Este viernes se dio a conocer que durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) trianguló nueve millones 360 mil pesos a la empresa Bufete de Proyectos Información y Análisis, S.A. de C.V. que, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), participó en la “campaña negra” desatada contra Andrés Manuel López Obrador para impedir su llegada al poder.
En el sexenio del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, dicha empresa recibió además 24 contratos de distintas dependencias, por un monto total de 70 millones de pesos; tres de ellos, por 29 millones de pesos, le fueron otorgados por la misma oficina del presidente, de acuerdo con una consulta al portal Compranet.
La empresa enlistó algunos de sus clientes que contrataron sus servicios de “investigación” y de “consultoría”.
Entre ellos figuran el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PVEM, el PT, el Panal y el PRD, así como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Pemex, Peñoles, Aleatica (el nuevo nombre de OHL), Cemex, Televisa, Milenio, Radio Fórmula y Notimex, pero también los gobiernos de Puebla, Coahuila, Sonora, Durango, Baja California o Chihuahua.
Sobre los esquemas de desvíos de la Sedesol, la contratación se realizó “a través de la entonces directora de Área en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la Sedesol”, según confesó el representante legal de dicha empresa al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que investigó los desvíos multimillonarios operados en las gestiones de Robles.
Dicha funcionaria era Claudia Morones Sánchez, quien siguió las instrucciones de Emilio Zebadúa González, Rocío Gómez Bolaños y Ramón Sosamontes Herreramoro, tres personajes del primer círculo de Robles, quienes laboraron bajo sus órdenes en la Sedesol y en la Sedatu.
El representante legal de la empresa dijo que “acudió en varias ocasiones a la Secretaría, y que contaba con los correos electrónicos de dicha servidora pública”, se puede leer en el informe de auditoría publicado en enero de 2018.
La ASF investigó sobre el destino de mil 900 millones de pesos que la Sedesol y la Sedatu dispersaron a 88 empresas –algunas de ellas fantasmas– mediante convenios de servicios celebrados con tres entes públicos estatales: Radio y Televisión de Hidalgo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Televisión de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo entre 2014 y 2016.
