Con base en denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en el 2019 desaparecieron familias enteras, comerciantes en grupo, estudiantes y profesionistas.
Algunas de las víctimas fueron sustraídas de sus viviendas, otras privadas de su libertad en retenes falsos, de camino a sus empleos o, incluso, en comandancias municipales.
Los responsables de estos crímenes son presuntos secuestradores, integrantes de la delincuencia organizada, pero también policías municipales y adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
En el primer año del gobierno encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, uno de los males heredados por las administraciones de Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares fueron las desapariciones forzadas; delitos que prevalecieron en Veracruz, pese a la declaratoria de crisis humanitaria, emitida el 1 de diciembre por el titular del ejecutivo.
De acuerdo con cifras oficiales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en 2019 se interpusieron 12 quejas por desaparición forzada, por hechos ocurridos en la administración morenista.
Ocho quejas atañen a policías estatales, tres a municipales y una a policías ministeriales, en el periodo del ex fiscal, Jorge Winckler Ortiz, quien actualmente es prófugo de la justicia por no haber acreditado exámenes de control y confianza ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, dijo que las autoridades municipales son quienes más se han mostrado renuentes a la hora de rendir informes sobre las actuaciones de sus elementos policiales, “Responden en sentido negativo, es decir, solo niegan los hechos”.
(Con información de Plumas Libres)