El desfalco multimillonario en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) durante la gestión de Ignacio Ovalle no deja de crecer. En la tercera entrega de informes de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró un probable daño a la Hacienda Pública por 2 mil 346 millones de pesos en Segalmex y su filial Diconsa.
De estos 2 mil 346 millones de pesos, 884 millones de pesos corresponden a irregularidades detectadas en Segalmex y mil 462 millones de pesos a su filial, Diconsa.
Estos 2 mil 346 millones de pesos se suman a los 12 mil 962 millones de pesos que la ASF ya había observado en las Cuentas Públicas 2019 y 2020 y que la dependencia sigue sin solventar hasta la fecha, por lo que el monto de los malos manejos en Segalmex y sus filiales, Diconsa y Liconsa, ya alcanza los 15 mil 308 millones de pesos.
Al día de hoy, la ASF ha presentado 11 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por las irregularidades encontradas en Segalmex. De hecho, estas denuncias son las únicas que la Auditoría Superior ha presentado por desvíos cometidos durante este sexenio.
Sin embargo, las 11 denuncias se hicieron públicas hasta después de que MCCI reveló en septiembre del año pasado que Margarito Colmenares, hermano del auditor superior, David Colmenares, trabajó en Segalmex mientras la ASF fiscalizaba el desfalco en la entidad y que ninguno de los dos transparentó este posible conflicto de interés en sus declaraciones patrimoniales y de intereses.
Desde hace dos años, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha revelado la amplia red de corrupción que operó en la dependencia bajo la dirección de Ignacio Ovalle, quien fue relevado de la dirección general de Segalmex en abril del año pasado para ser reubicado como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
-ASF confirma datos revelados por MCCI
En enero de 2022, MCCI publicó que Segalmex otorgó un contrato plurianual por 245 millones de pesos para arrendamiento de equipo a Micro Credit SAPI de CV, una compañía que ni siquiera tenía empleados registrados ante el IMSS y que subcontrató a otra empresa inhabilitada por la Función Pública.
El equipo arrendado, entre el que se encontraban básculas, termómetros, coladores y analizadores de humedad, se debía utilizar para el control de calidad de granos como el maíz y fue entregado con un retraso de más de cien días a la dependencia.
Además, MCCI encontró que el contrato de Micro Credit fue firmado por Abel Martínez Uribe, quien también ha sido representante legal de las empresas Lumo Financiero del Centro y Lease and Fleet Solutions, las cuales participaron en el estudio de mercado con el que Segalmex justificó el contrato otorgado a Micro Credit.
Tanto Lease and Fleet Solutions como Lumo Financiera del Centro forman parte de un consorcio encabezado por Luis Humberto Montaño García, exdiputado suplente del PRI y exdirector de Administración de la Función Registral durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.
En esta tercera entrega de informes de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021, la ASF encontró que Segalmex no pudo acreditar que el arrendamiento del equipo a Micro Credit haya cumplido con las especificaciones técnicas y que el servicio se prestó de acuerdo con lo solicitado por la dependencia.
Tras una visita domiciliaria realizada por los auditores de la ASF, Micro Credit no pudo probar que contara con la capacidad técnica, humana y financiera para prestar los servicios a Segalmex.
Además, al solicitarle al SAT información sobre la empresa, la Auditoría identificó que en su Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del ejercicio fiscal 2021, Micro Credit reportó tener operaciones con Lumo Financiera del Centro, empresa que también ha recibido contratos con Segalmex y con la cual había participado en el estudio de mercado simulado.
Cuando los auditores cuestionaron a Micro Credit sobre su relación con Lumo Financiero del Centro, su apoderada legal manifestó que “es una relación de índole comercial, en el 2018 nos otorgaron un crédito simple”.
La ASF también solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde identificó que Lumo Financiera del Centro realizó transferencias bancarias a Micro Credit y, a su vez, este último realizó depósitos bancarios de vuelta a Lumo Financiera del Centro.
Por todo lo anterior, la ASF presume un probable daño a la Hacienda Pública por 25 millones de pesos derivado de los pagos realizados sin la documentación que acredite los servicios de arrendamiento de equipo que debía entregar Micro Credit.