El ex titular de la Fiscalía General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras durante su visita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para darse por notificado en torno a la resolución de su queja interpuesta en noviembre de 2018, aseveró que está comprobado que elementos que ejecutaron la orden de aprehensión en su contra, lo hicieron de manera excesiva, arbitraria, ilegal, inconstitucional y fue acto “hasta delictuoso”.
Indicó esto hay carpetas de investigación federales y ahora estatales por lo ocurrido durante el periodo de Jorge Winckler Ortiz a cargo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
Mencionó que fue privado de su libertad el pasado 17 de junio de 2018, pues estaba bajo los efectos de una suspensión concedida por un Juez federal de la Ciudad de México.
“Hice público que esta detención habría sido un ardid simulatorio para acreditar no sé qué cosas (…) Dentro de muy poco se verán otros avances más, pero el día de hoy me siento muy motivado, sigo mi lucha por encontrar finalmente mi exoneración, falta muy poco”.
CEDH emite recomendación a la FGE
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, por violación a los derechos humanos, esto durante la detención del extitular del organismo Luis Ángel Bravo Contreras en el pasado Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, cuando Jorge Winckler Ortiz era fiscal.
La recomendación número 68/2019, instruye el inicio de una investigación interna y exhaustiva para determinar la responsabilidad administrativa e individual de los servidores públicos que incurrieron en las violaciones a los derechos humanos de Bravo Contreras, durante su aprehensión en junio del año 2018.
La determinación se dio luego de la queja que Luis Ángel Bravo interpuso en noviembre pasado.
La CEDH determinó que luego de la investigación interna, en caso de considerase alguna conducta u omisión que pueda constituir un delito por parte del personal involucrado, deberá hacerse del conocimiento de las autoridades competentes para que se proceda conforme a derecho.
(Con información de Al Calor Político)