Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) durante su comparecencia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, confirmó que recibió 12 quejas relacionadas con el hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de Arbolillo en Alvarado.
Señaló que son quejas en trámite porque se solicitó la información a la Fiscalía General del Estado (FGE), que ha buscado ampliar los plazos para la entrega de su reporte.
“La mayoría de las ocasiones se solicitan los informes, se da el término que se establece la ley, que son 15 días hábiles, tres semanas y si en el primer requerimiento no responde la autoridad, tiene un tiempo similar para responder y en la mayoría de los casos agotan el tiempo que les permita la ley y hasta el último periodo integran los informes”.
Durante la primera ronda de preguntas y a nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Wenceslao González Martínez preguntó sobre el apoyo de la CEDH a la caravana de migrantes centroamericanos, las acciones emprendidas en caso que se haya registrado la violación a derechos humanos y si hubo coordinación con los gobiernos municipales y con el estatal, la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo que hubo acompañamiento a la Caravana y que ésta labor se circunscribe en vigilar que durante el tránsito por el territorio no sean vulnerados sus derechos. Informó que asignaron más personas a las delegaciones de los municipios de Acayucan, Coatzacoalcos, Córdoba y Veracruz para tal fin.
Confirmó que recibieron quejas de la Caravana, en su mayoría porque no se les brindó de manera rápida y adecuada la atención médica para quienes sufrieron accidentes o tuvieran una enfermedad.
Señaló que hubo acciones coordinadas con los ayuntamientos antes citados y asimismo con el Instituto Nacional de Migración (INM) para los migrantes que optaron por el retorno voluntario a su país.
La diputada local, Montserrat Ortega Ruiz cuestionó el número de quejas registradas por familiares de víctimas de feminicidio, los programas implementados para atender a las víctimas indirectas de este delito y si la CEDH cuenta con personal especializado en el protocolo de Estambul cuando se realiza este proceso en los reclusorios, Matzumoto Benítez, mencionó que hay dos quejas que versan sobre el retardo injustificado en la integración de carpetas de investigación y que existe coordinación con el Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
Florencia Martínez Rivera preguntó sobre qué clase de políticas públicas ha implementado con los 212 municipios para promover y difundir la cultura de los derechos humanos en la entidad, lo cual Matzumoto Benítez respondió que a pesar de ser importantes las actividades de difusión se han priorizado las actividades de capacitación en todo el estado.
“Los municipios de Poza Rica y Jáltipan se han logrado firmar convenios para llevar a cabo estas actividades, sin embargo la capacitación no exige convenios”.
Las delegaciones se han dado pláticas, capacitación, instalación de módulos afuera de los ayuntamientos, además campañas mensuales, siendo una acción constante en todos los ayuntamientos que realizan los delegados de la CEDH, además de las campañas en redes sociales que tienen gran alcance.
Brianda Kristel Hernández Topete, preguntó cuántas solicitudes de quejas recibió la CEDH por parte de los municipios que componen el distrito XXIV, con cabecera en Santiago Tuxtla, y qué status guardan; por su parte Matzumoto Benítez aseguró que existen nueve quejas; cuatro están en Visitaduría, cuatro en trámite y una turnada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por motivo que la CEDH ya no tuvo competencia, pues las autoridades que violaron los derechos humanos fueron de índole federal.
Aseguró que la CEDH es tomada en cuenta como un actor estratégico que puede coadyuvar en la elaboración de políticas públicas para emitir las alertas de género y existe participación en la creación del modelo, cursos de capacitación en diversos municipios de la entidad, además de llevar el contenido de los derechos humanos en México como una herramienta para introducir los derechos humanos de género en la entidad.
La CEDH emitió en 2017 una recomendación y en 2018 dos conciliaciones (cuando ya se acredita la restricción ilegitima) respecto al ejercicio periodístico.
Aseveró que la CEDH siempre tiene disposición de trabajar coordinadamente con los diversos órganos y dependencias de la administración pública, con el fin de garantizar los derechos humanos de quienes habitan o transitan por el territorio veracruzano.