A través de una carta las autoridades y asamblea de la localidad El Remolino, en Papantla, Red Unidos por los Derechos Humanos, coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio (Corason) y CNI y Concejo Indígena de Gobierno (CIG) Veracruz, dieron a conocer su indignación por Clemente Hernández Leónides, presidente del comisariado Ejidal y su esposa Reyna Tiburcio Atzin, ocurrido la noche del 20 de mayo de 2018 en su domicilio particular.
“Nosotros, autoridades y Asamblea de la localidad El Remolino, en Papantla, Veracruz, manifestamos nuestra RABIA E INDIGNACIÓN por el cobarde asesinato de Clemente Hernández Leónides, nuestro Presidente del Comisariado Ejidal y su esposa Reyna Tiburcio Atzin, ocurrido la noche del 20 de mayo de 2018 en su domicilio particular”.
La carta fue dirigida a las autoridades municipales y estatales de Veracruz, comunidades de la región norte del estado, organizaciones y colectivos de Derechos Humanos, medios de comunicación y nuestra comunidad.
Exigen al gobierno del estado que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Jaime Téllez Marie que detengan la violencia que azota a nuestra región y la comunidad, esta violencia creciente que ahora nos priva de la vida de dos de los abuelos más respetados por el pueblo.
“DENUNCIAMOS que en esta región contamos ya por decenas los cuerpos tirados en las parcelas cercanas o en el margen del río Tecolutla, amenazado no sólo por los megaproyectos de extracción de hidrocarburos, sino utilizado como tiradero de cuerpos de nuestros jóvenes. Ya estamos hartos de la complicidad por omisión del gobierno estatal y local, de la impunidad con la que estos crímenes se cometen día tras día”.
Advirtieron a las autoridades judiciales, seguridad y la Fiscalía General del Estado, que no permitiremos que se criminalice a los abuelos Clemente y Reyna, que no toleraremos que nos vayan a salir con que pertenecían a la delincuencia organizada o que el asesinato fue por un lio amoroso. Por tanto,
“EXIGIMOS al Fiscal General del Estado una investigación pronta y eficaz que pueda poner en manos de la justicia a los culpables, para que sean castigados por el artero crimen que consideramos como un ataque a nuestra comunidad (…) Como asamblea comunitaria y desde el dolor que nos mueve, hemos decidido organizarnos para defendernos, y a las autoridades y asambleas de las comunidades vecinas les invitamos a hacer lo mismo. Nosotros nos comprometimos a cuidarnos, a reforzar la vigilancia interna, a defendernos y a enfrentar juntos esta adversidad, pues vemos con profunda indignación que las autoridades estatales y municipales no hacen nada para detener la violencia que nos lastima, y que ahora nos priva de la autoridad ejidal y de su esposa con tanta saña”.