Jueves, 2 de May de 2024

  • En comparecencia

Habría responsabilidad penal en 80 municipios de Veracruz sino se acata resolución de SCJN

  • Para que el gobierno del estado reintegre mil 400 millones de pesos
Miércoles, 23 Enero 2019
  • Por:  Julio Altamirano

 

La tarde de este miércoles, el titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez durante su comparecencia en el Congreso del Estado, informó que habría responsabilidad penal en 80 municipios de Veracruz, si no se acata la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el gobierno del estado reintegre mil 400 millones de pesos.

“Si no se acata la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el Gobierno del Estado reintegre mil 400 millones de pesos a 80 municipios de Veracruz puede haber responsabilidad penal”.

Portilla Vásquez, dijo que al ser una resolución definitiva, cuestiona si existe responsabilidad penal y específica.

“Al ser una resolución ya definitiva, la pregunta es si existe responsabilidad penal y específica, la respuesta es sí, se debe de cumplir con esa sentencia”.

Señaló el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), verificará que el gobierno del estado cuyo el mandatario es Cuitláhuac García Jiménez cumpla con el pago de los montos señalados, después de que se desatara una polémica, ya que, se reveló que el secretario de gobierno, Eric Cisneros, hizo convenios con dichos municipios para pagarles menos a lo sentenciado.

Dijo que verificarán si se sentenció y se debe reintegrar a los municipios, la Secretaría de Finanzas y Planeación atienda el monto que está señalado.

“Vamos a verificar que lo que ya se sentenció y que se debe de reintegrar a los municipios, las Secretaría de Finanzas y Planeación atienda el monto que está señalado y ese monto debe de ser entregado en su totalidad al municipio que puso la denuncia y que la ganó”.

En ese tenor, indicó que verificarán que los recursos sean aplicados por los municipios como lo indica el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para abatir el rezago social y pobreza extrema.

En dichos recursos quedaron pendientes por ser entregados en el ejercicio iscal de 2016, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.  

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