La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que autoridades del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto no garantizaron los donativos por los sismos del 2017 se entregaran a la población damnificada y no hubo un mecanismo ágil, transparente, ni efectivo para la recepción, control y supervisión de esos recursos, ni un padrón confiable de viviendas afectadas.
En su primera entrega del informe de la Cuenta Pública 2018, auditó la reconstrucción o rehabilitación de escuelas de educación básica, hospitales y viviendas por los daños ocasionados por las afectaciones provocadas por los sismos ocurridos en septiembre de 2017, así como la recepción de donativos nacionales e internacionales.
Las principales conclusiones muestran que diferentes dependencias como: las secretarías de Hacienda (SHCP), de Relaciones Exteriores (SRE), de Educación Pública (SEP), de Salud y de Desarrollo Agropecuario no actuaron adecuadamente, e incluso se entregaron 166 mil 872 tarjetas de apoyos a través de Bansefi, pero dos mil 378 se dieron sin atender discrepancias encontradas en la información.
La consecuencia social de la falta de regulación y coordinación, además de una gestión y de un registro confiable, fue no conocer si las cifras que se dieron correspondieron a la totalidad de donativos que ingresaron al país, ni determinar si los recursos donados se administraron de forma eficiente y fueron entregados en beneficio de la población afectada por los sismos ocurridos en 2017.
Según la ASF en materia de donativos, el Estado no garantizó que fueran entregados a los damnificados; mientras los integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil: la SHCP, la SRE y la Coordinación Nacional de Protección Civil no establecieron las bases y lineamientos para la emisión de convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los recursos para atender las afectaciones.
Incluso, advierte que la SHCP emitió el comunicado 185 para facilitar la operación del fideicomiso Fuerza México y canalizar las aportaciones por los sismos, sin que justificara, fundamentara y motivara esa decisión y hubo limitaciones en la normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para regular y supervisar a los fideicomisos y garantizar que sus fines atiendan necesidades sociales o de interés público.
La fiscalización hecha por la ASF de los donativos no incluyó recursos privados, ya que la institución no está facultada para eso.
