Este miércoles, se dio a conocer que el juicio contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se reanudará hasta después de temporada electoral.
El juez, Gerardo García Moreno este miércoles concedió un plazo de seis meses como prórroga a la investigación complementaria para la defensa y para el equipo de la Procuraduría General de la República por el desvío de mil 670 millones de pesos.
El plazo ampliado comprende del 1 de febrero y al 31 de julio, se dictó en la audiencia celebrada este miércoles en la Sala Dos de los juzgados del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el Reclusorio Norte.
El juez Gerardo García Moreno con 25 minutos de retraso, comenzó la audiencia intermedia en el caso contra el exmandatario veracruzano por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Se pudo apreciar un el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa con barba desalineada, espesa; el cabello más largo y una barriga abultada, era visible un siguiente nivel de obesidad, vestido con un suéter color crema y el pantalón caqui del uniforme carcelario.
La Suprema Corte decretó en noviembre pasado, que la obtención de datos bancarios requiere autorización judicial.
El Ministerio Público informó que después de seis meses sólo solicitaron el apoyo internacional del gobierno de Suiza, donde se presume el político cordobés tiene cuentas con prestanombres.
Sólo emitieron una solicitud formal el 11 de julio de 2017; una respuesta el 11 de septiembre solicitando más información y la respuesta del MP el 16 de septiembre del año pasado.
La defensa de Duarte de Ochoa buscó invalidar las pruebas bancarias presentadas por el Ministerio Público. Argumentaron que se violó el derecho a la privacidad de su defendido pues la prueba fue recaba con antelación y sin autorización judicial.
El abogado Marco Antonio del Toro fundamentó su argumento en los artículos 152 y 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El primer artículo estipula que “deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes”.