La directora del Colectivo de Búsqueda de Personas, Lucía Díaz Genao pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que comience un proceso por desaparición forzada contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, además, solicitó al Consejo de la Judicatura que se solicite la revisión de la sentencia.
"Le pedimos directamente a la licenciada Olga Cordero que intervenga y que ese embargo se vuelva a restituir, es increíble como los jueces actúan de una manera tan ligera y sin buena justificación".
Lucía Díaz Genao, dijo la Secretaría de Gobierno tiene que intervenir en el caso del ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa para echar abajo la determinación de una juez de devolver los 40 bienes que habían sido incautados como parte de la investigación por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
Calificó como lamentable que el ex gobernador de Veracruz sólo hayan dado nueve años de sentencia, pues, podría obtener la libertad en dos años, sin embargo, aseguró que no tiene que salir de la cárcel.
"Lejos de querer que al señor se le estén dando beneficios, como es la revocación del embargo, queremos que se le imputen las desapariciones forzadas. Duarte nunca debe salir a la calle como un hombre libre, los delitos que él cometió fueron de lesa humanidad".
Pidió se revise todo el caso porque no hay razones que justifiquen la devolución de las propiedades localizadas en Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Veracruz.
"No vemos alguna razón para que la juez Isabel Porras Odriozola le haya revocado el embargo de esos bienes. No le veo ninguna razón para que lo haya hecho, porque todos esos bienes fueron conseguidos por medio de empresas ‘fantasma’ que el señor instituyó y están a nombre de prestanombres. Son fechorías que se hacen con una estrategia y la jueza lo sabe".
Colectivo Solecito exigió al Poder Judicial de la Federación y FGR “revisar” inmediatamente la sentencia condenatoria de JDO
Mediante una carta abierta, el Colectivo Solecito exigió al Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República (FGR) “revisar” inmediatamente la sentencia condenatoria del ex gobernador priista Javier Duarte de Ochoa, porque con la ratificación de nueve años de prisión, subrayó, se corre el riesgo de una “impunidad irreparable”.
Señaló que a Javier Duarte de Ochoa se le tuvo que haber juzgado por el delito de desaparición forzada, recalcó la organización, por lo cual, exigió a las autoridades “investigar, procesar y sancionar al exgobernador veracruzano por su participación directa en desapariciones forzadas”.
Demandó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pida a la Secretaría de Gobernación y a la FGR solicitar la revisión de la sentencia al Consejo de la Judicatura, “El decomiso de propiedades debería significar la restitución y reparación del daño a familias y ciudadanos que resultaron afectados por la gestión del ex gobernador”.
El Colectivo Solecito consideró que el freno de ese decomiso de bienes es un acto más de impunidad y displicencia de la autoridad, puesto que ha quedado demostrado que el exmandatario orquestó una red criminal con empresas fantasmas y prestanombres para desviar recursos públicos, “Desde el Colectivo expresamos el rechazo y la indignación que nos genera la resolución emitida. Hacemos un llamado a poner fin a la impunidad”.
Un tribunal federal ratificó la sentencia de nueve años de prisión –tres ya cumplidos– y la multa de 58 mil pesos que un juez impuso al exgobernador por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero; en esa misma sentencia se revocó el decomiso de 40 bienes ligados a Duarte.
La multa de 58 mil pesos por parte de un juez fue motivo de risa de políticos opuestos al PRI y periodistas veracruzanos, pues muchos recordaron que el desfalco cometido durante el sexenio de Duarte en el periodo 2010-2016 alcanzó casi los 70 mil millones de pesos.
En el tema de los desaparecidos, en la última década se han registrado más de 4 mil 300 desapariciones, de las cuales más de 3 mil 600 ocurrieron durante el sexenio de Javier Duarte.
En 2016 y 2017, una decena de exfuncionarios y amigos del exgobernador ingresaron a prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y coalición, entre otros; el extesorero, el exsecretario de Salud y el excontralor, entre otros, solo estuvieron un año y año y medio en prisión, porque fueron puestos en libertad bajo la figura jurídica de “procedimiento abreviado”.
Mención aparte merece el caso del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita –con la clave Capitán Tormenta, al interior de la corporación–, acusado de enriquecimiento ilícito y desaparición forzada.
Pese a que Bermúdez adquirió propiedades por 88 millones de pesos, contrastando con los 8 millones de salarios que recibió mientras Duarte era gobernador, la Fiscalía General del estado lo exoneró del delito de enriquecimiento ilícito. Y en el tema de la desaparición forzada, la juez en turno consideró que “Capitán Tormenta” podía seguir su juicio en libertad, pues la desaparición forzada no estaba tipificada como un delito grave (sic).