Diplomáticos de alto rango de Gran Bretaña, Ecuador y Estados Unidos habrían negociado un pacto secreto durante 10 meses para arrestar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en un operativo policiaco en la embajada ecuatoriana en Londres.
Funcionarios de los tres países, asesorados por juristas expertos en tratados internacionales, mantuvieron una serie de conversaciones para poner fin al asilo de Assange, quien pasó 2 mil 487 días refugiado en la sede diplomática.
Con el arresto del australiano de 47 años culminó el proceso que el 4 de junio de 2018 inició el ministro del Foreign Office británico para América Latina, sir Alan Duncan. Este funcionario conservador, que antes fue ministro para Desarrollo Internacional, está muy conectado con los servicios secretos británicos.
Señalan que Alan Duncan mantuvo varias conversaciones con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador y con el presidente Lenín Moreno. Varios de los encuentros se llevaron a cabo en la sede del Foreign Office, en el barrio gubernamental de Westminster.
Funcionarios británicos y ecuatorianos realizaron teleconferencias secretas con la sede del Departamento de Estado en Washington para discutir el futuro de Assange.
La primera etapa de negociaciones la realizaron diplomáticos británicos y ecuatorianos, de junio a diciembre del año pasado.
En Londres pidió a Washington garantizar que en caso de que Assange fuera extraditado a Estados Unidos por delitos de espionaje, no enfrentara la pena de muerte.
El gobierno de Donald Trump se negó a dar esas garantías, pero a comienzos de abril las cedió y el pacto fue sellado.
Así lo admitió Duncan en entrevista con el periódico del establishment inglés, The Daily Telegraph, que la publicó el 12 de abril y tomó por sorpresa al gobierno británico. “Nosotros no extraditamos a ninguna persona a un país donde pueda enfrentar la pena de muerte sin antes recibir garantías de rutina. Esa ha sido siempre nuestra política oficial”, dijo.
Duncan, que entre 2009 y 2010 fue ministro para las prisiones, indicó que Assange podría cumplir primero una pena de hasta un año en una cárcel británica por violar en 2012 la libertad condicional que le impuso una corte inglesa, antes de enfrentar su posible extradición, ya fuera a Suecia –que podría solicitarla por los cargos de violación a dos mujeres– o a Estados Unidos, por espionaje.
El jurista Thomas Garner, uno de los principales expertos británicos en extradición, explicó al Telegraph que dicho proceso no comenzará antes de un año: “La corte aquí en el Reino Unido se tomará su tiempo para evaluar las razones del pedido de extradición. Ese proceso podría llevar meses y hasta un año. No habrá ‘extradición exprés’”.
En una presentación ante el Congreso de su país el mismo día del arresto de Assange, el canciller ecuatoriano José Valencia dijo que el asilo fue revocado por nueve razones, entre ellas la intervención del australiano en asuntos internos de otros Estados, su mal comportamiento y falta de respeto hacia Ecuador; amenazas del asilado contra el Estado ecuatoriano y su embajada en el Reino Unido, además de que su condición de salud “es motivo de preocupación”.
Valencia también dijo que la posición del Reino Unido, “que se ha mantenido inalterable desde el 2012”, es que el asilo diplomático “no es un instrumento para evadir la justicia”, el hecho de que hasta el momento del arresto no existiera pedido alguno de extradición; las garantías suficientes “por parte del Reino Unido de que no será extraditado a un país en el que se le aplique la pena de muerte o sufra tratos inhumanos o degradantes”, y finalmente “inconsistencias en su naturalización”.
Sobre el mal comportamiento, Valencia dijo que Assange usaba una patineta y jugaba futbol dentro de la embajada, maltrataba y amenazaba al personal diplomático e incluso llegó a pelear físicamente con agentes de seguridad.
Asimismo, señaló, “acusaba permanentemente al personal de la embajada de espiarlo o filmarlo” presionado por Estados Unidos, y en lugar de agradecer a Ecuador por casi siete años de asilo lanzó “una avalancha de críticas” contra su gobierno. Añadió que la permanencia de Assange en la embajada le costó a Ecuador al menos 5.8 millones de dólares en seguridad entre 2012 y 2018, así como cerca de 400 mil dólares en tratamientos médicos, alimentos, lavado de ropa y gastos adicionales.
En un mensaje grabado el jueves 11, el presidente Lenín Moreno acusó a Assange de violar “las generosas condiciones de asilo ofrecidas por Ecuador” e “inmiscuirse” en asuntos internos de otros países. Lo acusó de instalar equipos electrónicos de escucha prohibidos en la embajada y de conocer sin permiso “documentos de seguridad de la embajada”.
La gota que derramó el vaso, según Moreno, fue que Wikileaks “amenazó directamente al gobierno de Ecuador” el 9 de abril, día en que el equipo legal de Assange dio una conferencia de prensa en Madrid, en la cual acusó a las autoridades ecuatorianas de espiarlo.
En 2017 Lenín Moreno ganó por escasa mayoría la elección presidencial de Ecuador. Su predecesor, el izquierdista Rafael Correa, había dado a Assange el asilo con todas las garantías constitucionales. Pero desde que Moreno se proclamó ganador fue muy crítico con Assange. Al enterarse del retiro del asilo al fundador de Wikileaks, Correa calificó en su cuenta de Twitter a Lenín Moreno como “el mayor traidor de la historia en Ecuador y América Latina”.
(Con información de Proceso)
