más alto hasta ahora, solo en municipios, de los que nunca se demostró su aplicación o devolución.
En contraste, llama la atención lo que ocurrió en la Cuenta Pública 2014, año de comienzo de administraciones municipales: el Orfis detectó en su primera revisión un probable desfalco por más de 116 millones de pesos en 46 municipios; sin embargo, en el periodo de solventación, los funcionarios municipales aclararon hasta el último peso señalado. Para el Orfis, ese año no existió ningún daño patrimonial y por lo tanto no presentó ni una sola denuncia penal.
Coatzacoalcos, en la cima
En el informe de la Cuenta Pública 2017, el municipio de Coatzacoalcos (entonces gobernado por Joaquín Caballero Rosiñol, del PRI) encabeza la lista, al presumirse un daño patrimonial de 142 millones 277 mil 111 pesos por donativos sin soporte documental, bienes y vehículos que se compraron y no se sumaron al inventario municipal, contrataciones sin documentación que las respalde, obras sin entregar o mal hechas, anticipos a contratistas por obras que no se hicieron y bajas de bienes sin justificación.
Además dejó una amplia lista de deudas a proveedores y de pensiones no pagadas a ex trabajadores.
Le siguen Acayucan (entonces gobernado por Marco Antonio Martínez Amador, de Alternativa Veracruzana), con 66 millones 200 mil 371 pesos; San Andrés Tuxtla (por Manuel Rosendo Pelayo, de PRI), con 56 millones 397 mil 250 pesos, y Emiliano Zapata (por Daniel Olmos García, de PRD) con 50 millones 294 mil 80 pesos, como los municipios con un mayor monto de probable daño.
En 2017, Cosamaloapan no apareció en la lista de municipios con presunto daño patrimonial, porque, al dejar el cargo, la ahora ex alcaldesa Adriana Maass y su equipo aparentemente destruyeron o hurtaron la documentación de su administración y no participaron en el proceso de entrega-recepción del ayuntamiento a su sucesor.
En ese municipio de 60 mil habitantes los desfalcos tienen historia. En 2015 y 2016, el Orfis presentó denuncias penales contra ex funcionarios de ese ayuntamiento por posibles saqueos de más de 5 millones y de casi 89 millones de pesos, respectivamente.
En tanto, el municipio de San Andrés Tuxtla también destaca por reincidir. En 2017 ocupó el tercer lugar de la lista con el presunto daño patrimonial más alto de la Cuenta Pública, con más de 56 millones de pesos, pero ya existe una denuncia penal desde la Cuenta Pública del 2016 por un presunto desfalco de más de 16 millones 664 mil pesos.
