La activista, escritora y periodista Lydia Cacho, este jueves ratificó que el ex gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, está vinculado en el caso del presunto pedófilo Jean Succar Kuri.
Señaló que los mismos testimonios de las jóvenes víctimas señalan a Yunes como amigo de Succar, tal como lo es del empresario poblano Kamel Nacif.
“Las niñas dijeron a la PGR sobre Yunes, lo describieron físicamente, lo refirieron como un político, como amigo cercano de Succar”.
Además acusó que está involucrado, el senador, Emilio Gamboa, con quien Succar hizo negocios en el Aeropuerto Internacional de Cancún, cuando el ahora legislador era secretario de Comunicaciones y Transportes.
Lydia Cacho cuestionó la actuación de la Procuraduría de Quintana Roo.
Afirmó que su detención, ocurrida en este puerto, fue una acción coordinada entre esa dependencia y la Procuraduría de Puebla.
Demandó se investigue la actuación del procurador de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, quien presuntamente ordenó su detención de manera irregular, a fin de que fuera trasladada por carretera a Puebla, en atención a la denuncia presentada en su contra por Kamel Nacif Borge, primo hermano del exgobernador quintanarroense Miguel Borge Martín.
Lydia Cacho sostuvo igualmente que tiene pruebas en el sentido de que Kamel Nacif hizo aportaciones millonarias a Vamos México, cuya presidenta es Marta Sahagún de Fox.
Señaló que la orden para “congelar” la extradición del presunto pederasta preso en Arizona, Jean Succar Kuri, se dio en los más altos niveles de la política mexicana.
Al tiempo que la periodista Lydia Cacho aseverara que nunca recibió apoyo del gobierno quintanarroense durante su detención en Cancún, el secretario de Gobierno, Eduardo Abuxapqui, dijo que están en la mejor disposición de auxiliarla.
Indicó que hay personas, tanto nacionales como de otros países, que le han manifestado su solidaridad para que presente su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como en otras instancias internacionales.
Dijo que anoche que llegó a ese destino turístico, en donde reside, recibió una llamada del gobernador Félix González Canto, quien le aseguró que todo el procedimiento iba a desarrollarse dentro del marco legal.
En el café “Nader”, la periodista señaló que antes de su detención ya había recibido amenazas, situación que dio a conocer en su momento al procurador de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez.
Sin embargo, señaló, nunca recibió el apoyo de éste, por lo que, agregó, no puede perdonarle su ignorancia.
La directora del Centro Internacional de Atención a Mujeres (CIAM) detalló que, en ocasiones anteriores, ya había denunciado la corrupción en la Procuraduría local y el tráfico de influencias, y que siempre fue hostigada por eso.
Aseguró que nunca ha sido amiga de ningún gobernador de Quintana Roo, y mucho menos del actual, Félix González Canto.
Confirmó que nunca tuvo un aviso oficial antes de su detención, y en un principio supo que la denuncia en su contra había sido presentada en Puebla, pero por otros delitos, y no por difamación y calumnias.
Al respecto, el secretario de Gobierno de Quintana Roo, Eduardo Abuxapqui, aseguró que están en la mejor disposición de apoyar a Lydia Cacho.
En entrevista en Mérida, Yucatán, a donde acudió a la firma del llamado Acuerdo de Chapultepec, expuso que si la periodista o sus representantes piden apoyo al gobierno de Quintana Roo, se lo darían como lo harían con cualquier ciudadano que así lo demande.
Sin embargo, hasta ahora ni Cacho ni sus representantes legales han solicitado apoyo al Ejecutivo del estado para enfrentar el proceso que se le sigue en Puebla, afirmó.
De igual manera, aclaró que el gobierno del estado no tiene planes ni ha solicitado la extradición del empresario Jean Succar Kuri, quien permanece detenido en Estados Unidos acusado de pederastia y corrupción de menores.
“Eso ya está en manos de las autoridades federales, y a ellas corresponde en todo caso solicitar la extradición; y nosotros, en su caso, daríamos todas las facilidades y apoyo al proceso si así se requiere”, ofreció.
De tal forma, que ahora toca a las autoridades judiciales evaluar las pruebas y los argumentos en este caso, y determinar las sanciones o castigos que sean aplicables, ya sea al gobernador poblano o cualquier otro involucrado en el asunto, apuntó.
