La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), este jueves avaló constitucional con seis votos a favor, la solicitud de consulta popular del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para enjuiciar a los ex ejecutivos, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Dicho proyecto fue abordado en la sala del Pleno, después de que el 24 de agosto el ministro Luis María Aguilar consideró "un concierto de inconstitucionalidades" la solicitud de consulta popular del Presidente.
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El INE comienza revisión de firmas para consulta de juicio a ex presidentes Los 11 ministros que integran el Pleno del máximo tribunal del país tendrán ahora que replantear la pregunta que había presentado en su planteamiento el jefe del Ejecutivo.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar ordenó notificar en las próximas 24 horas al senado de la resolución de la Corte en la que se declaró constitucional la materia de consulta popular pero con la modificación de la pregunta.
La cuestión planteada originalmente por el presidente López Obrador era: "¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
En el proyecto revisión de constitucionalidad de la materia de consulta popular 1/2020 detalla que la Corte consideró improcedente el ejercicio, toda vez que conlleva en sí una restricción de los derechos humanos y una afectación a las garantías.
"La suma de todos ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de Derecho mismo, lo cual implica la afectación de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos".
