A las siete costosas propiedades que se le han descubierto y documentado a la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle García, se le suman dos graves situaciones más: la existencia de cuentas bancarias en paraísos fiscales y la concesión de más de 100 permisos de venta de petrolíferos al empresario que supuestamente le vendió un departamento en Nuevo León.
La información también proviene del empresario Arturo Castagné, que se ha dado a la tarea de investigar y difundir la escandalosa corrupción de la exsecretaria de Energía, cuyo esposo fue obrero en Pemex y posee un patrimonio millonario.
Este lunes, publicó en su cuenta de X varias imágenes que señalan la existencia de “cuentas bancarias en paraísos fiscales de la señora Rocío Nahle y su esposo, José Luis Peña Peña”. Se trata de documentos provenientes del FBI.
Los documentos, que se ven abajo, muestran la existencia de dos cuentas a nombre de la empresa offshore o de papel llamada “Green Ev Solutions Co. Ltd”. Una cuenta está en el Alhambra Bank and Trust Ltd y la otra está en el Bank of the Bahamas Limited.
De ambas cuentas los beneficiarios son José Luis Peña Peña, Rocío Nahle y un tal Jeff Fergusson.
La información que compartes sobre las supuestas propiedades y actividades financieras de Rocío Nahle, así como los permisos irregulares que concedió como secretaria de Energía, es muy seria y podría tener implicaciones significativas en su carrera política y en la percepción pública de su integridad y capacidad para ocupar cargos de responsabilidad gubernamental.
Las acusaciones de corrupción y conflicto de intereses son siempre preocupantes y merecen una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes para determinar su veracidad y tomar las medidas adecuadas si se confirma que hay irregularidades.
Si estas acusaciones son ciertas, podrían erosionar la confianza del público en el gobierno y en las instituciones, así como socavar los esfuerzos para combatir la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público.
Es fundamental que se respete el Estado de derecho y se garantice que todos los funcionarios públicos rindan cuentas por sus acciones.