Familiares de Néstor Cristóbal Cruz quien fuera privado de su libertad el mes de marzo, y encontrado sin vida el pasado viernes 20 de abril, sepultado en las instalaciones de una clínica particular del municipio de Tuxpan, exigen pena de muerte para los culpables del hecho.
Néstor Cristóbal Cruz era miembro de la familia Cristóbal Cruz, que dirige la Central Campesina Independiente (CCI), hermano del ex subprocurador de Justicia en la zona norte, Tomás Cristóbal Cruz, además del ex presidente municipal de Tamiahua Martín Cristóbal Cruz y actual dirigente de esta organización, Edmundo Cristóbal Cruz.
Señalaron que a pesar que el domingo 22 de abril en una conferencia ofrecida por el Grupo de Coordinación Veracruz se informó que ya estaban detenidas todas las personas involucradas en este caso, refirieron que tienen datos que aún faltan personas por detener, por ello como familia están exigiendo que se continúe con la investigación y se dé con el paradero de las demás personas involucradas, para que sean llevadas ante la justicia y reciban la pena que merecen.
Aseveraron que esta banda de secuestradores, liderados por la doctora Maluvi Prianti Amador, además de estar conformada por Omar García Martínez y Vito Fuentes Baltazar, ya tenían en la mira a más personas que integran la sociedad tuxpeña para privarlos de su libertad a cambio de un rescate millonario, pues en su caso pagaron un millón de pesos.
El ex procurador, Tomás Cristóbal Cruz indicó que las investigaciones realizadas se logró saber que las personas detenidas llevarían a cabo otro secuestro en agravio de un ciudadano de Tuxpan.
"De las investigaciones realizadas se logró saber que las personas detenidas llevarían a cabo otro secuestro en agravio de un ciudadano tuxpeño, pero lamentablemente con el secuestro y privación de la vida de nuestro hermano se evitó que otras familias sufrieran y vivieran esta cruel experiencia", acotó
Hicieron un llamado enérgico al Poder Judicial del Estado y en específico al Juez de Control, para que apliquen correctamente la ley y sentencien con la pena máxima que establece el Artículo 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro que es de 140 años de prisión, ya que de no ser así están dispuestos a tomar acciones como sociedad civil para que se haga justicia.
(Con información de Notinformex)