El gobierno de México un año después de que una jueza en Veracruz girara una orden de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa, por el delito de desaparición forzada, entrego a Guatemala la solicitud formal para que el autorice la ejecución de la orden y proceder penalmente contra el ex gobernador veracruzano por este delito catalogado como de lesa humanidad.
El permiso de Guatemala es forzoso para que el caso avance, pues, cuando Javier Duarte de Ochoa, fue extraditado desde ese país a México, fue solo por hechos de corrupción y lavado de dinero.
El tratado de extradición entre ambos países establece que si, a la postre, se quiere proceder en contra de un extraditado por un nuevo delito, se tiene que pedir permiso al país que lo mandó.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y por la Fiscalía General de la República (FGR), indicó que la orden de arresto por desaparición forzada se giró desde el 6 de junio de 2018 a petición de la Fiscalía de Veracruz, pero el proceso se demoró varios meses por problemas para integrar el documento.
En agosto de ese año, la entonces PGR presentó a petición de la Fiscalía de Veracruz la solicitud a la SRE para iniciar el trámite diplomático ante Guatemala y proceder penalmente en contra del ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa.
La SRE devolvió el documento advirtiendo que faltaban varios datos para iniciar el procedimiento.
A partir de ahí transcurrieron varios meses sin mayor avance. La causa, según lo indicado por la FGR, es que se estaba reuniendo junto con la Fiscalía estatal la información requerida.
Fue hasta el pasado 20 de mayo cuando la FGR volvió a remitir ante Relaciones Exteriores la nueva solicitud con los datos requeridos y corregidos y de ahí fue remitida a la Embajada de Guatemala.
El 17 de junio, la Embajada de México en aquel país informó que ya había hecho entrega formal de la nota diplomática al gobierno guatemalteco.