La noche de este martes, la Cámara de Diputados abrió una segunda sesión ordinaria para presentar y discutir en el pleno el llamado “Plan B” de la reforma electoral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una vez que la iniciativa de reforma constitucional fue desechada por la tarde.
Bancada del partido gobernante hizo suyas las propuestas del gobierno federal de reformas a la legislación secundaria en materia electoral, entregadas la tarde del martes por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con el fin de dispensar trámites y apresurar su discusión en el pleno.
En la segunda sesión del Pleno, el presidente de la Mesa Directiva, el diputado panista Santiago Creel, turnó a comisiones el paquete de reformas enviadas por el Ejecutivo; sin embargo, a fin de acelerar el trámite, la bancada del partido gobernante las hizo suyas.
La diputada morenista Graciela Sánchez de Morena presentó como propias dos iniciativas que reforman diversas leyes y que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El pleno aceptó por votación económica que las iniciativas se consideraran de urgente resolución y se le dispensaran todos los trámites por lo que se inició su discusión.
El diputado panista Humberto Aguilar presentó una moción suspensiva para detener la discusión de las reformas en materia electoral, al afirmar que se está violando el proceso legislativo y que las iniciativas deben enviarse a comisiones para que sean dictaminadas. Lo mismo hicieron los diputados Salomón Chertorivski de Movimiento Ciudadano y Miguel Torres, del PRD.
Plan B de la reforma electoral, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, plantea la desaparición de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), misma que en reiteradas ocasiones determinó que el mandatario nacional violó la Constitución al influir de manera ilegal en los procesos electorales.
Diputados avalaron en lo general y particular reformas a leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial; y expedir la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La iniciativa presidencial contempla eliminar “la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, cuyas atribuciones serán absorbidas por la Sección Resultora de la Sala Superior del TEPJF“.
Desde 2019, ese órgano judicial, integrado por tres magistrados, ordenó al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República -en varias ocasiones- abrir una investigación por la presunción del uso de recursos financieros y humanos para vulnerar la equidad y neutralidad de las elecciones desde la conferencia mañanera.
Lo anterior, porque López Obrador en reiteradas ocasiones ha emitido posicionamientos sobre partidos y candidatos, así como propaganda gubernamental, en periodo prohibido por la Constitución.
Además, la Sala Especializada, que ahora busca desaparecer López Obrador, ha ordenado a la Presidencia publicar en sus redes sociales los extractos de las sentencias en las que se acredita las violaciones a la Constitución y el principio de neutralidad.