La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado al gobierno mexicano para que destine los fondos necesarios para el funcionamiento del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que es preocupante la información sobre la insuficiencia de recursos financieros en el fideicomiso del "Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, el cual, podría llevar al agotamiento de dichos recursos en las próximas semanas.
El mencionado fondo financia algunas de las medidas otorgadas por el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y, por tanto, que se termine supondría un riesgo para las 959 personas actualmente beneficiarias del Mecanismo; también ocasionaría que nuevas personas en riesgo no pudieran recibir protección.
México en los últimos años se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, hecho frente al cual se creó el Mecanismo de protección.
Debido a la insuficiencia presupuestal resulta contraría al esfuerzo institucional que ha desplegado el estado mexicano para hacer frente a la gravedad de la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el país.
El representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab mencionó que no se puede olvidar la importancia del mecanismo.
“Su existencia ha salvado las vidas de personas que, a través del ejercicio del periodismo o la defensa de los derechos humanos, se destacan como un elemento fundamental para el goce de derechos de todas las personas que vivimos en México. La falta de recursos implicaría exponerlos a un nivel de riesgo inaceptable”.
La ONU-DH México hace un llamado a las autoridades mexicanas a adoptar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento del mecanismo y la implementación efectiva de las medidas de protección que resulten necesarias para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.