De acuerdo a una publicación de El Universal, señala que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, hará sentir su mano dura contra los gobernadores de Veracruz y Morelos, Miguel Ángel Yunes Linares y Graco Ramírez, respectivamente, de quienes ha pedido revisar las denuncias por posible corrupción y desvío de fondos federales.
Indica que el nombre de Graco Ramírez salío a relucir esta semana en la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador durante la reunión privada que sostuvo con Cuauhtémoc Blanco, virtual gobernador de esa entidad.
Los más inminentes están en el radar de la agonizante administración de Peña Nieto, cuya PGR tiene listo el expediente para acusar y procesar al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, mientras otros son encargos directos de la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador a que también podrían iniciarse antes del 1 de diciembre.
La investigación contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, que dejó avanzada el ex procurador Raúl Cervantes antes de su renuncia en octubre pasado, ha sido retomada y según se comenta en Los Pinos, hay una “instrucción directa del presidente Peña” para ejecutar acciones penales en contra de Lozoya, a partir de nuevas evidencias aportadas por la justicia brasileña y por el gobierno de Estados Unidos.
Además la acusación se centra, según el expediente que dicen está listo y próximo a ser ejecutado, en varias cuentas a nombre de la esposa de Lozoya Austin en bancos del extranjero, donde se han confirmado, con documentación brasileña y estadunidense, depósitos por casi seis millones de dólares que coincidirían con las fechas en las que ex directivos de la firma Odebrecht afirmaron en las audiencias ante la justicia de Brasil haberle realizado transferencias y depósitos, entre 2012 y 2014, al entonces colaborador de la campaña presidencial del PRI y a la postre director de Pemex.
La Procuraduría General de la República (PGR) confirmaron la reactivación de las investigaciones contra Emilio Lozoya, a pesar de que se negaron a dar un estimado de en qué tiempo podría solicitarse una primera acción penal contra el ex funcionario, que actualmente radica en Texas, Estados Unidos, por lo cual, cualquier acción legal en su contra supondría también un pedido de apoyo, vía localización, seguimiento y hasta una eventual solicitud de extradición al gobierno estadunidense.
El proceder en el caso Odebrecht en estas últimas semanas del sexenio tendría la lógica de dejar resuelto un expediente en el que se mencionó —lo hizo el propio López Obrador en la campaña— un supuesto involucramiento o beneficio del entonces candidato Peña Nieto. Una acción en contra de Lozoya buscaría demostrar que si hubo beneficiarios de los sobornos que aseguran los ex directivos de la empresa brasileña haber entregado, éstos nunca llegaron ni a la campaña ni al entonces candidato y mucho menos al presidente, y sí fueron recibidos fue en cuentas directamente ligadas a Lozoya Austin, a través de su esposa. Se buscaría cerrar así cualquier frente penal o de investigación para el futuro ex presidente.
(Con información de El Universal)