La Suprema Corte de Justicia de la Nación este 8 de diciembre señala que los magistrados y consejeros se reparten dinero de copias certificadas del TSJ, de leyes municipales de Veracruz para cobrar por copias certificadas y registros extemporáneos, de acuerdo con los informes trimestrales que obran en el apartado de transparencia del Poder judicial del estado de Veracruz, este organismo recibe anualmente por concepto de copias certificadas un promedio de veintiséis millones de pesos 00/100 moneda nacional.
Los ingresos resultan ilegales, toda vez que, de acuerdo a los criterios emitidos en diversos juicios de amparo, el pago por certificación de documentos por parte de funcionarios en uso de las facultades que les otorga la Ley orgánica del Poder Judicial, atenta de manera directa con el principio de gratuidad previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal.
Dichos recursos no son para mejorar las instalaciones, equipos o para capacitación: son repartidos entre magistrados, consejeros de la Judicatura y el director general de Administración, en forma de bonos de “eficiencia”.
En el Acta del Pleno Extraordinario celebrado el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, formado en ese entonces por Edel Humberto Álvarez Peña, Andrés Cruz Ibarra, Pedro Luis Juan Clemente Reyes Marín, Edgar Mauricio Duck Núñez y Carla Rodríguez González, ellos mismos se autorizaron el pago de un bono especial de estímulo por desempeño y mejoramiento de la impartición de justicia para los puestos de magistrados, consejeros de la Judicatura y director general de Administración del Poder Judicial del Estado, bajo la justificación de no perder distancia en la homologación gradual de las percepciones de los referidos servidores públicos con las obtenidas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
(Con información de Sociedadtrespuntocero)