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Dos niños acribillados, cuatro adultos ultimados, la pólvora, la sangre, la masacre en Las Bajadas y Cuitláhuac no atina a sustentar que “El Pino” era “jefe de plaza”. Y todo apunta a que no lo mató un cártel sino un comando parapoliciaco.

Dos menores cosidos a balas, la Ford Lobo con 500 impactos de bala, y el estruendo, y la saña de los matones, y el gobernador que un día atribuye la ejecución a una reacción del grupo criminal por el ataque a los bares de Poza Rica y luego acusa a Fernando Pérez Vega, “El Pino”, de morir por ordenar el levantón de la familia de un narco.

Un taxi tiroteado, asediado y perseguido por el comando civil —presuntos policías encubiertos— y en su interior “El Pino” inerte, ultimado cuando Fernando Pérez Vega se bajó de la Ford Lobo, abordó el vehículo de alquiler, quiso atraer a los matones, intentando alejar al grupo armado de la Ford Lobo en que viajaba su familia.

Y la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns, trastabillando, titubeando, afirmando que hay seis detenidos pero aún indaga si tienen que ver con la masacre de Las Bajadas, municipio de Veracruz. O sea, los aprehende y no sabe si tienen responsabilidad.

Y así el guión de la ejecución del “Pino” Pérez Vega y los pasos perdidos de Cuitláhuac García, que primero criminaliza, enloda y agrede, le carga la mano al muerto, y luego ve si le cuadra la versión.

¿Quién mató al “Pino”? ¿Un grupo criminal o un comando parapoliciaco? ¿Y por qué?

Y si fue un comando parapoliciaco, ¿por qué le carga la autoría al Cártel Jalisco Nueva Generación?

Extremadamente acelerado, el gobernador brinca de un móvil a otro, asumiendo tareas de fiscal, construyendo la fábula oficial donde “El Pino” Pérez Vega es el malo, sus ejecutores también son malos, el hermano del “Pino”, Reveriano Pérez, también adolece de maldad, y la única bondad, color Morena, repta por los pasillos de palacio de Gobierno en Xalapa.

Son ya ocho días. Cuitláhuac, el gobernador de Veracruz, enreda el enredo. Presume la razón del crimen —el móvil, la motivación—, identifica a los sicarios, corrige la coartada inicial, cambia de sicarios y no deja de repetir que “El Pino” Pérez Vega era jefe de plaza.

Pero entre Fernando Pérez Vega y Cuitláhuac hay historia. Y nada cordial.

Al “Pino” le cerró la puerta en su intento de ser alcalde de Coxquihui, municipio enclavado en el Totonacapan, en 2021. Pretendía ser candidato de Morena y la negativa fue tajante.

Cuitláhuac traía un acuerdo con Reveriano Pérez Vega, alias “El Pelón”, acusado en los tiempos de Miguel Ángel Yunes Linares de ser líder del grupo delincuencial Los Pelones. Yunes llegó a ofrecer un millón de pesos a quien aportara datos que llevaran a su captura.

“El Pelón” ya tenía cuerda en esos menesteres. Dos veces fue alcalde de Coxquihui bajo las siglas del PRI. Criminal o no, contaba con base social y lo que no lograba por la buena lo obtenía por la mala. Con Yunes no se entendió aunque hay versiones que apuntan a que lo traicionó. Reveriano y “El Pino” se la jugaron con Morena y le aportaron votos a Cuitláhuac García.

Cuando Yunes Linares dejó la gubernatura, en 2018, “El Pelón Pérez Vega siguió sintiendo el asedio del fiscal yunista, Jorge Winckler Ortiz, quien aún se mantenía en el cargo. Winckler lo encarceló pero a la semana los jueces del obradorismo, ya controlados por Cuitláhuac García y su secretario el Gobierno, el sátrapa Eric Cisneros Burgos, le concedieron la libertad.

Así llegó a la elección de 2021. Fernando “El Pino” Pérez Vega presionaba para ser candidato de Morena. Tocaba puertas y buscaba padrinos. El mismo Cuitláhuac García confirmó esa versión una vez que una fotografía en que aparece con el “jefe de plaza” inundó las redes sociales.

“Sí sé de la fotografía —dijo Cuitláhuac—. Fue en el 2020 me parece y no fue candidato nuestro. Obviamente andaba buscando postularse en el 2021 pero pues no fue admitido en nuestro movimiento… entonces logró cabida en Fuerza por México y compitió por Fuerza por México”.

Morena postuló a Claudia León Mejía, esposa de Reveriano. En respuesta, «El Pino” Pérez Vega contendió como candidato de Fuerza por México. Ninguno ganó. Al dividir al morenismo, el triunfo fue para el panista Juan Pablo Gómez Mendoza; “El Pino” en segundo y Morena cayó al tercer lugar.

Otro dato: no es “El Pino” quien aparece en los reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, revelados por el colectivo Guacamaya. La banda señalada es la que encabeza “El Pelón” Pérez Vega, aliado de Cuitláhuac y Eric Cisneros.

Los reportes hackeados advierten que el gobierno de Cuitláhuac García protege a organizaciones delictivas. Señala concretamente a Reveriano como cabeza de “Los Pelones” y su zona de influencia abarca los municipios de Chumatlán, Mecatlán, Zozocolco, Coahuitlán y Filomeno Mata.

El reporte es contundente: Veracruz es tierra de disputa entre los cárteles Jalisco Nueva Generación, el de mayor presencia en esa zona, Del Pacífico o Sinaloa, Zetas Vieja Escuela, Grupo Sombra, Del Golfo y Los Pelones. Este último, morenista y con el manto protector del gobernador.

A Reveriano “El Pelón” Pérez Vega se le categoriza como uno de los 17 generadores de violencia a los que el Ejército da seguimiento puntual. Carga con señalamientos de trasiego de droga, portación de armas, robo de combustible, secuestro, extorsión, ejecuciones y tráfico de migrantes.

Dato contundente: a la esposa de Reveriano es a quien Morena hizo candidata a la alcaldía de Coxquihui, no al “Pino” Pérez Vega. Para entonces ya sabían de las múltiples acusaciones contra Reveriano. El pacto de Cuitláhuac con “Los Pelones” comenzó en 2018. Un pacto de sangre y poder.

El guión criminal se fue cumpliendo en la humanidad del “Pino”. El 22 de noviembre de 2022, una denuncia anónima advertía la presencia de hombres armados en la carretera Oriente Medio Día-Coxquihui-Zozocolco. Seguridad Pública y Ejército realizaron un operativo en el rancho Niño de Oro, que resultó ser propiedad de Fernando Pérez Vega. Pero no aprehendieron a nadie.

La temperatura aumentó. El 23 de noviembre fue levantado el comandante policíaco José Luis Quinto Lorenzo, en El Encinal. Y entonces hubo montaje.

Junto a sus restos fue dejada una manta. En ella señalaban que Quinto Lorenzo fungía como “halcón” del “Pino”, el que daba el pitazo de operativos y realizaba el cobro de piso y extorsiones.

El guión incluyó la difusión de un video en el que Quinto Lorenzo, presionado por  criminales que lo tenían en su poder, señalaba que Fernando Pérez Vega en actividades delictivas. “El Pino” refutó:

“Todo se trata de un golpe político ya que a las personas señaladas entre ellas mi persona somos de distintos colores partidistas pero de la ideología obradorista, pero a ciertos y conocidos actores que no comulgan con esa corriente ni los mencionan”.

A partir de ahí Cuitláhuac García acrecentó el embate. Tras el ataque a bares de Poza Rica con saldo de una decena de muertos, el gobernador advertía que El Pino era señalado como “jefe plaza”. Le estaba cobrando la derrota de Morena en Coxquihui, en 2021.

Y el 23 de enero de 2023, el ataque final. “El Pino” y su familia fueron masacrados en Las Bajadas.

Cuitláhuac atribuyó la ola de violencia en Poza Rica al grupo delincuencial Los Escorpiones. Luego se filtró que el móvil sería el asesinato de un comandante cercano a Víctor Hugo Delgado Rentería o Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, mando en el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ahora Cuitláhuac García atribuye la ejecución del “Pino” Pérez Vega y su familia a una venganza. Acusó a “Pino” de levantar a la familia del “Guacho”, un narco del CJNG, y en venganza éste ultimó al “Pino”, su esposa, dos hijos, una sobrina y el maestro rural que quedó al volante de la Ford Lobo.

Y así los desvaríos del gobernador.

“El Pino” se movía libremente, con familia. El 23 de enero acudió a Boca del Río. Acompañó al líder nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado, y el estatal, Eduardo “Tato” Vega, en la conferencia de prensa en que exigían al gobernador dejar de criminalizar políticos.

Al alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua, asesinado el 30 de diciembre, Cuitláhuac le atribuyó vínculos con grupos criminales. Por ese caso, Fuerza por México lo confrontó.

Horas después, sobre Las Bajadas, a medio kilómetro de la base aeronaval de Veracruz, ocurrió la masacre. Y desde entonces Cuitláhuac no termina de cuadrar el guión.

Mucho narco y todo apunta a que los ejecutó un comando parapoliciaco.

Archivo muerto

Inminente sanción a Arturo Delgadillo, director general de Obras Públicas. Contraloría Municipal halló evidencia de tres infracciones, una de ellas por demás grave: nepotismo, contratos de obra a cambio de dádivas y dar acceso a documentos oficiales a personas ajenas al ayuntamiento de Coatzacoalcos.

La investigación, realizada a lo largo de dos meses, deriva de la denuncia presentada por la Sociedad Mexicana de Industriales Transformadores de la Construcción, acreditando con testimonios contundentes y huellas de transferencias bancarias, la entrega de cientos de miles de pesos que Delgadillo Medina y su círculo cercano exigía con la promesa de asignar obras. Otro parte de la denuncia versa sobre la designación de Víctor Manuel Mendoza Villegas como supervisor de Obras Públicas, teniendo como jefe inmediato al director de Obras, Onésimo Mendoza Flores. Se le responsabiliza de un tercer cargo: Arturo Delgadillo contrató los servicios de una firma especializada en el análisis del acta de entrega-recepción con la administración del ex alcalde, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, sin contar con contrato pero dando acceso de la documentación al personal de esa empresa, el cual realizó su labor en las instalaciones de Obras Públicas como consta en una docena de fotografías.

Sólo falta saber cuál cabeza rodará: la de Delgadillo o la de su subalterno, Onésimo Mendoza… Apagada, Nahle ya no habla de su enorme amor a Veracruz. Habla, poco, pero habla de Dos Bocas; de que se inunda pero no mucho, o que se llena de lluvia pero al rato se seca, o que la refinería le está quedando maravillosa. No habla de lo único importante: el sobrecosto, unos 10 mil millones de dólares más del presupuesto original. Nahle no habla de los tres años en que prometió estaría construida la magna obra del obradorismo y sigue con el chamaco atorado. No habla, por supuesto, de cómo le vio la cara y le tomó el pelo a López Obrador.

Ofrece, eso sí, el primer litro de gasolina para el 1 de julio de 2023. O sea, un año después de la mascarada de inauguración estando la obra inconclusa.

Pero no se trata de que sea procesado el primer litro de combustible sino los 340 mil barriles diarios que la secretaria de Energía prometió y con lo cual mareó a Andrés Manuel López Obrador, el mesiánico, para palomearle el jugoso negocio en el que no tardaría en meter a la runfla completa de los sedicentes defensores de la industria petrolera, que la circundan desde que la zacatecana fingía y simulaba, vestida como obrera y hasta con casco, pero sin contrato, ser empleada de Petróleos Mexicanos, allá por los años 90 y principio de los 2000. Día que pase, día que transcurra, sin que Dos Bocas cristalice, la candidatura de Rocío Nahle al gobierno de Veracruz se esfuma. Su ausencia, su silencio, sus declaraciones chicharroneras sobre su amor a Veracruz, son nada mientras la refinería esté inconclusa, las plantas sin interconectar, la planta cogeneradora de energía a medio gas.

Dos Bocas terminó siendo el Waterloo de la oriunda de Río Grande, Zacatecas, a la que amplios sectores no quieren en Veracruz… No hay mayor súbdito que Gersaín Hidalgo. Siendo regidor ve al alcalde Amado Cruz Malpica como “patrón”. Siendo integrante del cabildo, no se da su lugar. Brocha en mano, la pintura al alcance, sólo le falta una escoba y un mandil para barrer las instalaciones de la Expo Feria Coatzacoalcos. Es un milusos cualquiera.

Hace la talacha con una veintena de incondicionales de los que dice, “es personal de la Regiduría Novena”. ¿Habrá puesto a chapear, a raspar, a pintar, a las secretarias y a los ayudantes de oficina? Gersaín Hidalgo Cruz, líder “moral” del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Coatzacoalcos —antes SUEM— se mostró servil con el alcalde morenista desde el primer día.

Lo mismo arengaba al gremio a aplaudir que a exaltar la figura de Amado Cruz, postrándose a sus pies. Un año después, está peor. Ahora es pintor, barrendero, plomero y albañil, que nada tiene de indigno en quienes se dedican a ese oficio, pero lo es en este “líder sindical” que no hace mucho, en el desgobierno de Víctor Manuel Carranza Rosaldo, salió a defender la causa de su gente, tomó las calles, alzó la voz, cerró las entradas de la ciudad, bloqueó el túnel sumergido y amagó con quemar el palacio municipal por atropellos laborales.

De aquel león sólo queda un ratón. Y en las redes lo destrozan. De “vividor”, que “vende a la gente”, el que “se lleva los bonos”, o “sinvergüenza oportunista”, no lo bajan. La tunda es de antología… ¿Quién es esa funcionaria municipal que literalmente “cobra piso” a los emprendedores que recurrentemente se asientan en el Parque Independencia para comercializar su productos, arguyendo que la dádiva es para Samuel Ordaz, secretario del Ayuntamiento de Coatzacoalcos? Está identificada ella y la prueba del método con el que extorsiona es irrefutable…

Ya sólo falta que los ediles sean levantados, que sean mutilados, que sean embolsados. Porque las amenazas se van cumpliendo y a los enemigos se les persigue, se les acosa y se les refunde en las cárceles. Y ahí, en Sayula, prevalece el clima terror.

Ya sólo queda que se lleven a sus hijos, sus parejas, sus padres, amedrentándolos y vejándolos, y así someter al síndico y regidores y así hacerlos cómplices de la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas.

Al regidor Abimael Merino de los Santos se la aplicaron desde el seno de Morena, su partido, no por cuestiones legales, ni por ser repelente a la justicia. Lo entambaron por una venganza, urdida por el secretario de Gobierno, Eric “Bola 8” Cisneros, por andar metido en el proyecto presidencial de Adán Augusto López Hernández y no en el de Claudia Sheinbaum.

Le imputaron dos delitos y fueron por él. La Fiscalía que comanda la espuria Verónica Hernández Giadáns, de la cuadra política de Cisneros Burgos, lo detuvo por violencia psicológica y violencia de género contra la alcaldesa de Sayula.

A la par, diseminaron en redes sociales y medios adictos al atole de la Cuarta Transformación que Abimael Merino estaba imputado por haber orquestado la toma del palacio municipal, hace tres semanas, a manos de empleados que reclaman el pago de cinco quincenas de salario y el aguinaldo de 2022. Eso esparcieron pero oficialmente no fue así.

La madrugada del lunes 16, Lorena Sánchez Vargas se quiso vestir de luces. Se creyó Manolete. Sintió que podía con el toro y el toro la hizo volar. Envió a sus porros a la sede municipal. Iban encapuchados y armados con machetes, palos y tubos. Hay versiones que incluso llevaban pistolas. Los comandaba Modesta Clemente, operadora de la presidenta municipal.

Aquello fue un asalto. Un asalto fallido. O ir a ciegas tras el enemigo.

Los que iban a apalear arremetieron sin distingo. Más de una decena de mujeres fueron brutalmente golpeadas, pero resistieron. Se defendieron y repelieron el ataque. Al final, los agresores se largaron cargando la humillación. Y la que arengaba a los porros, Modesta Clemente, al primer embate aullaba pidiendo ayuda. Los videos registraron el nivel de violencia.

Y la Fuerza Civil, brazo represor de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, sólo observaba, sin intervenir, con pasividad cómplice.

Morena contra Morena en toda su expresión.

Un día más tarde —enero 17—, Abimael Merino fue aprehendido en Xalapa mientras desayunaba. Los esbirros de la fiscal espuria le ejecutaron una orden de aprehensión por violencia psicológica y violencia de género ejercido contra la vesánica Lorena Sánchez Vargas, la que a diario amenaza.

Se dijo entonces que no paró en la cárcel por algún agravio a la alcaldesa sino por la toma del palacio municipal, por resistir el ataque de los porros, por no ceder.

Pero hay un factor más, el de mayor peso: Abimael Merino, militante de Morena, promueve el proyecto de Adán Augusto López Hernández y no el Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y corcholata número uno del mesiánico López Obrador.

Un repaso por sus redes sociales lo retrata como fan de Adán Augusto. Difunde sus palabras, sus giras, sus encuentros políticos, la campaña anticipada del secretario de Gobernación.

Lo muestra en Boca del Río, en la plataforma Diálogos Ciudadanos, hablando de reforma electoral. Comparte eventos del sindicato minero, en Sonora. O en la Ciudad de México, en el Colegio del Notariado. O en Puebla, en Oaxaca, o en la conferencia mañanera con Andrés Manuel.

Todavía el 11 de enero, a las 7:03 de la mañana, Abimael Merino se veía sonriente junto a Adán Augusto López Hernández. Se tomó una selfie y la subió a Instagram. Y la redondeó: “Que siga López porque estamos Agusto”.

No tardaría en sentir la ira de Bola 8, la fuerza bruta, el aparato de poder sobre él.

Abimael Merino fue uno de los ediles, junto con el síndico Bartolo Grajales Lagunes, y los regidores Alicia María García Cruz, Zoila García Wandestrand y Juan Manuel Symor Gómez, que suscribieron el documento con el que renuncian a sus cargos y le piden al Congreso de Veracruz la desaparición de poderes en Sayula de Alemán y la instalación de un concejo municipal.

Sin ellos y sin sus suplentes, no hay cabildo. Y procede la extinción del ayuntamiento. Y en ese punto Eric Cisneros pierde el control de ese territorio, zona donde se trasiega droga a morir.

Sayula es el desvarío total. Morena, sus enanos políticos, Cuitláhuac y Bola 8, Lorena Sánchez Vargas y la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns, conjugando la mentira con la maniobra, el amago con la amenaza, la represión con la privación de la libertad.

Y se multiplican los daños colaterales. A unos los asesinan, a otros los encarcelan.

El primero fue Octavio Acosta, secretario particular de la alcaldesa Lorena Sánchez, ultimado el 28 de febrero de 2022 cuando realizaba un operativo para reubicar comerciantes. La presidenta municipal le atribuyó el crimen a un periodista de Acayucan, al que nada le pudo probar.

Al tesorero, Rafael González Cárdenas, le hicieron un montaje, aprehendiéndolo en la carretera que va de Acayucan a Sayula, el 6 de diciembre de 2022, sembrándole armas y droga, llevándolo a un sitio olvidado y obligándolo a disparar contra una patrulla de policía. Medio día estuvo desaparecido junto con su escolta. Y al final fue presentado bajo cargos que lo mantienen en prisión.

Rafael González se había opuesto a que la alcaldesa metiera mano al cajón. Y en una de esas se descubrió que la protegida de Eric Cisneros abrió cuentas bancarias con documentos apócrifos y firmas falsas. De ahí derivó el montaje y la aprehensión de Rafael.

Lorena Sánchez Vargas pretendió entonces imponer un tesorero a modo. El resto del cabildo se lo impidió. Eligieron para el cargo a una profesional solvente. La alcaldesa se negó a firmar el nombramiento y de inmediato cayeron sobre los familiares amenazas y denuncias penales.

No hay día que Lorena Sánchez Vargas no invoque el nombre de Eric Cisneros, su protector. No hay día que no difunda fotografías con él. Y no hay día que, en su nombre, no amenace a alguien.

El caso Sayula es radiografía de la podredumbre Morena.

Cuitláhuac García, el bailarín que cobra como gobernador de Veracruz, solapó todo. Cuando un grupo de sicarios irrumpió en la casa del ex tesorero Rafael González, afirmó que éste tenía nexos con grupos criminales. Nunca presentó evidencia.

Y con esa cantaleta estigmatizaron a los ediles incómodos. Pactaron, dice el secretario Bola 8, con una organización criminal. Pero como el teatro no tardaba en derrumbarse, ahora sostiene que también Lorena Sánchez Vargas entabló un pacto criminal.

La alevosía verbal de Eric Cisneros se mezcla con la cobardía. Antes llamaba por su nombre al empresario agricultor, Erasmo Vázquez González, y lo categorizaba como líder de un grupo criminal; ahora lo alude pero no se atreve a identificarlo.

Erasmo Vázquez, medio hermano del extinto líder ganadero, Cirilo Vázquez Lagunes, le pegó una arrastrada a Cisneros Burgos en la revista Proceso, exhibiendo el acoso, el amago de encarcelarlo pese a que fue quien aportó información para aprehender a cabecillas de células criminales.

Todos, según Bola 8, son parte de la delincuencia organizada. ¿Y si lo sabe, por qué no instó a la Fiscalía de Veracruz y Verónica Hernández Giadáns a actuar, a abrir las carpetas de investigación, a solicitar al Poder Judicial las órdenes de aprehensión?

Bola 8 va más allá. Los reconviene. Los insta a volver al camino del bien. ¿A quienes ha categorizado como parte de la delincuencia organizada? Dice que los ediles deben reconsiderar y romper el pacto criminal. ¿Y la aplicación de la ley? El enredo es fenomenal.

La última pieza del vodevil es el encarcelamiento del hermano de la alcaldesa y director del DIF, Eduardo Sánchez Vargas, el 20 de enero, por amenazas y ataques a la libertad de reunión y a la libertad de expresión. Le atribuyen ser el artífice del fallido desalojo del palacio municipal.

La mascarada les dio para difundir en medios y redes afines que con eso quedaba demostrado que el gobierno de Eric Cisneros y Cuitláhuac García —en ese orden— no protege a la edil.

Ya no saben cómo impedir que Sayula de Alemán se les vaya de las manos. Ya se vio que la alcaldesa Sánchez Vargas incurrió en varios delitos y está denunciada. Ya no ven cómo evitar que al no haber ediles en funciones, el Congreso estatal determine la desaparición de poderes. Ya no saben cómo ocultar su complicidad.

Y peor cuando el secretario Bola 8 enloquece.

Y el secretario Bola 8 enloqueció.

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Otro crimen y Cuitláhuac, de nuevo, en el epicentro del sismo. Fernando Pérez Vega, “El Pino”, junto con la cúpula nacional y estatal de Fuerza por México, había exigido justicia para el alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua, asesinado el 30 de diciembre de 2022. Horas después, un comando lo acribilló en las cercanías del aeropuerto Heriberto Jara, en Veracruz. “El Pino” viajaba con su familia. Tres vehículos lo asediaban. Conducía a velocidad de ráfaga hasta que la camioneta Ford Lobo se estrelló contra un poste de luz. De los otros automóviles descendieron sicarios, accionado sus armas y cosiéndolos a balazos. Murió “El Pino” Pérez Vega, su esposa e hijos, dos de ellos menores de edad. Y los matarifes se esfumaron.

Traía la etiqueta de generador de violencia en la zona del Totonacapan, categorizado así por el gobierno de Cuitláhuac García. Le imputaron los crímenes en Poza Rica de inicio de año. Y justo por esa criminalización, muy propia del gobernador y su banda de mercachifles, Fuerza por México fijó posición y lo conminó a dejar de implicar a políticos con grupos delincuenciales.

A Isauro Ambrosio Tocohua, quien era alcalde de Rafael Delgado bajo las siglas de Fuerza por México, Cuitláhuac le imputó nexos con la delincuencia, sosteniendo que eso habría provocado su ejecución. Ese fue el tema central en la conferencia de prensa encabezada por el líder nacional, Gerardo Islas Maldonado, y el dirigente estatal, Eduardo “Tato” Vega. Horas más tarde, “El Pino” fue acribillado con su familia. Hay algo que no cuadra. Si Pérez Vega era jefe de plaza, ¿por qué viajaba con su esposa e hijos, exponiéndolos a un ataque? ¿Por qué el vehículo no tenía blindaje? ¿Por qué no traía escolta? ¿Por qué se exhibía en eventos públicos? Con “El Pino”, han sido asesinados dos figuras relevantes de Fuerza por México en tres semanas, en Veracruz. Pero el gobernador volverá a decir que tenían pacto con grupos criminales. Y la violencia, por las razones que sean, sigue fuera de control… Grúas Gatsa no sólo esquilmaba. Ahora, su nueva fachada, Monterde, desaparece a quienes intentan liberar sus vehículos. Eleuterio Hernández Zapot y Octavio Tadeo Castellanos acudieron a recuperar un auto en el corralón de Coatzacoalcos y no se les volvió a ver con vida. Sus cuerpos fueron hallados a orilla de la supercarretera Las Choapas-Ocozocoautla, el domingo 16 de enero. Ambos estaban maniatados y embolsados; uno, decapitado.

Previamente hubo un cateo en la empresa de grúas, de lo que cual derivó la aprehensión de cuatro empleados. Gatsa tenía padrinos de alto nivel en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la guarida de la mafia morenista, entonces encabezada por Hugo Gutiérrez Maldonado, el superagente del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Hoy esa mafia sigue.

La cuida y la fomenta el nuevo titular, capitán Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla. Sobre Gatsa se ha escrito todo, desde los atracos a usuarios que debían pagar cantidades exorbitantes por liberar autos, como la sospecha de que en sus instalaciones operaban los cárteles. Cuando los medios de comunicación tomaron el caso, cuando la diputada por Coatzacoalcos, Eusebia Cortés Pérez, de Morena, alzó la voz y provocó la embestida de Cuitláhuac, acusándola de intentar extorsionar con placas de taxi y otros privilegios, la suerte de Gatsa quedó echada.

Desapareció y sus instalaciones quedaron en poder de Monterde. Y vino lo peor. Eleuterio Hernández y Octavio Tadeo fueron a buscar un auto y terminaron desaparecidos, embolsados y semienterrados, uno de ellos decapitado. Como en los tiempos de Javier Duarte cuando Veracruz se entregó a los cárteles del narco. Hoy, el nuevo cómplice es Cuitláhuac García, el bendecido por López Obrador…

Son 23 homicidios en tiempo récord, un alcalde ejecutado, un síndico ultimado, un regidor abatido, una mujer degollada, y días después tres policías levantados, uno muerto, uno herido, una desaparecida. Y el gobernador no deja de mentir.

Son miles de asesinatos, ajuste de cuentas, masacres, choque de cárteles por las plazas y hasta mandos de Seguridad Pública de Veracruz que ordenan el levantón de otros mandos, como el Archi, director de la Policía Vial, cuyo cadáver apareció a los cinco meses exhumado por las manos de sus sicarios que portan placa y revólver oficial.

Y la extorsión in crescendo.

Y el feminicidio a todo lo que da.

Y Veracruz punteando en el ranking de crímenes de odio.

Y la evasión de Cuitláhuac García, insolente.

Y el encubrimiento a la policía criminal, soez.

“No hay que exagerar”, dice el insensato cuando se le pregunta sobre la desaparición de mujeres en Altotonga, Perote y Villa Aldama, en la zona montañosa, al centro de Veracruz.

¿El síndico de Omealca? Ah, sí —criminaliza el gobernador— tenía tratos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Les pido que no mientan”, recrimina a los periodistas que informan sobre los niveles de violencia.

“La violencia es herencia del pasado”, se excusa.

Y por si las palabras se las llevara el viento, por si hay a quien marear, un año atrás la falacia de Cuitláhuac se plasmó en letras de molde. “Veracruz es el segundo estado más seguro de México”. Y le atribuyó la clasificación al Inegi. Diseminó decenas de espectaculares en carreteras y ciudades donde, por supuesto, provocó sorna, ataques de risa, mentadas de madre y condenas.

Pues no. La violencia es del pasado y del presente. Viene de Fidel Herrera, de Javier Duarte, de Yunes Linares, y se acentúa con Cuitláhuac García Jiménez, el que prometió que acabaría con la inseguridad en seis meses, luego tramitó una prórroga de dos años y ya van cuatro y ha resultado una nulidad.

Cuitláhuac García cerró 2022 con un baño de sangre. Y abrió 2023 con otro baño de sangre. Y luego los policías levantados en Córdoba que activaron un código rojo. Uno apareció muerto; otro, herido, y la uniformada a la que simplemente se la llevaron y nadie sabe por qué.

La seguridad que el gobernador le brinda a Veracruz es de saliva. Las masacres de fin de año sacudieron a todos y desmintieron al gobernador.

Veracruz no es el segundo estado más seguro de México. Veracruz es tierra de nadie, de delincuentes y policías delincuentes; de capos y gobernantes metidos hasta el cuello en lo más profundo del pantano; de matones sin alma y de Cuitláhuac y su mafia, de Cisneros, Hernández Giadáns y los ministeriales torturadores, y el almirante Zúñiga Bonilla que terminó siendo el continuador de Hugo Gutiérrez en esa madriguera de matarifes llamada Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

La estadística maquillada sirve para dibujar la irrealidad. El delito se oculta. Las cifras se alteran. Y se le miente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Había que escuchar los alardes del zorrillo de palacio. Disminuía la inseguridad y Veracruz estaba libre de secuestro. Así hasta que la sangre corrió. Ejecuciones de políticos, masacres en bares, un jefe policíaco municipal levantado y ejecutado, embolsados y una degollada, conformaron el festín de 23 muertos. Y Cuitláhuac se jodió.

Al alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua, lo cazaron los sicarios, el 30 de diciembre de 2022. Acudió a un velorio. Abordó su camioneta e instantes después fue interceptado. Recibió seis disparos que le segaron la vida.

Ese día fue asesinado el tesorero municipal de Tezonapa, Salvador de Jesús Páez Tostado. Circulaba por una carretera en el municipio de Cuitláhuac, acompañado por dos empleadas del ayuntamiento.

Le metieron siete balazos.

Un mes antes, el síndico de Omealca, Miguel Tinoco García, fue ejecutado. Tanto ese caso como el del alcalde de Rafael Delgado y el del tesorero de Tezonapa, el gobernador los revictimizó. Los ligó al crimen organizado.

El festín de muerte siguió. El 31 de diciembre ocurrieron nueve crímenes, unos en Martínez de la Torre, otros en Coatepec, Espinal y Córdoba.

Al comandante de la policía de Espinal, José Luis Quinto, lo habían levantado. Su cuerpo fue hallado en bolsas negras de plástico.

Otros cuatro sujetos fueron acribillados mientras convivían en la calle, en Córdoba. Un comando los sorprendió y les quitó la vida.

Al siguiente día, 1 de enero, la ola de violencia sacudió a Veracruz. En ataques simultáneos a bares, en Poza Rica, al norte de la entidad, 12 personas fueron ultimadas.

Y a esa masacre se sumó el hallazgo de una mujer, conocida como Bibi, a quien degollaron y cuyo cuerpo fue hallado en un departamento de la colonia Playa Sol, en Coatzacoalcos. En la boca le hallaron trapo para evitar que sus gritos fueran escuchados.

El 10 de enero, tres policías municipales de Córdoba fueron levantados. Minutos después hallaron a dos de ellos; uno no presentaba signos vitales; el otro se hallaba herido. De la mujer policía nada se volvió a saber.

Y Cuitláhuac presumiendo que la inseguridad en Veracruz cedió.

La violencia proviene del poder que detenta el crimen organizado y la impunidad que le otorga el aparato de poder. Los narcos mandan y el gobierno de Cuitláhuac se mimetiza con los malos. Los cobija, los acuerpa. Hay tiempos en que le disputa el territorio y tiempos en que se los vuelve a dar. Como era antes, como es ahora.

La violencia brutal viene del Cártel del Golfo y de Los Zetas en tiempos de Fidel. Y de Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación en el sexenio de Duarte. Y del Cártel Jalisco y unos zetas disminuidos en la era Yunes. Y Cuitláhuac llegó con seis cárteles y ya van siete y una multiplicidad de grupos delincuenciales.

La tragedia que asfixia a Veracruz se nutre en esa violencia. Se vive con miedo. Se le teme al narco y al policía por igual. Compiten los cárteles de los “fuera de la ley” con los cárteles que representan la ley. Disputan territorios, plazas, negocios y víctimas. Y la catarsis se da cuando la delincuencia y la “justicia” se funden en un sólo poder, un narcopoder.

Y esa violencia no tiene para cuándo acabar.

Una oleada, 23 asesinatos en tiempo récord —72 horas— trajeron a Cuitláhuac a la realidad.

Archivo muerto

Un bulto llamado Adán Augusto llegó a Veracruz. Sin carisma, gris, infumable, vino a placear. Llegó con la encomienda de Andrés Manuel de tomarle el pelo a los que le ven arrestos para suceder al mesiánico en la silla presidencial. Usó el montaje de los Diálogos Ciudadanos sobre reforma electoral, con la investidura de secretario de Gobernación, trepado en el desgobernador Cuitláhuac García, en legisladores, funcionarios de gobierno y alcaldes, aún aquellos que habían sido amenazados por el sátrapa Eric Cisneros Burgos. Pesa más un secretario de Gobernación que un secretario de Gobierno, aunque ambos sean escoria política del mismo retrete.

Al abuelo de los Monsters, como se le conoce en el mundillo de las redes sociales, le armaron el escenario, le aplaudieron a rabiar, le quemaron incienso y, siendo adoradores de la zacatecana Rocío Nahle y de Claudia Sheinbaum, de Cuitláhuac para abajo todos se le tuvieron que cuadrar. El espectáculo es deplorable e hilarante. Sólo quien no conoce a Adán Augusto López Hernández se traga el tamal de sus alcances para ser el relevo de López Obrador. Baste decir que ni se acerca en las encuestas a Claudia Sheinbaum, lo que ya de entrada suena grave. El certamen de mediocridad es digno de la secta cuatrera, donde proliferan los sin mente, los sin honra y los sin dignidad. Media hora después de la visita del Abuelo Monster, ni quien se acuerde que pisó Veracruz… Ruido y cuento y el priismo no pasa de ahí. Ex líderes estatales, legisladores y ex legisladores, emisarios de los grupos de poder patalean contra el acuerdo del Consejo Político Nacional que permite a la actual mafia jefaturada por Alejandro Moreno Cárdenas prorrogar su gestión cuando ésta concluya.

Con ese agandalle, Alito “El Trampas” Moreno habrá de controlar —vender— candidaturas al Senado y diputaciones, a gubernaturas, y maniobrar dentro de la alianza Va por México sabiendo que su firma vale y que en cuanto se lo instruya Andrés Manuel López Obrador, tumba el bloque de oposición. La respuesta es —ríanse— epistolar. Una carta abierta muestra el repudio, de palabra, de los grupos de poder en el PRI de Veracruz. No la suscriben —faltaba más— ni Marlon Ramírez, su presidente estatal, ni Arianna Ángeles Aguirre, secretaria general. No tomas sedes del PRI, ni marchan por las calles, ni lanzan gritos de protesta.

Un día después, la dirigencia estatal del PRI, o sea Marlon y su banda, se solidariza con Alito Moreno y su pandilla. Ese PRI fragmentado, podrido, desprestigiado, basura, es el que pretende ser opción para tumbar del poder a los cuatreros de Andrés Manuel. Para reír… La verdadera vocación de Braskem es la evasión fiscal. 

Pretende hacerlo en Coatzacoalcos como antes lo hizo en Nanchital. No terminan de aterrizar los permisos de construcción para la terminal portuaria de etano en la dársena de Pajaritos; el retraso ya es de seis meses pues la obra iniciaría el 22 de julio de 2022, y lo único que se le ocurre al vocero de la firma brasileña, Sergio Plata, es decir que la obra avanza, comenzando no por los muelles ni por el tanque de almacenamiento criogénico, sino soldando y apilando tubos en los patios de Etileno XXI. Ojalá ese disparate fuera lo peor. Lo grave es que la Dirección de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Coatzacoalcos se voló tasando los permisos municipales en 100 millones de pesos y Braskem, fiel a su costumbre, pretendiendo pagar una miseria, suponiendo que los mexicanos se les tienen que hincar.

La patraña de Sergio Plata sirve para algo. Refresca la memoria. Hace recordar aquel episodio en que el ayuntamiento de Nanchital llevó a juicio a Braskem, filial de Odebrecht, la constructora brasileña protagonista de decenas de conflictos judiciales por su proclividad al soborno. Braskem fue denunciada en Nanchital por aportar información falsa cuando solicitó los permisos municipales para construir la planta procesadora de etileno.

Dos de sus directivos, Roberto Velasco Gutiérrez y Stefan Lanna Lepecki, terminaron implicados en la denuncia por falsear datos sobre la superficie en que se realizaría la construcción. Aquello creció como bola de nievo y el ayuntamiento de Nanchital los llevó a juicio por evadir el pago de casi 300 millones de pesos y los trabó. Y en Coatzacoalcos, si persisten en esa conducta delictiva, la pomposamente llamada Terminal Portuaria de Etano no se construirá jamás. Gracias, terca memoria,  porque estos rufianes verdeamarelos nunca van a cambiar. En breve, el detalle de la transa…

* Tras la aprehensión, López Obrador se ocultó  * La captura, un éxito del Ejército  * Pero no desarticula al Cártel del Pacífico  * AMLO y el narcopacto fracturado  * Ediles piden desaparecer poderes en Sayula  * Alcaldesa genera clima de terror  * Héctor Yunes, urgido de reflectores  * Notario Miguel Yuén, implicado en transa en Nanchital

Tres años después, Andrés Manuel recapturó a Ovidio. Y por 24 horas se agazapó. Evadió a la prensa, Evitó hablar. Se ocultó como aquel que muerde la mano del capo que lo trepa al poder, como aquel que sabe que traición con traición se paga.

Con balazos, sin abrazos, cercó al junior capo, tercero en el mando de Los Menores, el clan de los hijos del Chapo Guzmán, y asestó un golpe crucial, no letal porque Ovidio Guzmán es objetivo para Estados Unidos por su rol en el tráfico de fentanilo, pero no es el líder del Cártel del Pacífico.

Tres años después, López Obrador se halló en la encrucijada de aplicar la ley o consentir a los capos, como en 2019, de dispensarles abrazos, ser el alcahuete de sus crímenes y beneficiario de la operación electoral de los narcos. Y optó por las balas, como aconsejaba Felipe Calderón.

Tardó 24 horas en festinar el éxito. Y lo hizo con pesar, doliéndose por las bajas militares y las muertes de los “seres humanos”, eufemismo con el que categoriza a los sicarios que sirven al cártel del Chapo, del “Mayo” Zambada, de Aureliano “El Guano” Guzmán, hermano del Chapo, y de Los Chapitos; “seres humanos” que asesinan y mutilan y disuelven en ácido a sus víctimas.

Andrés Manuel fue evasivo en la conferencia mañanera, el 5 de enero. Cuestionado por los reporteros, tras filtrarse la aprehensión, tácitamente dijo desconocer qué ocurría en Jesús María, sindicatura de Culiacán, Sinaloa. Había que esperar, dijo. Informaría después, en Palacio Nacional.

Pero no fue así. Concluida la mañanera, desapareció. Rehuyó el tema. Al filo de la 1 PM, tres mandos encabezaron la conferencia de prensa, en la sede de la Secretaría de Seguridad y federal, no en Palacio Nacional, como ofreció Andrés Manuel.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, abrió la rueda. Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena, detalló el operativo. Rafael Ojeda, secretario de Marina, ni siquiera habló.

Sabíase que todo inicio hacia las 5 de la mañana, ese 5 de enero, cuando efectivos del Ejército sorprendieron a Ovidio en su casa de seguridad. Rompieron uno a uno los cercos de sicarios, halcones y punteros que resguardaban el área. Ovidio emprendió la huida, pero no tardó en caer.

La versión oficial, sin embargo, fue en otro sentido y terminó siendo toda una contradicción. Luis Cresencio Sandoval advertía que hacía seis meses le seguían la pista al junior. Minutos después diría que personal de la Sedena, al percatarse que un convoy de autos circulaba con gente armada, los interceptó. Intentó revisarlos y el Ejército recibió una agresión armada.

La versión, según analistas en temas de seguridad, pretendería acreditar que a Ovidio se le aprehendió en flagrancia portando armas de uso exclusivo del Ejército y por el ataque a efectivos militares. Se suponía que existía una orden de captura y se ejecutó.

Diez minutos y el show terminó. No se permitieron preguntas. Sólo la versión oficial y ya.

Y Andrés Manuel seguía sin aparecer.

Mientras, Culiacán era un infierno. El Cártel del Pacífico bloqueaba carreteras, incendiaba camiones y automóviles, intentaba tomar el aeropuerto, lanzaba disparos contra un avión de Aeroméxico que se disponía a despegar y sobre dos aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Todo en vano. La extracción de Ovidio Guzmán se concretó en el lugar de la aprehensión, en Jesús María, un poblado de no más de 2 mil habitantes, a 10 minutos de Culiacán. Lo treparon en un helicóptero, de ahí al aeropuerto y en un Boing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana.

Voló a la Ciudad de México. Se le trasladó a la Fiscalía General de la República y de ahí al penal del Altiplano, donde estuvo preso su padre, Joaquín Guzmán Loera, y del cual se fugó.

Más de 14 horas y en Culiacán el infierno seguía. Ardían, literalmente, autos y tiendas. Y sobre paredes de casas y comercios quedaban las huellas de los impactos de bala. Y cientos de cristales estrellados y con los orificios de los disparos.

Y López Obrador continuaba agazapado.

La comunicación oficial no existió. Los medios y las redes llenaron el vacío. Se multiplicaban las imágenes, las llamas y el humo consumiendo vehículos. Y el miedo devorando a todos.

Y así cayó la noche. Pasaron las horas. Y el mesiánico no apareció.

Parco, Andrés Manuel amaneció el viernes 6 con un saldo funesto: 29 muertos, 10 de ellos militares, el resto civiles en su mayoría matones; 30 detenidos; 250 vehículos quemados; aviones alcanzados por los disparos; centenares de viviendas dañadas. O sea, peor que el fallido operativo de 2019 cuando López Obrador ordenó liberar a Ovidio Guzmán “para evitar un baño de sangre”.

Aquel día, al presidente le temblaron las piernas. Se arrugó. Capturado Ovidio, López Obrador se acobardó. Los sicarios superaban a los elementos militares. Descargaron sus ametralladoras Barret calibre .50, destruyendo cuanto impactaban. Y amenazaron con asesinar a familiares de militares.

Soltar a Ovidio Guzmán fue un delito. Es evasión de reos. El delito de López Obrador. Pero con ello, Andrés Manuel se congració con el cártel que le operó la elección de 2018, secuestrando y amenazando candidatos de oposición. En 2021 repitió la fórmula, imponiendo a Morena en gobiernos estatales y alcaldías. O sea, el narcopacto.

López Obrador soltó a Ovidio, en 2019, con la argucia de que se evitó una masacre. Pero este 5 de enero lo recapturó con mayor número de muertos y heridos.

¿Por qué es importante extraditar a Ovidio Guzmán? Porque, se le vea como se le vea, es un criminal, un desgraciado que trafica droga, que ordena homicidios, que desmembra seres humanos, que tortura y desaparece a sus víctimas. Y por el tráfico de fentanilo del Cártel del Pacífico a Estados Unidos, rol que desempeñan Los Menores, los hijos del Chapo.

Hay cifras que no dejan duda. Por ejemplo, las que revela Héctor de Mauleón en El Universal:

“En 2014 el gobierno de Estados Unidos decomisó 4 kilos de fentanilo. Al año siguiente el sistema de aduanas aseguró 100. 

“En 2015 se detectaron 5,343 casos de muerte por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos. La cifra de fallecimientos pasó a 9, 580 en 2016”.  

“En el país vecino —agrega—, las muertes por sobredosis fueron creciendo: hasta que cobraron un promedio de 50 mil vidas por año, una cifra que se duplicó entre mayo de 2020 y mayo de 2021 (100 mil muertos), y que se mantuvo constante entre mayo de 2021 y mayo de 2022 (más de cien mil fallecimientos). 

“En las fronteras de Texas y California los decomisos crecieron de manera escandalosa. A lo largo de 2022, el gobierno estadounidense decomisó 50 millones de pastillas”.

“En julio pasado —apunta De Mauléon—, fuerzas militares aseguraron en una bodega de Culiacán 542.74 kilos de fentanilo. Era el decomiso más grande en ‘la historia de esta droga letal’ ”.

Andrés Manuel le hace la chamba al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El tráfico de drogas es un tema electoral, con sobrada hipocresía. Biden intenta vender que ataja el suministro de fentanilo pero no frena el consumo. En EU, son millones de adictos los que demandan droga.

La captura de Ovidio Guzmán es un campanazo pero no acaba con el Cártel del Pacífico. Ovidio no es su líder. Ni siquiera es la cabeza de Los Menores. En jerarquía lo superan sus medios hermanos, Iván Archivaldo y José Alfredo. Pero es el mérito del Ejército que López Obrador poco festinó.

Ya no podrá ir a Badiraguato, cuna del Chapo. Ya no saludará y le sonreirá a María Consuelo Loera, mamá del Chapo. No le irá a decir que encarceló a su nieto. Ya no acudirá al Triángulo Dorado, feudo del líder narco al que le destinó millones de presupuesto federal. El narcopacto se fracturó.

Anabel Hernández, periodista especializada en temas sobre narcotráfico, y el ex director de Operaciones de la DEA en México, Mike Vigil, coinciden en que la caída de un capo es positiva pero no daña a la organización. La clave sería golpear la infraestructura financiera, las redes de lavado de dinero, bloquear los activos, impedir el pago de droga, operadores, sicarios; neutralizar empresas lavadoras, abogados y políticos que los preservan de la acción de la justicia.

Ahora, falta ver la reacción del cártel favorito del mesiánico, el del Chapo, El Mayo y Los Chapitos.

Porque traición con traición se paga.

Archivo muerto

Tanta corrupción, tantas amenazas, que hasta los ediles de Sayula terminaron diciendo ya no. Piden la desaparición de poderes, que el Congreso de Veracruz imponga un concejo municipal, que así se frene el abuso, la arbitrariedad, las tropelías y raterías de Lorena Sánchez Vargas, la alcaldesa pro Eric Cisneros Burgos.

“Es mejor renunciar a nuestros salarios y prestaciones, ganados legítimamente el pasado proceso electoral, a ser cómplices de los actos contra la ley que desea cometer la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas”, señalaron tras iniciar el trámite.

A riesgo de su vida, de la persecución judicial, de parar en la cárcel como ocurrió con el ex tesorero Rafael González Cárdenas, el síndico Bartolo Grajales Lagunes, y los regidores Alicia María García Cruz, Abimael Merino de los Santos, Zoila García Wandestrand y Juan Manuel Symor Gómez,  describen un auténtico estado de terror, la presencia de porros que los insultan, el uso de elementos de la Guardia Nacional como si fuera autoridad federal y los alardes de que contar con buenos “padrinos” que le permiten violar la ley. La tildan de “enferma” y “mitómana”.

Lorena Sánchez Vargas se niega a firmar el documento con el que se designó por mayoría en el cabildo a la nueva tesorera municipal, Paloma Manuel Pino, cuyos familiares ya sufren acoso judicial por delitos inventados por la tormentosa alcaldesa.

Y la ira crece. Lorena Sánchez intenta deshacerse de Paloma Manuel Pino e imponer en la tesorería de Sayula de Alemán a un incondicional, Gregorio García Salomón, ex tesorero del municipio de Hidalgotitlán, quien dejara el cargo con un daño patrimonial superior a 30 millones de pesos. En las sombras, el que mueve a la alcaldesa es Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno, cuya obsesión por encarcelar inocentes ya es tema de psiquiatra. Por eso la reacción de los cinco ediles.

Mejor renunciar, pedir al Congreso de Veracruz la desaparición de poderes, la instauración de un concejo municipal, pero no ser parte de esta locura de poder… 

“Véanme, no soy un holograma”, le falta gritar a Héctor Yunes. O ya de perdida, “escandalizo, luego existo”. Y así los delirios del ex senador al que le urgen reflectores y que un día no lejano buscó a Cuitláhuac García, lo asedió, le ofreció sumar para construir el Veracruz de todos y con el apretón de manos y la foto se quedó. El gober no lo volteó a ver.

No lo fumó, no lo peló, no lo lamió, y entonces Héctor Yunes pasó a la segunda fase: la provocación. Olvidado, ignorado, el fiel duartista —“Javier Duarte es mi jefe político”, dijo en un desliz demencial— apeló al juicio de amparo para que Cuitláhuac García Jiménez dé respuesta a la propuesta de crear un cuerpo colegiado que elabore una agenda de emergencia ante la crisis de inseguridad. La maroma es fenomenal, a riesgo de que el virtuoso grillito se rompa el cuello.

En el fondo, a Héctor Yunes le vale un pepino el cuerpo colegiado, la agenda de emergencia y la inseguridad. Recuérdese que fue subsecretario de Gobierno con Fidel Herrera, cuando el Cártel del Golfo y Los Zetas asolaban Veracruz, y nada hizo. Y como diputado federal presidió la comisión de Defensa Nacional, sin haberse visto alguna acción que mitigara el baño se sangre en el estado que lo vio nacer.

Van cinco días de 2023 y la búsqueda de reflectores lo hace desvariar… Otro notario a barandilla. Es Miguel Yuén Ricárdez, acusado de expedir una escritura de propiedad que vulnera los derechos de dos particulares. El caso sacude a Nanchital y en concreto a la alcaldesa morenista, Esmeralda Mora Zamudio. Su familia, los nuevos ricos del pueblo, terminó salpicada por el despojo que el notario y José Luis Herrera Ortiz perpetraron en agravio de los hermanos de éste, Enrique y Antonio Herrera Ortiz.

De la noche a la mañana, José Luis Herrera se ostentó como único dueño de un local comercial ubicado sobre la calle Hidalgo que rentó a familiares de la presidenta municipal, Esmeralda Mora, protegida de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García.

En el local se instaló la taquería Juanito Abdul, de reconocido prestigio en el sur de Veracruz. Y el franquicitario, según comentarios en redes, resultaría ser Farit Yael Lamarque Rosas, nieto de la alcaldesa, ya con un incidente policíaco previo.

En la maroma empresarial brincan los nombres de otros familiares: José Carlos Lamarque Guzmán, Maribel Rodríguez y Carla Lissette Rosas Mora, hija de la edil. Todo iba bien hasta que Enrique Herrera se dejó llegar desde Estados Unidos y presentó la denuncia por el despojo, exhibiendo la escritura original, que acredita que los dueños del local son los tres hermanos, no únicamente José Luis.

De un momento a otro se determinará si el notario Miguel Arturo Yuén Ricárdez, hijo del ex alcalde Alfredo Yuén Jiménez, es vinculado a proceso. Hay evidencia de que se falsificaron firmas para consumar el atraco. Es el tercer caso en Veracruz de notarios con líos con la justicia. A Sergio “N” y Alejandro “N”, de Cosamaloapan y Chinameca, la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns, les ha congelado las pesquisas. El caso de Sergio “N” fue escándalo nacional.

El de Alejandro “N” pronto lo será. Ambos están denunciados por violencia intrafamiliar. Es una olla de presión que de un momento habrá de estallar…