El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austín buscó frenar a través de una demanda de amparo la elaboración de versiones públicas de las averiguaciones previas iniciadas por el caso Odebrecht.
Es decir, que se clasificara como reservado todo el caso, y no solo sus datos personales y los de su familia como se conocía hasta ahora.
Tribunal Federal encargado de revisar el caso resolvió en definitiva y por unanimidad negarle a Lozoya dicha solicitud, al considerar que el caso Odebrecht es un asunto de corrupción a gran escala, y que por encima de sus intereses particulares debe privar el interés público y general.
Por ende, la PGR (hoy Fiscalía General de la República) tiene que elaborar versiones públicas del caso.
Esto no ha ocurrido dado que la Fiscalía también ha promovido demandas de amparo en las que sí ha conseguido suspensiones temporales para no abrir los expedientes.
Incluso, este año, ya como Fiscalía General, la dependencia presentó una nueva demanda de amparo y obtuvo una suspensión para no dar a conocer la lista de personas vinculadas con el caso.
Este nuevo caso corresponde a una solicitud presentada por Animal Político, en donde la respuesta inicial fue negar toda la información.
En consecuencia se presentó una queja ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), cuyo Pleno resolvió que el caso sí se tiene que dar a conocer.
Mientras eso ocurre, las investigaciones que desde hace casi cuatro años lleva a cabo la Fiscalía General sigue sin derivar en procesos penales y órdenes de aprehensión en contra de algún probable responsable.
Ello contrasta con el avance en otros países donde los actos de corrupción promovidos por Odebrecht ya han derivado en detenciones de alto nivel y hasta en procesos judiciales contra expresidentes.
