En junio de 2016 como gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares pidió al presidente, Enrique Peña Nieto, intervenir Veracruz.
Esto para impedir que el entonces titular del Ejecutivo, Javier Duarte de Ochoa, nombrase al fiscal anticorrupción, así como a los magistrados especializados en esta materia, entre otras exigencias.
A través de su página oficial en Internet, el panista alertó al Presidente que antes de dejar el cargo Duarte también trataría de designar a un contralor, negándose además a entregar la cuenta pública 2015, aplicando una reforma constitucional para adelantar la fecha de aprobación de la misma.
“De tal forma que sea la mayoría priísta (en la pasada LXIII Legislatura) la que la revise y no la siguiente Legislatura que será de integración plural”.
A poco más de 2 años, ahora es el gobernador electo de MORENA, Cuitláhuac García Jiménez, quien realiza prácticamente los mismos reclamos para que Yunes Linares no forme un Sistema Estatal Anticorrupción “a modo”.
El panista dejará el Poder Ejecutivo el próximo 30 de noviembre, de ahí que el morenista así como diputados locales, legisladores federales y locales electos de su Instituto político, se han sumado al mismo llamado del Gobernador electo.
En su mensaje de 2016 Yunes Linares agregó que el gobierno de Duarte intentaba ocultar “la terrible situación del Estado”, de ahí que había un “riesgo de conflicto social inminente”.
Entre otros señalamientos, el panista criticó la negativa a proporcionarle información como gobernador electo para iniciar la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo, que debía aprobarse por la nueva y actual LXIV Legislatura que entonces entraría en funciones en noviembre.
Aprovechando el llamado al rescate de Veracruz, Yunes Linares advirtió que Duarte buscaba generar un paquete legislativo “para terminar de destruir las finanzas públicas y provocar una crisis social y financiera aún más severa”.
Entonces vaticinó que se reformaría la Constitución para incrementar el presupuesto de diversas instituciones públicas con cifras “imposibles” de cubrir para su próximo gobierno, añadiendo que la intención era basificar a los empleados del Estado a partir del cargo de subdirector.
“Querían basificar a todos los trabajadores del Estado a partir del cargo de subdirector, lo que implicaría un incremento imposible de cubrir en términos de sueldos y prestaciones y mantendría en la nómina a decenas de miles de ‘aviadores’ en Veracruz".
Finalmente Yunes Linares alarmó que se pretendían exentar el pago de impuestos, disminuyendo las posibilidades de recaudación del gobierno entrante, reclamando que al negarse a entregar la Cuenta Pública 2015 la calificadora HR Ratings bajó la calificación de la deuda de Veracruz.
“Hoy, cuando enfrentamos la más terrible ola de violencia, de desempleo, de quiebra en las finanzas públicas, Duarte se ocupa sólo de blindar su salida y terminar de destruir las finanzas del Estado”, acusó Yunes Linares.
Hay que recordar que para el 11 de julio de 2016 la Procuraduría General de la República impugnó el Sistema Estatal Anticorrupción de Duarte de Ochoa, suspendiendo y echando abajo todos los nombramientos mediante una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
Posteriormente la actual LXIV Legislatura echó atrás la basificación masiva de trabajadores que habían avalado sus antecesores y el uso del Impuesto del 3 por ciento a la nómina para el pago de deuda pública.
Asimismo, Yunes Linares consiguió que los diputados locales le aprobaran adecuar el proyecto de egresos de 2017, que le dejó el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, bajo la premisa de modificarlo una vez que consiguiera concretar la reestructuración de la deuda pública bancaria por más de 40 mil millones de pesos.
Finalmente, a finales de 2017 el Congreso avaló reformar el código Financiero para el Estado estableciendo el regreso del pago de Impuesto por la Prestación de Hospedaje, mismo que se había suspendido al final del sexenio Duartista.