La Cámara de Diputados aprobó los cambios enviados por el Senado a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y al Código Penal Federal que, según organismos promotores y defensores de los derechos digitales, ponen en peligro la libertad de expresión y de internet.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), las reformas aprobadas el pasado lunes, impuestas por la implementación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), contienen dos aspectos que arremeten contra la libertad: primero, la censura en internet, lo denominado como “notificación y retirada”, que obliga a los proveedores de servicios en línea a quitar cualquier publicación o contenido de un usuario cuando una persona notifique que se violan sus derechos de autor, esto, a pesar de que dicha acusación no se haya probado con un proceso judicial de por medio.
Aunque la intención de esta medida es proteger la propiedad intelectual, algo que ha resultado muy complicado hacer en internet, el problema es que cualquier particular podría estar en posibilidad de censurar expresiones en línea sin que tenga que seguirse un proceso legal para determinar si la expresión efectivamente constituye una infracción a derechos de autor.
El otro punto controversial es que, según las modificaciones al Código Penal Federal, se criminalizará la elusión de medidas tecnológicas de protección (candados digitales) sin contemplar excepciones, a pesar de que estas existen en Estados Unidos y están permitidas por el TMEC.
Con los cambios será ilegal y meritorio de sanciones, que van desde multas de 1.7 millones de pesos y hasta seis años de prisión, eludir un candado digital para inspeccionar, reparar, dar mantenimiento o modificar un aparato, vehículo o dispositivo tecnológico.
También, eludir un candado digital para ejercer los derechos a la libertad de expresión, uno de estos candados podría ser violado por una simple captura de pantalla.
Lo anterior pondría en riesgo a las microempresas dedicadas a la reparación de dispositivos electrónicos, las cuales serían desplazadas por las grandes compañías tecnológicas.
Esta problemática podría derivar en la creación de monopolios en los mercados de reparación, que aumentaría los precios y afectaría al consumidor.
“De manera apresurada y sin discusión, las Cámaras de Senadores y Diputados aprobaron diversas reformas a la LFDA y al Código Penal Federal derivadas de la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) mismas que violan la Constitución, son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos y atentan gravemente en contra de los derechos fundamentales de millones de personas usuarias de tecnología en México”, afirmó R3D en un comunicado el pasado 01 de julio.
Por esta razón, advirtieron que recurrirán a instancias de justicia para frenar las reformas.
“Anunciamos que combatiremos las reformas aprobadas ante el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, exigimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las y los legisladores que votaron en contra de estas disposiciones, que interpongan acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señaló R3D.