El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer que respaldan el memorándum firmado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y reafirmó que este responde al compromiso de la Cuarta Transformación de priorizar el derecho a la educación de las y los mexicanos, y de acabar con el régimen de terror que instauró la reforma educativa impulsada en 2012.
Rechazó que exista contraposición entre las medidas administrativas inmediatas que tomará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el proceso de consulta y diálogo legislativo que está en curso en las Cámaras del Congreso.
“Las y los senadores de Morena escuchamos y coincidimos con el Presidente en la urgencia de revocar los efectos perniciosos de la reforma educativa, por lo que el Congreso agotará todas las vías de diálogo y negociación necesarias para tener cuanto antes una legislación que no sólo corrija los errores cometidos, sino que dignifique a cada uno de los actores que intervienen en los procesos educativos: madres y padres de familia, directivos, docentes y, sobre todo, niñas, niños y jóvenes de nuestro país”.
Se comprometió a mantener el curso en las Cámaras, donde atenderán los planteamientos expresados en el memorándum firmado.
Indicó que es tiempo de dejar de mirar hacia el pasado, y construir los acuerdos que deriven en una reforma que materialice la educación que merecen las y los mexicanos, sin que en ello se comprometan los derechos y libertades del magisterio nacional.
“Nuestra apuesta es por los derechos humanos, por el diálogo, por las instituciones democráticas y por el Estado de derecho. Que no haya duda de que los Poderes Ejecutivo y Legislativo estarán a la altura de este compromiso”.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, defendió la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de emitir un memorándum que anula en los hechos la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto.
Monreal Avila, en un comunicado arma que el memorándum presidencial no obstruye el proceso legislativo que se sigue para reemplazar las reglas aprobadas en 2013.
