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El saqueador quiere silencio. Un carpetazo y ya. Cuitláhuac intenta sepultar la basura, ocultar el lodo, sofocar las llamas, que no se hable de Araly Rodríguez y que no se sepa qué tanto su primo Eleazar Guerrero movió la corrupción. 

El saqueador de Veracruz, como su alter ego, Javier Duarte, imagina que su palabra cierra la discusión, omitiendo que la tildó de prestanombre, fachada de empresas proveedoras —fantasmas, en realidad— y al dejarla sin trabajo manda al limbo los 100 millones de pesos que su gobierno le entregó.

Lo de Araly Rodríguez es sólo una rendija. El boquete está en la red de corrupción, el rol de Eleazar Guerrero Pérez, sus tentáculos en cada secretaría, los recomendados, los enlaces administrativos, la pandilla, con nombre y apellido, que orquestó, desde el primer día, compras y más compras, contrataciones violentando la ley, licitaciones simuladas, la inacción de los órganos internos de control, el Orfis vapuleado y replegado y Cuitláhuac García, en la cúspide, como beneficiario mayor.

Y el gober se afana en la teoría del carpetazo inmundo.

Y divaga, como lo hacía Duarte, denostando a la prensa que dio santo y seña, la que investigó y halló, y también la que sólo cachó y difundió las filtraciones que provenían de la pandilla voraz.

Y delira, como el preso gordobés, en que las empresas fantasma no son fantasma sólo por el hecho de existir, aunque, bien lo sabe, sirvan para delinquir

Cuitláhuac es tonto y torpe. Es insensato y burdo, queriendo enderezar lo que él mismo enchuecó. Si antes admitió que con Araly Rodríguez Vez se acreditaba una caso de corrupción, hoy el discurso cínico lo implica en un escándalo de colusión.

Se le investiga, dijo Cuitláhuac García, el 6 de febrero. Y la tildó de prestanombre.

Y armó un show. Simuló una investigación interna. La empleada con plaza de maestra, que gana 7 mil 200 pesos al mes y cubre un interinato, que tiene credencial de elector con dirección en Poza Rica, representa a una empresa con domicilio en Xalapa, adscrita a una escuela en Cosoleacaque, o sea norte, centro y sur de Veracruz, está limpia.

Le habrán dado siete contratos. Habrá cobrado más de 100 millones de pesos. Puede tener una empresa con domicilio social en una tienda de abarrotes o junto a ella, en una colonia proletaria, en calles de tierra. Los millones cobrados no les dio para rentar un piso o comprar una oficina. Y está limpia.

Habrá tenido el tino de ganar contratos en la Secretaría de Seguridad Pública, en la pestilente Secretaría de Salud, en el DIF donde la marrullería es carta de presentación. Y está limpia.

Y Cuitláhuac abrió la Caja de Pandora. Aireó los males del mundo y los demonios de Morena. Volaron las corruptelas de la pandilla en Salud, las transas en Seguridad Pública, la uña en Infraestructura y Obras Públicas, el saqueo en cada oficina, la red de corrupción a todo lo que da.

Y cuando el escándalo lo devoró, metió el reversazo. Once días después, hecho trizas, acuchillado por los suyos, los que filtran y filtran documentos, contratos y versiones a periodistas y redes sociales, al presidente del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, lanzando misiles el diputado que un día fue de Fidel y otro de Duarte, Cuitláhuac finalmente reculó.

Araly, dijo el 17 de febrero, no es prestanombre, la empresa que representa concursa desde 2003, no es empresa fantasma y su domicilio social no es el que la prensa difundió.

Y la vedette de palacio volvió a cantinflear:

“Ahora nadie dice, uno, que la empresa no es fantasma y que el domicilio de la empresa sí existe. Algunos medios mintieron con la foto de una tiendita y no mostrar completa la foto, donde junto a la tienda está la empresa, su logo y la dirección correcta”.
Y sostiene:
“No es fantasma, no hay robo, fraude o cosas inexistentes y están todos los servicios materiales a los que se comprometió. Es una empresa constituida no de ahora, de años, no entró en nuestro gobierno, sino de años. Lo único que hizo fue trabajar en la SEV, pero no es su actividad principal”.
Ya metido en sus delirios, Cuitláhuac categorizó a la prensa como “voceros de la corrupción”.

Los voceros de la corrupción existen. Es su prensa, los portales comprados, mercenarios de la información, hoy al servicio del gobierno morenista de Veracruz, los Robles y su mala Imagen, los Rosas y Al Calor, radio y televisión hincados y sometidos, y un ejército de páginas ficción que desde las redes sociales traducen el silencio y el aplauso en jugosos convenios de publicidad.

Araly es lo de menos, pero siguiendo esa pista se llega al círculo del gobernador. Y ahí estriba la operación carpetazo de Cuitláhuac. Quiere sofocar el fuego antes que escale, crezcan, devore el edificio de poder. Que no alcance a Eleazar Guerrero, subsecretario de Finanzas, catalogado como el verdadero padrino en esta trama de corrupción.

Todo Morena sabe que la Secretaría de Salud es coto de Norma Rocío Nahle García. Ahí incrustó la secretaria de Energía a Roberto Ramos Alor, un convidado de piedra, llevando las jornadas médicas a ritmo de música caribeña, tocando las tumbas, su delirio por la percusión.
Y los alfiles de Nahle y Eleazar Guerrero disponiendo de la Secretaría de Salud, los Sisniega, los Rueda, los Basurto, los Alvarado, transitando de su medianía a ser magnates con viajes a Europa.

Cuitláhuac ya palpó el efecto de la guerra interna, el choque morenista, la cruenta batalla por la sucesión, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, filtrando información explosiva contra sus adversarios; Cisneros contra el delegado de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta; Manuel Huerta orquestando el abucheo al gobernador en Boca del Río, frente al presidente Andrés Manuel López Obrador; el líder del Congreso, Juan Javier Gómez Cazarín, embistiendo a los enemigos de Rocío Nahle. Unos y otros en una épica gesta, lodo contra lodo, corrupción contra corrupción.

El carpetazo llegó cuando un personaje clave, José Luis Lima Franco, soltó la respuesta crucial al acertijo. Para entender las asignaciones directas, los contratos ilegales, debía saberse quién recomendó a los enlaces administrativos de cada secretaría.

Lima Franco es una pieza fundamental. Siendo secretario de Finanzas y Planeación, tiene el manejo del dinero federal y los recursos propios, el tema de la deuda pública, el pago a acreedores y municipios tras el saqueo duartista. Sin Lima Franco el gobierno de Cuitláhuac sería polvo.
El 16 de febrero, la Sefiplan fijó postura: “Habrá que investigar a esos administradores de la SSP, SEV, SSA y DIF, quien los puso y a quien obedecen en realidad”.

Lima Franco lanzó un dardo envenenado. Esa red la controla Eleazar Guerrero, el primo incómodo. Y va más allá de Poder Ejecutivo. Se extiende al Poder Judicial, donde Joanna Marlene Bautista Flores, su antigua secretaria, mantiene el control del dinero desde la Secretaría de Administración.

Ejerció un presupuesto de 11 mil 178 millones de pesos en 2022 y en ocho meses prácticamente llevó a la quiebra al Poder Judicial, una quiebra simulada. Mientras los magistrados debieron reducirse el salario, Joanna Marlene siguió cobrando sus 96 mil pesos mensuales e inundó la nómina con 158 empleados, la corte chaira, con sueldos que van de los 16 mi a los 60 mil pesos, y dispensando contratos irregulares, según acusó la magistrada Concepción Flores Saviaga.

Cuando restaban cuatro meses para concluir el año, Cuitláhuac García apretó a la entonces presidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, y se quedó con 500 millones del presupuesto.

Una más de Eleazar Guerrero. Protagonizó el primer escándalo de corrupción cuando el gobierno de Veracruz adquirió 160 patrullas para la Secretaría de Seguridad. Cuitláhuac García anunció haber erogado 208 millones de pesos. La adquisición fue mediante una licitación simplificada. Pero violó la ley. Por el monto, debió ser licitación nacional.

Ante la gravedad del hecho, se retractó. Dijo haber adquirido sólo 50 patrullas y tener en arrendamiento 110 más. Habría pagado 39 millones de pesos. Aún así debió ser licitación pública. un caso de corrupción en el que se implica a Andy, el hijo travieso de López Obrador.

El carpetazo no protege a Araly. Protege a los alfiles de Nahle, del primo incómodo, de Ulises Rodríguez Landa, el operador administrativo en la Secretaría de Seguridad, y a los administradores en la SEV, SSA y DIF, “quién los puso y a quién obedecen en realidad”, la sentencia de Lima Franco.
Y cuando el fuego amenaza, Cuitláhuac blinda a Eleazar.

Archivo muerto

En el radar del Poder Judicial, no se halla el sur de Veracruz. Ni la ciudad judicial en Coatzacoalcos, ni el fortalecimiento de los juzgados, ni el nombramiento de secretarios, ni la justicia al pueblo. No hay un peso para invertir en todo 2023. Cerrada, extraviada, su presidenta, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, lo dice con la crudeza de quien teniendo el presupuesto, lo oculta, o no lo ejerce, o estando autorizado, deja que el Poder Ejecutivo, léase el ratón de Cuitláhuac, vía Sefiplan, se agandalle los recursos destinados al mejoramiento de la impartición de justicia. Tres meses apenas, y la mal togada es una réplica de Isabel Romero Cruz, ex presidenta del Poder Judicial de Veracruz que rendía pleitesía al gobernador Cuitláhuac García Jiménez hasta la abyección. Lisbeth Aurelia Jiménez anda igual.

Es un cero a la izquierda. A un grupo de abogados de Coatzacoalcos les dijo en corto, en Xalapa, que no hay nada para el sur de Veracruz en todo 2023. Y a todo lo que le plantearon, respondió con negativas sin sentido. Ni cómo abatir rezago de expedientes, ni cómo contratar personal, ni cómo adquirir los predios para construir la ciudad judicial, ni cómo contar con el área para convivencia padre-hijo en casos de rompimiento familiar. Nada sabe la presidenta-adorno del Poder Judicial de Veracruz.

Y cómo no, si ni debió ser magistrada pues llegó a ocupar el cargo del magistrado Roberto Dorantes Romero, quien se amparó contra el retiro forzoso y ganó con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así que la magistrada espuria empezó mal y sigue peor. De aquel encerrón con abogados de Coatzacoalcos hay historia larga, pero en partes se cuenta mejor… Insostenible, Sergio Hernández Vallarino fue enviado a la congeladora. Al notario uno de Cosamaloapan se le viene la ley encima, acusado de violencia intrafamiliar, amenazas y la infame acción de haber tatuado en la piel de su esposa su nombre, así como la imagen del fierro con que marca a los animales del rancho.

Lo suspendió la Dirección de Notarías del gobierno de Veracruz y, según la versión oficial, fue por presuntas irregularidades en su función. Mientras, su expediente yace en la Fiscalía de Veracruz y apenas si se mueve, encubierto desde las entrañas del monstruo judicial que jefatura Verónica Hernández Giadans, la fiscal espuria. Notaria ella, ha tendido un manto protector sobre quienes son de su gremio y enfrentan denuncias penales. Así ocurre con Alejandro “N”, notario de Chinameca, radicado en Coatzacoalcos, cuya pareja lo denunció por violencia en el seno familiar, describiendo conductas malsanas, la agresión en su más vil expresión, vicios y el intento de arrojarla desde un balcón, o sea tentativa de homicidio.

Así lo dice la denuncia; así consta en el expediente de Alejandro “N”. A Sergio Hernández Vallarino ya le llegó su hora. Ahora queda que la fiscal Verónica Hernández se digne procurar justicia o un juez federal u otro escándalo mediático nacional la obligarán. Y luego va el notario Alejandro “N”, al que lo mantuvieron cobijado y solapado y por el que están en curso dos quejas, una contra la fiscal especializada en delitos contra la familia por empantanar las denuncias, y otra contra la psicóloga de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos que lo mismo dice que el susodicho notario tiene conducta paranoide que lo ve sociable y bueno para liberar el estrés… 

El Congreso puede esperar. Eusebia Cortés, en mala hora diputada local por Coatzacoalcos, invierte su nada valioso tiempo en andar armándole la campaña anticipada a su madrina —o matrona—, Norma Rocío Nahle García, y de paso la suya, ese delirio que se trae por ser alcaldesa.

Acude a un plantel escolar, en poder de madres de familia ante la indolencia de las autoridades educativas y la demagogia del secretario de Educación, el ex stripper Roberto Zenyazen Escobar García; escucha la queja de los padres de familia por las condiciones del inmueble y toma nota. Por delante arguye que “yo estoy aquí porque me habló hace un ratito la ingeniero Rocío Nahle y (me dijo) ve a checarme cómo está ese tema. Por eso estoy aquí. Yo siento que con ella”. Mala legisladora, Cheva por lo menos es cómica.

La patraña da risa. Nahle está que no duerme con el fiasco de la refinería Olmeca, construida en Dos Bocas, Tabasco, y peor cuando la Auditoría Superior de la Federación detectó inconsistencias por más de 40 millones de pesos, y Cheva Cortés quiere arrear guajolotes a sombrerazos, usando el nombre de la secretaria de Energía como si se comadrearan todas las tardes. Cuando la queja por la campaña anticipada llegue al OPLE y luego a los tribunales electorales, Rocío Nahle ya tendrá tiempo de reclamar a quien le puso esa piedra en el camino…

* Víctor Manuel Mendoza Villegas continúa siendo supervisor en la Dirección de Obras de Coatzacoalcos

* Su jefe inmediato es su padre, Onésimo Mendoza Flores, titular de esa dirección

* Denunciado desde octubre de 2022 por Sociedad de Industriales de la Transformación 

Víctor Manuel Mendoza Villegas es más que un supervisor. Es quien opera las preestimaciones a contratistas, el que fija montos y moches, el que a lo largo de 117 días ha permanecido impune a las denuncias de nepotismo en la Dirección de Obras Públicas de Coatzacoalcos.

Su padre, Onésimo Villegas Flores, titular del área, es la pieza central de una investigación realizada por la Contraloría Municipal del ayuntamiento de Coatzacoalcos, acusado de dirigir la asignación de obras mediante licitaciones simuladas, presiones a constructores para que entreguen el token bancario y manipular el avance físico de los trabajos realizados para liberar el pago de estimaciones.

Un documento, que forma parte de la investigación abierta por la Contraloría Municipal a partir de las denuncias formuladas por la Sociedad Mexicana de Industriales Transformadores de la Construcción (SMITC) en el sur de Veracruz, determina que Víctor Manuel Mendoza Villegas está adscrito a la Subdirección de Construcción y su “jefe inmediato” es su padre, el director de Obras Públicas, Onésimo Mendoza Flores.

El documento detalla que Mendoza Villegas es trabajador de confianza con categoría de “supervisor”, ficha 56906.

En dicho documento se precisa claramente la evidencia de nepotismo:

“Nombre y cargo del jefe inmediato: Onésimo Mendoza Flores, director de Obras del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos”.

DE ANALISTA A SUPERVISOR, PERO SIEMPRE JUNTO A PAPÁ

En los archivos del ayuntamiento no se reportan antecedentes de otro cargo que haya desempeñado Víctor Manuel Mendoza. Sin embargo, lo hay.

Cuando se autorizó el paquete de obras correspondientes al ejercicio 2022, Mendoza Villegas se convirtió, de hecho, en “analista” en la Subdirección de Presupuestos y Costos, teniendo acceso al flujo de recursos erogados en las obras y consecuentemente a la relación de pagos a contratistas. En los pasillos del edificio de la Dirección de Obras Públicas se movía como pez en el agua.

Una vez que se liberó el paquete de obras e iniciaron las licitaciones —algunas amañadas—, Víctor Manuel Mendoza Villegas se transformó en el filtro por el que deben pasar los constructores para liberar las estimaciones.

NÚMEROS ALTERADOS EN LAS PREESTIMACIONES

Víctor Manuel Mendoza Villegas inició su relación laboral en un momento clave: 1 de octubre de 2022. Diecinueve días después se le dio de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 20 de octubre.

Con su llegada ocurrió la primera alteración a las preestimaciones de obras. La correspondiente a septiembre de 2022 presenta por lo menos seis casos que el personal de la Contraloría Municipal dejó pasar.

Aunque las obras estaban programas para realizarse entre agosto y diciembre, el avance físico era mínimo o nulo. En algunos casos, se desfasaron los tiempos para iniciar las obras. Por ello, en el reporte de septiembre el avance era cero.

Entre las compañías beneficiadas con contratos de obra, pero sin avance alguna hasta septiembre, se contaban: Miguel Ángel Cebrián Barriere, Xhani Construcciones Servicios y Arrendamiento, Luis Fernando Joaquín Santiago, Alex Iván Contreras Ricárdez y Gerardo Alberto Ibarra Pong.

En el reporte, sólo Ibarra Pong registraba un 50 por ciento de avance físico en los trabajos de saneamiento del área 38 del basurero municipal en Villa Allende. Sólo que en los hechos no era cierto. En ese entonces, el porcentaje de avance era menor, de acuerdo con fuentes de Obras Públicas.

OBRAS INCONCLUSAS LAS HACÍAN APARECER COMO TERMINADAS

“Las obras que aparecen al 100 las preestimaron ya que ninguna está terminada y su negocio es el preestimar para que cobren y pedirles el dinero con anticipación”, señala la fuente consultada.

Durante la última semana de octubre de 2022, la Dirección de Obras Públicas se convirtió en una pasarela de contratistas. Acudían a agilizar el trámite de sus estimaciones. Ante el avance mínimo, quedaban en manos de los dos operadores estrella del director general de Obras Públicas, Arturo Delgadillo Medina, y su subalterno, Onésimo Mendoza: Eliezer Sánchez Carrillo y Víctor Manuel Mendoza Villegas.

La Sociedad Mexicana de Industriales Transformadores de la Construcción, zona sur de Veracruz, interpuso la primera denuncia el 25 de octubre de 2022. Posteriormente agregó tres más.

A la fecha, 117 días después, el caso de nepotismo comprobado sigue impune. Y los casos de corrupción, licitaciones simuladas, extorsión a contratistas, igual.

Ya entró en crisis Rocío Nahle. Bateada por la Suprema Corte, anulada la Ley Nahle, monta un show de risa: el gobernador en su mesa, que vean que tiene residencia en Coatzacoalcos, que vean que no es una advenediza ni una trepadora ruin. Pero sí lo es.

Pobre Rocío. Si supiera lo que está por venir. Si supiera que el fracaso de la Ley Nahle es pecatta minuta ante otras trastadas. Si supiera que Dos Bocas es su verdadero catalizador, el desastre, la trampa, la corrupción.

Aún no comienza el juego y ya se le enredan los pies. Y se le aloca la lengua. Y se le cruzan las ideas y ni Dios AMLO la puede socorrer.

Seis meses le duró su “ciudadanía veracruzana”, desde aquel 2 de agosto de 2022 cuando el Congreso de Veracruz, la mayoría morenista y sus satélites, incluidos tres diputados panistas, avalaron la reforma legal —a la postre ilegal— que concedió que ciudadanos oriundos de otros estados, no descendientes de padres veracruzanos, pudieran ser categorizados como “nativos” de Veracruz con sólo tener hijos nacidos en territorio jarocho.

Nahle encargó la trastada a un malandro de su pelo, Juan Javier Gómez Cazarín, líder de Morena en el Congreso de Veracruz, de historial maloliente, un rufián de cuyo cuello cuelga un rosario de pilladas, antes de ser diputado y ya en funciones; de la estirpe de los vendedores de autos en la Volkswagen de Coatzacoalcos que terminaron sumido en un escándalo por fraude y del que apenas si la pudo librar, y ahora llenándose las talegas de millones que producen sus negocios en alcaldías, intimidando presidentes municipales que no quieren bronca con el Congreso estatal.

Gómez Cazarín, alias El Carón o El Guasón, es un cero a la izquierda, bruto de marras en la confección de leyes, a menudo bateadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero si de torcer la Constitución se trata, es rapaz. Su treta tendría recompensa. Por meterle la daga a la Constitución, lo menos sería un premio en el eventual gobierno de la oriunda de Zacatecas: director de pantanos o coordinador de lodazales. Tiene con qué.

Seis meses anduvo la secretaria de Energía degustando la pillada, aplicando aquello de que “la ley es mi ley”, imaginándose gobernadora, retratándose en su perfil obsesivo, demencialmente ambicioso, el pensamiento retorcido de quien no se detiene hasta crear un ordenamiento legal, la reforma al artículo 11 de la Constitución de Veracruz, para allanarse el camino al gobierno estatal.

Y de un porrazo, el 31 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la regresó a la realidad.

Al artículo 11, fracción III, ocho de los 11 ministros le suprimieron la sandez de que son veracruzanos “las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano”.

Lo de los hijos veracruzanos simplemente valió.

Y todo volvió a la normalidad.

La inmoralidad de la zacatecana es de grandes ligas. Usó a sus hijas como argumento legal. Primero, en 2016, esgrimió ante el Órgano Público Local Electoral de Veracruz que demandaba su condición de veracruzana por el sólo hecho de que sus hijas y esposo, el célebre Pepe Peña, el terror del Amaranto, nacieron en suelo jarocho.

Pretendía ser “ciudadana veracruzana para votar y ser votada para el cargo de gobernadora del Estado de Veracruz”.

El OPLE no le dijo ni sí ni no. Entonces acudió al Tribunal Electoral de Veracruz y ahí resolvieron que debía ser el OPLE el que determinara si Rocío Nahle era derechosa a la condición de “ciudadana veracruzana”. Ya no le movió más.

Consumó el atraco el 2 de agosto de 2022. Y el caso se remitió a la Suprema Corte donde los supremos ministros acabaron con el sueño de la zacatecana de ostentarse como nativa de Veracruz. En la Corte no le sirvió la bajeza de usar el argumento de las hijas jarochas.

Si los gatos tienen siete vidas, Rocío Nahle tiene siete tretas. No bien se emitía la resolución, aplicó su Plan B. De inmediato subió a las redes sociales un alegato de consolación: “Como ‘Senadora de la República por Veracruz’ y ‘Secretaria de Energía’ del Gobierno de México, estoy para servir a todos los mexicanos y a este movimiento de la #4T.

“Con satisfacción y orgullo informo que tengo 36 años de residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, donde he formado una familia y tengo mi hogar”.

Y en otra parte se engalla al estilo Nahle:

“Ahora el absurdo en la crítica; si me muevo para trabajar, si salgo a comprar al mercado, si mi casa es mi casa, si pago el recibo de la Luz, si los vecinos me vieron…, y cuanta ocurrencia.

Y cuatro fotos: en la cocina de la mansión, preparando el café, con las hijas jarochas, con las amigas, con Cuitláhuac, en el malecón.

Luego llevaría a su humilde mansión a Cuitláhuac García y le invitó un “desayuno veracruzano”.

Acá, en Veracruz, el clamor es de escándalo: si Nahle es capaz de aporrear la Constitución local, el día que sea gobernadora no dudará en atropellar los derechos de los veracruzanos.

Ser zacatecana sí es un escollo. Rocío Nahle lo sabe. El localismo cuenta y hay una proclama en que se resume todo: Veracruz para los veracruzanos.

Salvo Patricio Chirinos Calero, que nació en San Luis Potosí y tenía dos actas de nacimiento, una de Tamuín y otra de Pánuco, ningún otro gobernador de Veracruz ha sido nativo de otra entidad.

Nahle intenta una ruptura. Morena es el ariete. No acredita condición de “nativa” de Veracruz pero aplica su Plan B, la residencia efectiva.

La residencia efectiva se acredita. No se pierde cuando se desempeña un cargo de elección popular o comisión oficial, dice la Constitución General de la República.

Nahle fue diputada federal por Coatzacoalcos, de 2015 a 2018. Luego candidata al Senado, en 2018, para después pedir licencia y asumir como secretaria de Energía en el gobierno federal.

Hay voces que insisten en que perdió la residencia efectiva por su labor en la Secretaría de Energía y, sobre todo, la encomienda de construir la refinería Olmeca, en Dos Bocas. Falso. El cargo en Sener es “comisión oficial” y no por ello se pierde la continuidad de la residencia en Veracruz.

Tampoco es residente en Villahermosa, Tabasco, desde donde coordina los trabajos de la refinería Olmeca. Es “comisión oficial”. No deja de tener residencia efectiva en Coatzacoalcos, Veracruz.

Nahle habrá de terminar en los tribunales cuando se oficialice su candidatura al gobierno de Veracruz. Si le concede el registro el OPLE, la oposición impugnará en los tribunales. Si le niega el registro el OPLE, Morena acudirá a la justicia electoral.

Pero ahí puede ganar: si la oposición no tumba la candidatura, Nahle emergerá con mayor fuerza.

Sólo unos cuantos en la dupla PRI-PAN advierten la fragilidad de Rocío Nahle. Se le puede derrotar por cargar una buena cuota de negativos.

Su único reducto es el sur de Veracruz y ahí no hay un sólo proyecto macro del gobierno federal. El abandono es total. Prevalece la extorsión y la violencia. Hasta la Policía es atacada con bombas molotov. Se fugan capitales. Balean comercios. Cierran negocios. Huyen los empresarios y las inversiones no llegan. Y Nahle en la Luna.

Coatzacoalcos, su feudo, es un caos. La disputa de corrientes morenistas, los espacios de poder, el pleito por las obras y manoseo de contratos, estancaron al municipio. No hay peor enemigo de Morena que los morenistas. Y los seguidores de Rocío Nahle son un cáncer aparte.

Nahle tiene otro dilema. ¿Tenía o no facultades para construir la refinería Olmeca en Dos Bocas? Se arma un expediente para llevar a los tribunales la presunta violación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Pobre Rocío. Si supiera lo que está por venir. Si supiera que el fracaso de la Ley Nahle es pecatta minuta ante otras ilegalidades. Si supiera que el dilema no es acreditar residencia efectiva. Su carta de presentación es Dos Bocas, y es un fracaso total.

Entró en crisis y ella sabe por qué.

Dos niños acribillados, cuatro adultos ultimados, la pólvora, la sangre, la masacre en Las Bajadas y Cuitláhuac no atina a sustentar que “El Pino” era “jefe de plaza”. Y todo apunta a que no lo mató un cártel sino un comando parapoliciaco.

Dos menores cosidos a balas, la Ford Lobo con 500 impactos de bala, y el estruendo, y la saña de los matones, y el gobernador que un día atribuye la ejecución a una reacción del grupo criminal por el ataque a los bares de Poza Rica y luego acusa a Fernando Pérez Vega, “El Pino”, de morir por ordenar el levantón de la familia de un narco.

Un taxi tiroteado, asediado y perseguido por el comando civil —presuntos policías encubiertos— y en su interior “El Pino” inerte, ultimado cuando Fernando Pérez Vega se bajó de la Ford Lobo, abordó el vehículo de alquiler, quiso atraer a los matones, intentando alejar al grupo armado de la Ford Lobo en que viajaba su familia.

Y la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns, trastabillando, titubeando, afirmando que hay seis detenidos pero aún indaga si tienen que ver con la masacre de Las Bajadas, municipio de Veracruz. O sea, los aprehende y no sabe si tienen responsabilidad.

Y así el guión de la ejecución del “Pino” Pérez Vega y los pasos perdidos de Cuitláhuac García, que primero criminaliza, enloda y agrede, le carga la mano al muerto, y luego ve si le cuadra la versión.

¿Quién mató al “Pino”? ¿Un grupo criminal o un comando parapoliciaco? ¿Y por qué?

Y si fue un comando parapoliciaco, ¿por qué le carga la autoría al Cártel Jalisco Nueva Generación?

Extremadamente acelerado, el gobernador brinca de un móvil a otro, asumiendo tareas de fiscal, construyendo la fábula oficial donde “El Pino” Pérez Vega es el malo, sus ejecutores también son malos, el hermano del “Pino”, Reveriano Pérez, también adolece de maldad, y la única bondad, color Morena, repta por los pasillos de palacio de Gobierno en Xalapa.

Son ya ocho días. Cuitláhuac, el gobernador de Veracruz, enreda el enredo. Presume la razón del crimen —el móvil, la motivación—, identifica a los sicarios, corrige la coartada inicial, cambia de sicarios y no deja de repetir que “El Pino” Pérez Vega era jefe de plaza.

Pero entre Fernando Pérez Vega y Cuitláhuac hay historia. Y nada cordial.

Al “Pino” le cerró la puerta en su intento de ser alcalde de Coxquihui, municipio enclavado en el Totonacapan, en 2021. Pretendía ser candidato de Morena y la negativa fue tajante.

Cuitláhuac traía un acuerdo con Reveriano Pérez Vega, alias “El Pelón”, acusado en los tiempos de Miguel Ángel Yunes Linares de ser líder del grupo delincuencial Los Pelones. Yunes llegó a ofrecer un millón de pesos a quien aportara datos que llevaran a su captura.

“El Pelón” ya tenía cuerda en esos menesteres. Dos veces fue alcalde de Coxquihui bajo las siglas del PRI. Criminal o no, contaba con base social y lo que no lograba por la buena lo obtenía por la mala. Con Yunes no se entendió aunque hay versiones que apuntan a que lo traicionó. Reveriano y “El Pino” se la jugaron con Morena y le aportaron votos a Cuitláhuac García.

Cuando Yunes Linares dejó la gubernatura, en 2018, “El Pelón Pérez Vega siguió sintiendo el asedio del fiscal yunista, Jorge Winckler Ortiz, quien aún se mantenía en el cargo. Winckler lo encarceló pero a la semana los jueces del obradorismo, ya controlados por Cuitláhuac García y su secretario el Gobierno, el sátrapa Eric Cisneros Burgos, le concedieron la libertad.

Así llegó a la elección de 2021. Fernando “El Pino” Pérez Vega presionaba para ser candidato de Morena. Tocaba puertas y buscaba padrinos. El mismo Cuitláhuac García confirmó esa versión una vez que una fotografía en que aparece con el “jefe de plaza” inundó las redes sociales.

“Sí sé de la fotografía —dijo Cuitláhuac—. Fue en el 2020 me parece y no fue candidato nuestro. Obviamente andaba buscando postularse en el 2021 pero pues no fue admitido en nuestro movimiento… entonces logró cabida en Fuerza por México y compitió por Fuerza por México”.

Morena postuló a Claudia León Mejía, esposa de Reveriano. En respuesta, «El Pino” Pérez Vega contendió como candidato de Fuerza por México. Ninguno ganó. Al dividir al morenismo, el triunfo fue para el panista Juan Pablo Gómez Mendoza; “El Pino” en segundo y Morena cayó al tercer lugar.

Otro dato: no es “El Pino” quien aparece en los reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, revelados por el colectivo Guacamaya. La banda señalada es la que encabeza “El Pelón” Pérez Vega, aliado de Cuitláhuac y Eric Cisneros.

Los reportes hackeados advierten que el gobierno de Cuitláhuac García protege a organizaciones delictivas. Señala concretamente a Reveriano como cabeza de “Los Pelones” y su zona de influencia abarca los municipios de Chumatlán, Mecatlán, Zozocolco, Coahuitlán y Filomeno Mata.

El reporte es contundente: Veracruz es tierra de disputa entre los cárteles Jalisco Nueva Generación, el de mayor presencia en esa zona, Del Pacífico o Sinaloa, Zetas Vieja Escuela, Grupo Sombra, Del Golfo y Los Pelones. Este último, morenista y con el manto protector del gobernador.

A Reveriano “El Pelón” Pérez Vega se le categoriza como uno de los 17 generadores de violencia a los que el Ejército da seguimiento puntual. Carga con señalamientos de trasiego de droga, portación de armas, robo de combustible, secuestro, extorsión, ejecuciones y tráfico de migrantes.

Dato contundente: a la esposa de Reveriano es a quien Morena hizo candidata a la alcaldía de Coxquihui, no al “Pino” Pérez Vega. Para entonces ya sabían de las múltiples acusaciones contra Reveriano. El pacto de Cuitláhuac con “Los Pelones” comenzó en 2018. Un pacto de sangre y poder.

El guión criminal se fue cumpliendo en la humanidad del “Pino”. El 22 de noviembre de 2022, una denuncia anónima advertía la presencia de hombres armados en la carretera Oriente Medio Día-Coxquihui-Zozocolco. Seguridad Pública y Ejército realizaron un operativo en el rancho Niño de Oro, que resultó ser propiedad de Fernando Pérez Vega. Pero no aprehendieron a nadie.

La temperatura aumentó. El 23 de noviembre fue levantado el comandante policíaco José Luis Quinto Lorenzo, en El Encinal. Y entonces hubo montaje.

Junto a sus restos fue dejada una manta. En ella señalaban que Quinto Lorenzo fungía como “halcón” del “Pino”, el que daba el pitazo de operativos y realizaba el cobro de piso y extorsiones.

El guión incluyó la difusión de un video en el que Quinto Lorenzo, presionado por  criminales que lo tenían en su poder, señalaba que Fernando Pérez Vega en actividades delictivas. “El Pino” refutó:

“Todo se trata de un golpe político ya que a las personas señaladas entre ellas mi persona somos de distintos colores partidistas pero de la ideología obradorista, pero a ciertos y conocidos actores que no comulgan con esa corriente ni los mencionan”.

A partir de ahí Cuitláhuac García acrecentó el embate. Tras el ataque a bares de Poza Rica con saldo de una decena de muertos, el gobernador advertía que El Pino era señalado como “jefe plaza”. Le estaba cobrando la derrota de Morena en Coxquihui, en 2021.

Y el 23 de enero de 2023, el ataque final. “El Pino” y su familia fueron masacrados en Las Bajadas.

Cuitláhuac atribuyó la ola de violencia en Poza Rica al grupo delincuencial Los Escorpiones. Luego se filtró que el móvil sería el asesinato de un comandante cercano a Víctor Hugo Delgado Rentería o Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, mando en el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ahora Cuitláhuac García atribuye la ejecución del “Pino” Pérez Vega y su familia a una venganza. Acusó a “Pino” de levantar a la familia del “Guacho”, un narco del CJNG, y en venganza éste ultimó al “Pino”, su esposa, dos hijos, una sobrina y el maestro rural que quedó al volante de la Ford Lobo.

Y así los desvaríos del gobernador.

“El Pino” se movía libremente, con familia. El 23 de enero acudió a Boca del Río. Acompañó al líder nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado, y el estatal, Eduardo “Tato” Vega, en la conferencia de prensa en que exigían al gobernador dejar de criminalizar políticos.

Al alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua, asesinado el 30 de diciembre, Cuitláhuac le atribuyó vínculos con grupos criminales. Por ese caso, Fuerza por México lo confrontó.

Horas después, sobre Las Bajadas, a medio kilómetro de la base aeronaval de Veracruz, ocurrió la masacre. Y desde entonces Cuitláhuac no termina de cuadrar el guión.

Mucho narco y todo apunta a que los ejecutó un comando parapoliciaco.

Archivo muerto

Inminente sanción a Arturo Delgadillo, director general de Obras Públicas. Contraloría Municipal halló evidencia de tres infracciones, una de ellas por demás grave: nepotismo, contratos de obra a cambio de dádivas y dar acceso a documentos oficiales a personas ajenas al ayuntamiento de Coatzacoalcos.

La investigación, realizada a lo largo de dos meses, deriva de la denuncia presentada por la Sociedad Mexicana de Industriales Transformadores de la Construcción, acreditando con testimonios contundentes y huellas de transferencias bancarias, la entrega de cientos de miles de pesos que Delgadillo Medina y su círculo cercano exigía con la promesa de asignar obras. Otro parte de la denuncia versa sobre la designación de Víctor Manuel Mendoza Villegas como supervisor de Obras Públicas, teniendo como jefe inmediato al director de Obras, Onésimo Mendoza Flores. Se le responsabiliza de un tercer cargo: Arturo Delgadillo contrató los servicios de una firma especializada en el análisis del acta de entrega-recepción con la administración del ex alcalde, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, sin contar con contrato pero dando acceso de la documentación al personal de esa empresa, el cual realizó su labor en las instalaciones de Obras Públicas como consta en una docena de fotografías.

Sólo falta saber cuál cabeza rodará: la de Delgadillo o la de su subalterno, Onésimo Mendoza… Apagada, Nahle ya no habla de su enorme amor a Veracruz. Habla, poco, pero habla de Dos Bocas; de que se inunda pero no mucho, o que se llena de lluvia pero al rato se seca, o que la refinería le está quedando maravillosa. No habla de lo único importante: el sobrecosto, unos 10 mil millones de dólares más del presupuesto original. Nahle no habla de los tres años en que prometió estaría construida la magna obra del obradorismo y sigue con el chamaco atorado. No habla, por supuesto, de cómo le vio la cara y le tomó el pelo a López Obrador.

Ofrece, eso sí, el primer litro de gasolina para el 1 de julio de 2023. O sea, un año después de la mascarada de inauguración estando la obra inconclusa.

Pero no se trata de que sea procesado el primer litro de combustible sino los 340 mil barriles diarios que la secretaria de Energía prometió y con lo cual mareó a Andrés Manuel López Obrador, el mesiánico, para palomearle el jugoso negocio en el que no tardaría en meter a la runfla completa de los sedicentes defensores de la industria petrolera, que la circundan desde que la zacatecana fingía y simulaba, vestida como obrera y hasta con casco, pero sin contrato, ser empleada de Petróleos Mexicanos, allá por los años 90 y principio de los 2000. Día que pase, día que transcurra, sin que Dos Bocas cristalice, la candidatura de Rocío Nahle al gobierno de Veracruz se esfuma. Su ausencia, su silencio, sus declaraciones chicharroneras sobre su amor a Veracruz, son nada mientras la refinería esté inconclusa, las plantas sin interconectar, la planta cogeneradora de energía a medio gas.

Dos Bocas terminó siendo el Waterloo de la oriunda de Río Grande, Zacatecas, a la que amplios sectores no quieren en Veracruz… No hay mayor súbdito que Gersaín Hidalgo. Siendo regidor ve al alcalde Amado Cruz Malpica como “patrón”. Siendo integrante del cabildo, no se da su lugar. Brocha en mano, la pintura al alcance, sólo le falta una escoba y un mandil para barrer las instalaciones de la Expo Feria Coatzacoalcos. Es un milusos cualquiera.

Hace la talacha con una veintena de incondicionales de los que dice, “es personal de la Regiduría Novena”. ¿Habrá puesto a chapear, a raspar, a pintar, a las secretarias y a los ayudantes de oficina? Gersaín Hidalgo Cruz, líder “moral” del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Coatzacoalcos —antes SUEM— se mostró servil con el alcalde morenista desde el primer día.

Lo mismo arengaba al gremio a aplaudir que a exaltar la figura de Amado Cruz, postrándose a sus pies. Un año después, está peor. Ahora es pintor, barrendero, plomero y albañil, que nada tiene de indigno en quienes se dedican a ese oficio, pero lo es en este “líder sindical” que no hace mucho, en el desgobierno de Víctor Manuel Carranza Rosaldo, salió a defender la causa de su gente, tomó las calles, alzó la voz, cerró las entradas de la ciudad, bloqueó el túnel sumergido y amagó con quemar el palacio municipal por atropellos laborales.

De aquel león sólo queda un ratón. Y en las redes lo destrozan. De “vividor”, que “vende a la gente”, el que “se lleva los bonos”, o “sinvergüenza oportunista”, no lo bajan. La tunda es de antología… ¿Quién es esa funcionaria municipal que literalmente “cobra piso” a los emprendedores que recurrentemente se asientan en el Parque Independencia para comercializar su productos, arguyendo que la dádiva es para Samuel Ordaz, secretario del Ayuntamiento de Coatzacoalcos? Está identificada ella y la prueba del método con el que extorsiona es irrefutable…