El titular de la Auditoria Superior de la Federación, David Colmenares, cesó a Agustín Caso Raphael, quien se desempeñaba como Auditor Especial de Desempeño y se encargó de la auditoría al Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, que reveló el costo de cancelación por 331 mil millones de pesos y no 100 mil millones de pesos como había dicho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Si una simple evaluación incomoda a un funcionario, ésta desaparece. Ya no se diga de la integración del programa anual de auditorías, el cual se ha vuelto una suerte de autocensura, pues no se nos permite incorporar los temas de relevancia nacional”.
El caso de Agustín Caso Raphael y su cesantía como Auditor Especial de Desempeño en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pone de manifiesto una serie de tensiones entre la institución y el gobierno mexicano, particularmente bajo la gestión de David Colmenares.
Caso Raphael, en su carta de renuncia, acusa a la ASF de censura, falta de imparcialidad y autonomía, así como de su utilización con fines políticos. Menciona que la institución ha abandonado los principios de autonomía e imparcialidad en favor de intereses políticos, lo que compromete su función de fiscalización.
Uno de los puntos álgidos fue la auditoría al Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, que reveló un costo de cancelación considerablemente mayor al anunciado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta discrepancia generó tensiones entre la ASF y el gobierno, llevando a la separación temporal de Caso Raphael y a la retractación de los hallazgos por parte de la ASF, alegando inconsistencias en la cuantificación realizada.
Además, se señala un aumento en el rezago en la recuperación de recursos públicos y en el avance del proceso jurídico para sancionar posibles actos de corrupción durante la gestión de Colmenares. Se indica que los procedimientos sancionatorios han disminuido, mientras que la revisión legal ha aumentado, manteniendo los asuntos en suspenso de manera indefinida.
También se destaca la cancelación de auditorías importantes, como el estudio sobre los fideicomisos públicos desaparecidos por decreto presidencial y la auditoría a Mex Gas, subsidiaria de Pemex, entre otras.
En resumen, el caso de Caso Raphael y las críticas hacia la gestión de la ASF bajo Colmenares ponen de relieve tensiones entre la fiscalización gubernamental y el poder político en México, así como la importancia de la autonomía e imparcialidad en las instituciones encargadas de auditar el uso de los recursos públicos.