El gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, pretendían obtener e ingresar a una cuenta de Bancomer poco más de un millón de dólares en cobros de sanidad internacional, en el puerto de Tuxpan. Sin embargo, el escándalo estalló, el negocio se vino abajo y ahora, en un intento por librarse del problema, han dejado sin efecto el cobro de cuotas.
Recientemente, el responsable de Servicio de Sanidad Internacional y Comercio Exterior de la Jurisdicción Sanitaria 2, con sede en Tuxpan, Horacio Cadena Hernández, envió una circular a las navieras en la que les informa que temporalmente los servicios que se ofrecen como sanidad internacional y comercio exterior, de parte de la Secretaría de Salud de Veracruz, “quedan sin costo alguno”.
Sin embargo, deja en claro que se mantendrá el cobro de 7 mil pesos por fumigación, que deberá hacerse a una cuenta de Bancomer, a nombre de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, ya no a nombre de Carlos Herrera Guillén, como inicialmente se pedía y que fue lo que levantó las primeras sospechas.
El escándalo mediático estalló cuando la Asociación Mexicana de Agentes Navieros denunció que la Secretaría de Salud pretendía cobrar -por cada barco- 600 dólares por control de sanidad; 600 dólares por certificado de botiquín médico; 7 mil pesos por fumigación; 4 mil 500 pesos por inspección en fondeadero y 2 mil pesos por inspección en muelle.
De haberse hecho efectivo los cobros que habían estipulado en dólares, en un solo año habrían obtenido poco más de un millón de dólares, porque Tuxpan recibe más de 830 embarcaciones anuales.
La denuncia de los Agentes Navieros llegó de inmediato a la Dirección General de Puertos y Marina Mercante y escaló ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En cuestión de días, la respuesta del gobierno federal fue contundente y Cuitláhuac tuvo que meter reversa.
La imprudencia del gobernador y del secretario de Salud puso en riesgo el desarrollo del puerto de Tuxpan, ya que, al encarecer los costos operativos, se perdía la competitividad dentro del sistema portuario en el Golfo de México.
Pero, debido a que se violentaron ordenamientos federales y se incurrió en irregularidades graves, el Gobierno Federal debe realizar una investigación y fincar responsabilidades administrativas y penales a los funcionarios de Veracruz involucrados en estos hechos.
En Veracruz es momento de hacer valer la cantaleta de campaña de López Obrador: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo…”.