Un juez federal el pasado 26 de marzo, resolvió que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordene la divulgación de datos, cifras y estadísticas relacionadas con fosas clandestinas del predio Colinas de Santa Fe, en Veracruz.
El juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro estimó que el sólo hecho de que la información se encuentre inmersa en una investigación ministerial no demuestra que su difusión impida u obstruya las funciones que ejerce el Ministerio Público durante la investigación o en ejercicio de la acción penal ante los tribunales judiciales.
Además señaló que no se acreditó que la divulgación de la información solicitada representa un riesgo real de perjuicio al interés público, pues la publicación de esos datos se desvincula de las personas y objetos de los cuales deriva.
Además de que no se revelarán los nombres de los servidores públicos relacionados con la persecución del delito y no se entregará información sobre las líneas de investigación o que permita identificar a las víctimas y a los responsables.
Asimismo, es necesario ponderar los intereses en conflicto, pues si bien es cierto que existe un interés público en la protección de la actividad persecutora de delitos, debe prevalecer la trascendencia social del fenómeno del descubrimiento de fosas clandestinas.
Mencionó que es necesario poner en contexto el origen de la información solicitada y la importancia de conocer cifras y estadísticas que permitan a la sociedad civil, así como organismos nacionales e internacionales de derechos humanos conocer la dimensión del problema, realizar los análisis correspondientes para diagnosticarlo y solucionarlo y abonar a la transparencia sobre este fenómeno.