Este martes, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue los “ataques generalizados y concretos” perpetrados contra los periodistas en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, durante los cuales 102 periodistas fueron asesinados y 14 sufrieron desaparición forzada.
El secretario general de la organización, Christophe Deloire, señaló la “pasividad culpable” y la “abstención deliberada” del estado mexicano para detener la violencia contra los periodistas, pero esta demanda ante la Corte Penal Internacional “no es una medida hostil hacia México, todo lo contrario”.
El francés viajó hoy a México, en donde tenía agendada una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que respalde la petición ante la Corte Penal Internacional, “Venimos para ello y estaríamos decepcionados de no verlo”.
La mañana del martes, se reunió con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, quien le dijo que el presidente está “abierto” en acompañar la petición, pero que primero se consultará al gabinete al respecto.
Balbuena Flores Martínez, representante de RSF en México, Encinas reconoció que hubo un repunte en la violencia: de diciembre hasta la fecha, se reportaron 105 agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos.
“Lo único que dijo es que hay recursos para el mecanismo, hay un diagnóstico que se está haciendo, que se dará a conocer a mediados de marzo; que hay toda la disposición. Fue lo único que expresó”, indicó Flores.
Emmanuel Colombié, director del despacho América Latina de RSF, acotó que la CPI no está obligada en abrir una investigación a petición de una organización de la sociedad civil, y por ello RSF solicita a AMLO que la respalde ante dicho organismo internacional.
“El presidente puede usar este procedimiento ante la CPI para combatir las deficiencias de la justicia mexicana (….) Los procedimientos de la CPI son los únicos que permiten hacer demandas contra personas (…) contra cualquier persona que habría actuado en nombre del Estado o del crimen organizado y que perpetraron estos crímenes contra la humanidad”.
