Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) sentenció que la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, no cumple con el perfil para ejercer uno de los principales cargos relacionado con la búsqueda de personas, por lo que espera que “el gobierno rectifique”.
A través de un comunicado integro:
“Este proceso de designación, sin duda, profundiza la falta de confianza que las víctimas, familiares y colectivos hemos manifestado hacia el Estado mexicano desde la desaparición de nuestros familiares, y ante la ausencia de justicia y verdad”.
Agregó que el nombramiento hecho por la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Luisa María Alcalde, y aprobado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no cumplió con los criterios mínimos para permitir la participación sustantiva que días previos presentaron vía oficio ante la Secretaría de Gobernación.
Afirmó que una consulta pública para proponer personas candidatas no sustituye un proceso donde las familias tengan participación sustantiva y real: “Una vez más hay una voz que se ha antepuesto a las de las víctimas al elegir a una persona que no cumple con el perfil para ejercer uno de los principales cargos para cumplir con la desafiante tarea de búsqueda de personas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley General en Materia de Desaparición”.
Dicho artículo establece que la titular de la Comisión debe contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos, así como en la búsqueda de personas, y preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal, además de “haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, por lo menos en los dos años previos a su nombramiento”.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México sostuvo que este tipo de procesos no socava la firme decisión que han expresado “para transformar el dolor provocado por las desapariciones, en políticas públicas que sirvan como instrumentos proactivos en la búsqueda en todas sus modalidades, con respeto irrestricto a la dignidad de las personas familiares y víctimas, así como de nuestros acompañantes”.
Y recalcó que esta es una nueva oportunidad para que el Estado demuestre su voluntad y compromiso con las miles de víctimas que hay en la República Mexicana, por lo que espera que en estos últimos meses de mandato, el Gobierno reconstruya el diálogo “franco, fluido y necesario con las familias, tal como alguna vez lo expuso públicamente”.
Por esta razón, refirió que la única manera de subsanar la molestia, es precisamente abrir un proceso de diálogo sustantivo y construcción conjunta y permanente con las diversas articulaciones y colectivos de familiares que son reconocidas públicamente por la sociedad como procesos organizativos de búsqueda de personas desaparecidas: “Puede ayudar a encontrar caminos efectivos en la coordinación de todas las instituciones encargadas de buscar a nuestros seres queridos”.
Reconoció que cuentan con una amplia experiencia en el trabajo colectivo y colaborativo para avanzar en los temas pendientes de la agenda: la búsqueda, la localización, la identificación, la restitución digna a las más de 110 mil personas registradas como desaparecidas, así como la protección y la seguridad de miles de familias buscadoras.
Y enfatizó:
“Es necesario señalar que el tiempo transcurre rápidamente y que las condiciones de violencia persistentes en nuestro país también limitan nuestra labor”.
El MNDM comenzó en marzo de 2015, con un conglomerado de 35 colectivos que se agruparon para luchar por la existencia e implementación de la primera Ley General en materia de desapariciones en México, actualmente está conformado por más de 86 colectivos de 25 estados.
La exdiputada del Partido del Trabajo fue designada titular de la Comisión Nacional de Búsqueda el pasado 23 de octubre, según la SEGOB, debido a su “perfil y experiencia”. Hasta su nombramiento se desempeñó como directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), cargo que ocupó desde marzo de 2021.
Su nuevo cargo también fue cuestionado por la oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH), la cual aseveró que el proceso de designación no contó con los niveles de consulta, participación, transparencia y escrutinio deseables.
Además, señaló que tampoco fueron consultadas las víctimas y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.