Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, este martes, presentó una demanda de juicio político en contra del secretario de Salud, Jorge Alcocer, por “negligencia grave” y omisiones en el tratamiento de la pandemia generada por el COVID-19 que significaron en perjuicios para los mexicanos con la pérdida de decenas de miles de vidas, cuyos decesos eran evitables.
“Tenemos por presentados en los términos de este escrito, promoviendo JUICIO POLÍTICO, en contra del C. DR. JORGE ALCOCER VARELA, titular de la SECRETARÍA DE SALUD, con base en las constancias que se anexan y las que requiera esta H. Cámara, conforme se ha solicitado en el apartado de pruebas, así́ como en los argumentos expuestos a que hemos hecho referencia en este ocurso”.
En el documento, entregado en la Secretaría General de la Cámara de Diputados por los diputados panistas Adriana Dávila y Éctor Jaime, también lo responsabiliza del contagio de miles de mexicanos, con el consiguiente gasto y padecimiento familiar y el cierre definitivo de empresas.
“Estamos ante el acaecimiento de una de las conductas omisivas más graves en la historia del país. La vida de cualquier ciudadano exige de sus autoridades la mayor de las diligencias, que en este caso no se ha verificado. Todo lo contrario, se ha propiciado una cantidad de mortalidad inusitada en decenas de miles de casos de pacientes que de haber contado con la información oportuna no se hubieran contagiado. Del mismo modo, se ha verificado la mortalidad de personal de salud en la mayor tasa a nivel mundial, lo cual es baremo de la pésima conducción del Secretario de Salud ante esta crisis sanitaria”.
En el documento se señala como se puede colegir de los hechos denunciados en el presente caso se incurrió en responsabilidad administrativa, política e incluso se pudo haber incurrido en responsabilidad penal, puesto que se actualizan las fracciones III, VI, VII y VIII del artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, que detallan en qué consiste el perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho.
