La oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), reveló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se podría verse rebasado en dar garantías de seguridad a defensores de los derechos humanos y periodistas, tras la tendencia de crecimiento de agresiones, esto debido a la falta de recursos presupuestales y humanos para proporcionar medidas de protección.
La conclusión surge del Diagnóstico de la ONU-DH sobre el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue acordado durante la visita de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, a la ciudad de México, en cuyo discurso final de la visita advirtió que “la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas sigue siendo alarmante”.
Dicho documento se había mantenido reservado, a solicitud del gobierno federal, después de que el pasado 29 de julio hubo una presentación del mismo para los integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo, instrumento que depende de la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que encabeza Alejandro Encinas.
Señalan que con 903 beneficiarios hasta abril de este año -321 periodistas (80 mujeres y 241 hombres) y 582 defensores (290 mujeres y 292 hombres)-, ante la situación de violencia imparable en el país, en 2019, el Mecanismo incorporó 70 por ciento más defensores y periodistas, con respecto al año pasado, alerta el documento.
Indica que hasta el 10 de julio de 2019, había registrado 13 personas defensoras y siete periodistas asesinados “cifras que indican una tendencia creciente respecto a años anteriores”, además, el 2 de agosto, se sumaron cuatro homicidios de periodistas.
Dicho diagnóstico expone algunas de las fallas del instrumento, creado en 2012 para atender la violencia imparable contra periodistas y defensores, muchas de ellas denunciadas por los propios integrantes del Mecanismo, y que hasta la fecha no han sido superadas, como el tema presupuestal.
Además el diagnóstico señala que el presupuesto asignado para este año, de 207.6 millones de pesos, era muy inferior a lo canalizado en años anteriores, y corresponde “al 64 por ciento del gasto previsto y monto inferior a lo ejercido en 2018 y 2017”.
“Ante la evidente insuficiencia, la Segob presentó el 4 de abril de 2019 una solicitud adicional de 150 millones de pesos que todavía no ha sido respondida. Además, las y los funcionarios del Mecanismo no cuentan con todas las herramientas ni las capacitaciones necesarias para realizar sus funciones con la eficacia requerida”.
La ONU-DH destaca que el número de funcionarios que forman parte del mecanismo son, por decir lo menos, “insuficientes para dar respuesta a los requisitos legales y las necesidades reales de protección”, y peor aún, “se prevé que esa insuficiencia se agudice por la creciente tendencia de solicitudes de incorporación”.
Desde 2014, la plantilla de 36 funcionarios que operan en el Mecanismo se ha mantenido estable, “lo que ha llevado a que la proporción de personas beneficiarias que correspondería a cada funcionario de Mecanismo haya aumentado un 235% durante el mismo periodo, hecho que impacta sobre la capacidad de proteger eficazmente”, pues cada persona que tiene funciones de seguimiento tiene que atender en promedio 155 beneficiarias.
A la carga de trabajo se suma que ese órgano “carece de suficiente personal especializado en materias como comunicación pública, gestión de recursos humanos, tecnologías de la información o gestión de medidas políticas y vinculación con autoridades”.
El diagnóstico resalta que “la información sobre una agresión sufrida por una persona defensora o periodista, puede demorar varios días en ser procesada porque el personal del Mecanismo no puede acceder desde las computadoras de la Segob a varias páginas de internet, ni tiene acceso al correo laboral cuando están fuera de la oficina”.