El ex sub procurador de Justicia, Jorge Yunis Manzanares dijo que la titular de la Secretaria del Trabajo, Guadalupe Argüelles Lozano, enfrentarían la inhabilitación para ejercer un cargo público y una multa de alrededor de ocho mil pesos, esto por incurrir un presupuesto acto de nepotismo al incluir a su hija como empleada de la dependencia.
Indicó se trata de un acto de ilegalidad conocido como nepotismo y está tipificado cono una falta administrativa en la Ley de Responsabilidad de Servicios Públicos en el estado, esto en especial en los artículos 46 y 53 de dicha ley y dice lo siguiente: Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan.
Mediante un audio que se filtró a la prensa, se puede escuchar a la titular de la secretaria del Trabajo presumir los logros y experiencia de su hija Quetzalli Cárdenas Argüelles ante los empleados de esa dependencia, como Jefa del Departamento Jurídico y Amparos.
Yunis Manzanares, indicó que de acuerdo a la ley se establece que cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daños y perjuicios, será de seis meses a tres años si el monto de aquéllos no excede de cien veces el salario mínimo mensual vigente en la zona económica donde preste sus servicios el servidor público y de tres a diez años si excede de dicho límite.
Las sanciones por falta administrativa consistirán en: apercibimiento privado o público, amonestación privada o pública, suspensión, destitución del puest, sanción económica, cuando se haya causado un daño patrimonial u obtenido un lucro e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público