La titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez dio a conocer que han emitido tres recomendaciones por desaparición forzada y nueve únicamente por desaparición.
Namiko Matzumoto, señaló que cuentan con un área que da seguimiento al porcentaje de cumplimiento o incumplimiento por parte de las autoridades que se les haya hecho alguna recomendación.
Indicó que la Comisión y el Congreso podrían trabajar en actividades de capacitación y difusión en materia de prevención de este delito.
Mencionó que la Comisión ha emitido tres recomendaciones, dos a la Fiscalía General del Estado y una a la Secretaría de Seguridad Pública.
Indicó que se ha capacitado a diversos servidores públicos para que ellos repliquen la información en sus centros de trabajo y con ello respetar los derechos humanos.
Ante las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz, respecto a las quejas y recomendaciones emitidas por la CEDH, el cierre de la Delegación en Pánuco y qué pueden hacer los familiares de desaparecidos en Zongolica, Namiko Matzumoto Benítez, mencionó que en el caso de Pánuco este cierre no es definitivo, sino temporal y esto se debe al ajuste que implementó el gobierno para la reducción del gasto y que esta Delegación es la que menos quejas recibía.
Dijo se atiende a través de un número gratuito y por correo electrónico, por lo que no es requerida la presencia de quien presenta una queja.
Señaló que lo primero que debe hacerse, en caso de desaparición, es presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero la CEDH está abierta a brindarles asesoría y acompañamiento durante este proceso.
Al ser cuestionada por el legislador de MORENA, Amado Jesús Cruz Malpica sobre como concibe la atención en los servicios de salud en Veracruz y qué política pública han implementado con los ayuntamientos, en específico con las Comisiones Municipales de Derechos Humanos, mencionó que los servidores públicos son los primeros en vulnerar los Derechos Humanos y es el Estado quien tiene las obligaciones de garantía, para adecuar todas las vías que otorguen los servicios de salud, abundó que la CEDH ha emitido 14 recomendaciones respecto a la atención médica.
Señaló que los municipios son el contacto directo con las personas, por lo que se ha buscado el vínculo para capacitar a cada servidor público que ahí labora, dando como resultado pronta atención a las y los veracruzanos.
Mencionó que no existe distinción para dar protección en materia de derechos humanos, dijo que actualmente se han recibido ocho solicitudes por parte de la comunidad LGBTI, en la que sólo una ha sido queja, que se resolvió con una disculpa y al resto se ha orientado para buscar la instancia de su competencia y hacer valer sus derechos humanos.
Materia de violencia política
Namiko Matzumoto, dijo que mediante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), se ha capacitado en materia de violencia política con la finalidad de garantizar a las mujeres sus derechos.
“Son cinco las violaciones con mayor incidencia en Veracruz, dentro de las cuales se encuentran las violaciones a derechos humanos, a la salud, a la libertad, a la persona ofendida y los derechos de la niñez”.
Sobre las dependencias que más tardan en cumplir las recomendaciones, señaló que son los ayuntamientos, ya que, todas las secretarías de despacho han acatado cada una de las recomendaciones que ha emitido la Comisión a su cargo.
Sobre relación a qué acciones hace la CEDH para beneficio de las personas que están en Centros de Reinserción Social (CERESO) y para disminuir el uso excesivo de la fuerza por autoridades, Matzumoto Benítez, dijo mediante la Dirección de Asuntos Penitenciarios se realizan visitas periódicas a los CERESOS y se reciben quejas.
Dio a conocer que gestionan atención médica, trámites de amparo y en otros casos para conocer el estado de la causa penal para buscar algún beneficio que la propia ley contempla; también cuatro solicitudes de cambio de centro y gestiones de pre liberación.
“Para evitar el uso excesivo de la fuerza han desarrollado contenido específico y se ha capacitado a más de mil servidores públicos, para que tengan en claro bajo qué principios puede utilizarse la fuerza y cuándo no se justifica”.