Este viernes familiares de las víctimas del caso Narvarte y sus abogados dieron un voto de confianza al gobierno de Claudia Sheinbaum y la procuradora Ernestina Godoy para retomar la investigación y solucionar el caso, pero advirtieron que éste “tiene fecha de caducidad”.
La presentación de la Plataforma de Memoria del “Caso Narvarte” –como se conoce al feminicidio de la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quiroz, la modelo de Colombia Mile Virginia Martín, y la defensora de derechos humanos Nadia Vera; así como el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa–, alertaron que ya pasaron ocho meses del cambio de gobierno y el crimen aún está impune.
Leopoldo Maldonado, subdirector regional de la organización Artículo 19, indicó que desde el 31 de julio de 2015, cuando ocurrió el crimen y comenzaron las investigaciones, las familias de las víctimas han tenido que enfrentarse a la “lógica política” que, mediante la estigmatización, trata de justificar la impunidad y el crimen.
Señaló que si el actual gobierno de la Ciudad de México quiere hacer una diferencia con sus antecesores debe empezar por esclarecer la violencia ejercida en hechos concretos, en este caso, el móvil y todos los participantes en el multihomicidio.
“Las familias perdieron a sus familiares y parte de su corazón en ese departamento. Las transiciones políticas, las campañas, los cambios de color en los partidos y en las personas son insignificantes a lado de ese dolor y de esa exigencia de justicia”, manifestó.
Indicó la necesidad de fincar responsabilidades administrativas y penales a los exfuncionarios de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX), pues además de que no dieron resultados, se dedicaron a filtrar y manipular información para obstaculizar el acceso a la verdad y a la justicia.
“Partimos de la desconfianza. La destruyeron sus antecesores. Y ese es un gran reto para este nuevo gobierno. Hay una asignatura pendiente y ese es el abatimiento de impunidad en delitos de violaciones graves a derechos humanos”, agregó.
El litigante retomó el reportaje publicado en la edición 2230 de la revista Proceso -en circulación esta semana- en el cual el fiscal Central de Investigación para la Atención del delito de Homicidios, José Luis Quiroz Hernández, informó que la Procuraduría retomará la ruta planteada por los familiares de las víctimas y su defensa para agotar las líneas de investigación, principalmente las relacionadas con el trabajo periodístico de Rubén Espinosa –colaborador de Proceso–, el activismo de Nadia; así como la presunta trata de personas.
Leopoldo Maldonado afirmó que hay una condición política “inigualable”, pues tanto el gobierno federal como los de Veracruz y la Ciudad de México pertenecen al mismo partido político (Morena), que “si no se aprovecha es porque no hay voluntad de avanzar”.
David Peña, coordinador jurídico de la organización Acción por los Derechos Humanos, recordó cuando el exfiscal de Homicidios, Marco Reyes, dijo a los abogados y a los familiares de las víctimas que intentar conocer el móvil del crimen era una “exquisitez” y reprochó que, en vez de investigar los hechos, las autoridades apostaron por la construcción de una “verdad paralela”.
El reto de la nueva administración, añadió, será conciliar la verdad jurídica, pues las declaraciones de los tres imputados –Cesar Omar Martínez Zendejas, Daniel Pacheco Martínez y Abraham Torres Tranquilino, el único sentenciado– se contraponen entre sí.
