De acuerdo con Artículo 19, en su informe anual (2019) “Disonancia: Voces en Disputa”, señala que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) generó grandes expectativas en cuanto a la libertad de prensa, mientras el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asegura que la corrupción ya se acabó, que el país va de maravilla y que los usos y costumbres del viejo régimen se acabaron, la realidad nacional sugiere otra cosa.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador [AMLO] ha expuesto como ‘elemento central’ de su gobierno otorgar las mismas oportunidades a los hijos de los ricos que a los de los pobres, sin embargo, las oportunidades para hacerlo están distribuidas desigualmente entre la población y a un año del cambio de gobierno, México sigue inmerso en la desigualdad, la corrupción y la impunidad”.
El documento dado a conocer este día, el primer año de mandato de Andrés Manuel López Obrador es un mosaico de matices que van desde “lo bueno” hasta “lo malo” y “lo feo”.
El Artículo 19, lo bueno del año pasado fue la narrativa del cambio social que llevó a la gente a repudiar los abusos del sexenio pasado y a convertirse en “verdaderos actores políticos para combatir el poder”.
“En su intento por dominar y marcar la narrativa de la agenda nacional, el Presidente ha hecho de su palabra un instrumento y un arma de gobierno”. El peligro es, en ese sentido, que la capacidad del Gobierno para “fijar los ‘términos y condiciones’ del debate público a través de las conferencias no sólo radica en la desinformación o la información sesgada, sino que se convierte en un elemento importante en la profundización de la polarización”.
En un aspecto relevante es la veracidad de las afirmaciones y contenidos difundidos en las conferencias matutinas, “De acuerdo con cifras de SPIN Taller de Comunicación Política, López Obrador emitió 15 mil ‘afirmaciones no verdaderas’ (compromisos, promesas, asertos no comprobables o falsos) en 365 días”.
En comparación con las 15 mil 413 afirmaciones falsas o no comprobables, durante 1 mil 55 días de gobierno de Donald Trump, quien se ha caracterizado por dar información no verdadera”, destaca el informe de Artículo 19.
La polarización inclusive ha llegado a afectar la labor periodística en México. En 2019, el intento del gobierno por controlar información se reflejó en aumento a agresiones contra periodistas, ya sea por el Ejecutivo federal o en otras instancias.
Los periodistas “han visto cómo, al formular cuestionamientos al presidente o a sus acciones de gobierno, las redes sociales inician un hostigamiento con los calificativos usados por el propio Ejecutivo para referirse a la prensa crítica con su administración:’fifí’, ‘conservadores’, ‘chayoteros’ e ‘hipócritas’, lo que se ha convertido en un aliciente adicional para las agresiones y en nada ha abonado a generar condiciones propicias para el ejercicio periodístico en un país que es, hoy por hoy, el más violento contra las y los periodistas en un contexto no bélico”, se lee en Disonancia: Voces en Disputa.
“Mientras el Presidente escaló el nivel de confrontación hacia la prensa, las agresiones contra periodistas se acumularon en todo el territorio nacional. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, Artículo 19 documentó 609 agresiones contra la prensa, contrastando con las 544 de 2018. De esta manera, en México, durante 2019 se agredió a un periodista aproximadamente cada 15 horas, mientras que durante el año previo era uno cada 17.14 horas”.
Las cifras presentadas por la organización indican que de las 609 agresiones documentadas, “las más recurrentes fueron intimidación y hostigamiento, con 166 casos; amenazas, con 144 casos, y 62 ataques físicos. Los bloqueos, alteración o remoción de contenido en internet ocuparon el cuarto lugar, equivalente a 60 ataques. Si bien todas las agresiones aumentaron, el ´uso ilegítimo del poder público’ pasó de 22 ocurrencias a 46, duplicándose en sólo 12 meses”.
Las denuncias y las promesas de acabar con la situación generalizada de impunidad, éste problema “sigue permeando en más de 99 por ciento de los casos de crímenes contra periodistas. Mientras esto no cambie, la violencia a la que se enfrenta la prensa difícilmente cesará”, asegura Artículo 19.
Los datos por estado sobre agresiones contra periodistas muestran que la Ciudad de México registró el mayor número de agresiones, con 84 casos; seguido de Quintana Roo, con 57; Guerrero, con 51, y Puebla, en donde hubo 34 agresiones. En Oaxaca y Veracruz se documentaron 33 ataques en cada uno.
En la opinión de Artículo 19, “en los casos de la Ciudad de México y Quintana Roo preocupa que en sólo doce meses el número de agresiones contra la prensa se duplicó. Por otro lado, los estados donde se documentaron menos ataques fueron Querétaro, con una agresión, seguido de Hidalgo, Aguascalientes y Zacatecas, con tres atentados cada uno. En Chihuahua, Artículo 19 documentó cuatro agresiones.”
Del total de casos de agresiones de 2019 contra la labor periodística, la organización dio a conocer que el 88.5 por ciento fue perpetrado en contra de periodistas, mientras que 11.5 por ciento fue contra medios. Asimismo, las cifras indican que de las agresiones contra periodistas, el 27.4 por ciento fue contra mujeres periodistas, lo que equivale a 167 casos.
Por lo anterior, Artículo 19 refirió en su informe que “el 2019 fue un año perdido por López Obrador para robustecer las garantías de los derechos a informar y a informarse de manera plena.”
“En México el acceso a la información es un privilegio para personas con mayores niveles educativos y que no tienen el límite de la brecha digital. Pese al discurso que ha acompañado al Presidente de ‘primero los pobres’ y de prioridad a los pueblos indígenas, la realidad es que estos sectores siguen viendo vulnerados sus derechos en esta materia”.
Artículo 19, “desafortunadamente, en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha habido importantes retrocesos y la Federación dejó de ser un referente en el cumplimiento de obligaciones en materia de acceso a la información, con un incremento en la falta de atención a solicitudes de información, así como en el incumplimiento de las obligaciones de transparencia y centralización de la información”.
Las cifras de la organización indican que del 1 de enero al 28 de noviembre de 2019, se dirigieron 259 mil 526 solicitudes de información a instituciones del ámbito federal, con un aumento en el número de recursos de revisión, es decir, la impugnación que hace una persona cuando una solicitud de información no fue bien contestada o cuando se niega o limita su acceso. Mientras que en 2018 fueron impugnadas 4.8 por ciento de las respuestas a las solicitudes, en 2019 se impugnó el 6.6 por ciento.