La diputada local Mariana Dunyaska Rojas dijo que quienes deben revocar la concesión a la empresa Grupo MAS, son los ayuntamientos de Veracruz y Medellín de Bravo, por lo que se tendrá que comprobar el incumplimiento de los acuerdos firmados con la concesionaria.
Dijo el tema no es competencia del Ejecutivo del Estado, ni de la próxima Cámara local.
“Lo que el gobernador electo plantea en materia de grupo MAS, es un proceso que desconoce, ya que el ámbito de acción para poder desaparecer o quitar el título de concesión a Grupo MAS está en el poder de los Ayuntamientos (…) Para la recisión del Contrato, se tiene que llevar a cabo el proceso acorde al Código de Procedimientos Administrativos y una revisión y comprobación de las faltas en las que se está incurriendo, para que se tengan elementos legales y certeros”.
La penalización por cancelar el Contrato es muy alta, pues va en proporción a la inversión que anunció Grupo MAS de 11 mil millones de pesos, por lo que el municipio no puede simplemente cancelar el acuerdo de prestación de servicio de agua potable y la mejora en la red de drenaje y alcantarillado.
(Con información de Formato 7)