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Son 23 homicidios en tiempo récord, un alcalde ejecutado, un síndico ultimado, un regidor abatido, una mujer degollada, y días después tres policías levantados, uno muerto, uno herido, una desaparecida. Y el gobernador no deja de mentir.

Son miles de asesinatos, ajuste de cuentas, masacres, choque de cárteles por las plazas y hasta mandos de Seguridad Pública de Veracruz que ordenan el levantón de otros mandos, como el Archi, director de la Policía Vial, cuyo cadáver apareció a los cinco meses exhumado por las manos de sus sicarios que portan placa y revólver oficial.

Y la extorsión in crescendo.

Y el feminicidio a todo lo que da.

Y Veracruz punteando en el ranking de crímenes de odio.

Y la evasión de Cuitláhuac García, insolente.

Y el encubrimiento a la policía criminal, soez.

“No hay que exagerar”, dice el insensato cuando se le pregunta sobre la desaparición de mujeres en Altotonga, Perote y Villa Aldama, en la zona montañosa, al centro de Veracruz.

¿El síndico de Omealca? Ah, sí —criminaliza el gobernador— tenía tratos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Les pido que no mientan”, recrimina a los periodistas que informan sobre los niveles de violencia.

“La violencia es herencia del pasado”, se excusa.

Y por si las palabras se las llevara el viento, por si hay a quien marear, un año atrás la falacia de Cuitláhuac se plasmó en letras de molde. “Veracruz es el segundo estado más seguro de México”. Y le atribuyó la clasificación al Inegi. Diseminó decenas de espectaculares en carreteras y ciudades donde, por supuesto, provocó sorna, ataques de risa, mentadas de madre y condenas.

Pues no. La violencia es del pasado y del presente. Viene de Fidel Herrera, de Javier Duarte, de Yunes Linares, y se acentúa con Cuitláhuac García Jiménez, el que prometió que acabaría con la inseguridad en seis meses, luego tramitó una prórroga de dos años y ya van cuatro y ha resultado una nulidad.

Cuitláhuac García cerró 2022 con un baño de sangre. Y abrió 2023 con otro baño de sangre. Y luego los policías levantados en Córdoba que activaron un código rojo. Uno apareció muerto; otro, herido, y la uniformada a la que simplemente se la llevaron y nadie sabe por qué.

La seguridad que el gobernador le brinda a Veracruz es de saliva. Las masacres de fin de año sacudieron a todos y desmintieron al gobernador.

Veracruz no es el segundo estado más seguro de México. Veracruz es tierra de nadie, de delincuentes y policías delincuentes; de capos y gobernantes metidos hasta el cuello en lo más profundo del pantano; de matones sin alma y de Cuitláhuac y su mafia, de Cisneros, Hernández Giadáns y los ministeriales torturadores, y el almirante Zúñiga Bonilla que terminó siendo el continuador de Hugo Gutiérrez en esa madriguera de matarifes llamada Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

La estadística maquillada sirve para dibujar la irrealidad. El delito se oculta. Las cifras se alteran. Y se le miente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Había que escuchar los alardes del zorrillo de palacio. Disminuía la inseguridad y Veracruz estaba libre de secuestro. Así hasta que la sangre corrió. Ejecuciones de políticos, masacres en bares, un jefe policíaco municipal levantado y ejecutado, embolsados y una degollada, conformaron el festín de 23 muertos. Y Cuitláhuac se jodió.

Al alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua, lo cazaron los sicarios, el 30 de diciembre de 2022. Acudió a un velorio. Abordó su camioneta e instantes después fue interceptado. Recibió seis disparos que le segaron la vida.

Ese día fue asesinado el tesorero municipal de Tezonapa, Salvador de Jesús Páez Tostado. Circulaba por una carretera en el municipio de Cuitláhuac, acompañado por dos empleadas del ayuntamiento.

Le metieron siete balazos.

Un mes antes, el síndico de Omealca, Miguel Tinoco García, fue ejecutado. Tanto ese caso como el del alcalde de Rafael Delgado y el del tesorero de Tezonapa, el gobernador los revictimizó. Los ligó al crimen organizado.

El festín de muerte siguió. El 31 de diciembre ocurrieron nueve crímenes, unos en Martínez de la Torre, otros en Coatepec, Espinal y Córdoba.

Al comandante de la policía de Espinal, José Luis Quinto, lo habían levantado. Su cuerpo fue hallado en bolsas negras de plástico.

Otros cuatro sujetos fueron acribillados mientras convivían en la calle, en Córdoba. Un comando los sorprendió y les quitó la vida.

Al siguiente día, 1 de enero, la ola de violencia sacudió a Veracruz. En ataques simultáneos a bares, en Poza Rica, al norte de la entidad, 12 personas fueron ultimadas.

Y a esa masacre se sumó el hallazgo de una mujer, conocida como Bibi, a quien degollaron y cuyo cuerpo fue hallado en un departamento de la colonia Playa Sol, en Coatzacoalcos. En la boca le hallaron trapo para evitar que sus gritos fueran escuchados.

El 10 de enero, tres policías municipales de Córdoba fueron levantados. Minutos después hallaron a dos de ellos; uno no presentaba signos vitales; el otro se hallaba herido. De la mujer policía nada se volvió a saber.

Y Cuitláhuac presumiendo que la inseguridad en Veracruz cedió.

La violencia proviene del poder que detenta el crimen organizado y la impunidad que le otorga el aparato de poder. Los narcos mandan y el gobierno de Cuitláhuac se mimetiza con los malos. Los cobija, los acuerpa. Hay tiempos en que le disputa el territorio y tiempos en que se los vuelve a dar. Como era antes, como es ahora.

La violencia brutal viene del Cártel del Golfo y de Los Zetas en tiempos de Fidel. Y de Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación en el sexenio de Duarte. Y del Cártel Jalisco y unos zetas disminuidos en la era Yunes. Y Cuitláhuac llegó con seis cárteles y ya van siete y una multiplicidad de grupos delincuenciales.

La tragedia que asfixia a Veracruz se nutre en esa violencia. Se vive con miedo. Se le teme al narco y al policía por igual. Compiten los cárteles de los “fuera de la ley” con los cárteles que representan la ley. Disputan territorios, plazas, negocios y víctimas. Y la catarsis se da cuando la delincuencia y la “justicia” se funden en un sólo poder, un narcopoder.

Y esa violencia no tiene para cuándo acabar.

Una oleada, 23 asesinatos en tiempo récord —72 horas— trajeron a Cuitláhuac a la realidad.

Archivo muerto

Un bulto llamado Adán Augusto llegó a Veracruz. Sin carisma, gris, infumable, vino a placear. Llegó con la encomienda de Andrés Manuel de tomarle el pelo a los que le ven arrestos para suceder al mesiánico en la silla presidencial. Usó el montaje de los Diálogos Ciudadanos sobre reforma electoral, con la investidura de secretario de Gobernación, trepado en el desgobernador Cuitláhuac García, en legisladores, funcionarios de gobierno y alcaldes, aún aquellos que habían sido amenazados por el sátrapa Eric Cisneros Burgos. Pesa más un secretario de Gobernación que un secretario de Gobierno, aunque ambos sean escoria política del mismo retrete.

Al abuelo de los Monsters, como se le conoce en el mundillo de las redes sociales, le armaron el escenario, le aplaudieron a rabiar, le quemaron incienso y, siendo adoradores de la zacatecana Rocío Nahle y de Claudia Sheinbaum, de Cuitláhuac para abajo todos se le tuvieron que cuadrar. El espectáculo es deplorable e hilarante. Sólo quien no conoce a Adán Augusto López Hernández se traga el tamal de sus alcances para ser el relevo de López Obrador. Baste decir que ni se acerca en las encuestas a Claudia Sheinbaum, lo que ya de entrada suena grave. El certamen de mediocridad es digno de la secta cuatrera, donde proliferan los sin mente, los sin honra y los sin dignidad. Media hora después de la visita del Abuelo Monster, ni quien se acuerde que pisó Veracruz… Ruido y cuento y el priismo no pasa de ahí. Ex líderes estatales, legisladores y ex legisladores, emisarios de los grupos de poder patalean contra el acuerdo del Consejo Político Nacional que permite a la actual mafia jefaturada por Alejandro Moreno Cárdenas prorrogar su gestión cuando ésta concluya.

Con ese agandalle, Alito “El Trampas” Moreno habrá de controlar —vender— candidaturas al Senado y diputaciones, a gubernaturas, y maniobrar dentro de la alianza Va por México sabiendo que su firma vale y que en cuanto se lo instruya Andrés Manuel López Obrador, tumba el bloque de oposición. La respuesta es —ríanse— epistolar. Una carta abierta muestra el repudio, de palabra, de los grupos de poder en el PRI de Veracruz. No la suscriben —faltaba más— ni Marlon Ramírez, su presidente estatal, ni Arianna Ángeles Aguirre, secretaria general. No tomas sedes del PRI, ni marchan por las calles, ni lanzan gritos de protesta.

Un día después, la dirigencia estatal del PRI, o sea Marlon y su banda, se solidariza con Alito Moreno y su pandilla. Ese PRI fragmentado, podrido, desprestigiado, basura, es el que pretende ser opción para tumbar del poder a los cuatreros de Andrés Manuel. Para reír… La verdadera vocación de Braskem es la evasión fiscal. 

Pretende hacerlo en Coatzacoalcos como antes lo hizo en Nanchital. No terminan de aterrizar los permisos de construcción para la terminal portuaria de etano en la dársena de Pajaritos; el retraso ya es de seis meses pues la obra iniciaría el 22 de julio de 2022, y lo único que se le ocurre al vocero de la firma brasileña, Sergio Plata, es decir que la obra avanza, comenzando no por los muelles ni por el tanque de almacenamiento criogénico, sino soldando y apilando tubos en los patios de Etileno XXI. Ojalá ese disparate fuera lo peor. Lo grave es que la Dirección de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Coatzacoalcos se voló tasando los permisos municipales en 100 millones de pesos y Braskem, fiel a su costumbre, pretendiendo pagar una miseria, suponiendo que los mexicanos se les tienen que hincar.

La patraña de Sergio Plata sirve para algo. Refresca la memoria. Hace recordar aquel episodio en que el ayuntamiento de Nanchital llevó a juicio a Braskem, filial de Odebrecht, la constructora brasileña protagonista de decenas de conflictos judiciales por su proclividad al soborno. Braskem fue denunciada en Nanchital por aportar información falsa cuando solicitó los permisos municipales para construir la planta procesadora de etileno.

Dos de sus directivos, Roberto Velasco Gutiérrez y Stefan Lanna Lepecki, terminaron implicados en la denuncia por falsear datos sobre la superficie en que se realizaría la construcción. Aquello creció como bola de nievo y el ayuntamiento de Nanchital los llevó a juicio por evadir el pago de casi 300 millones de pesos y los trabó. Y en Coatzacoalcos, si persisten en esa conducta delictiva, la pomposamente llamada Terminal Portuaria de Etano no se construirá jamás. Gracias, terca memoria,  porque estos rufianes verdeamarelos nunca van a cambiar. En breve, el detalle de la transa…

* Tras la aprehensión, López Obrador se ocultó  * La captura, un éxito del Ejército  * Pero no desarticula al Cártel del Pacífico  * AMLO y el narcopacto fracturado  * Ediles piden desaparecer poderes en Sayula  * Alcaldesa genera clima de terror  * Héctor Yunes, urgido de reflectores  * Notario Miguel Yuén, implicado en transa en Nanchital

Tres años después, Andrés Manuel recapturó a Ovidio. Y por 24 horas se agazapó. Evadió a la prensa, Evitó hablar. Se ocultó como aquel que muerde la mano del capo que lo trepa al poder, como aquel que sabe que traición con traición se paga.

Con balazos, sin abrazos, cercó al junior capo, tercero en el mando de Los Menores, el clan de los hijos del Chapo Guzmán, y asestó un golpe crucial, no letal porque Ovidio Guzmán es objetivo para Estados Unidos por su rol en el tráfico de fentanilo, pero no es el líder del Cártel del Pacífico.

Tres años después, López Obrador se halló en la encrucijada de aplicar la ley o consentir a los capos, como en 2019, de dispensarles abrazos, ser el alcahuete de sus crímenes y beneficiario de la operación electoral de los narcos. Y optó por las balas, como aconsejaba Felipe Calderón.

Tardó 24 horas en festinar el éxito. Y lo hizo con pesar, doliéndose por las bajas militares y las muertes de los “seres humanos”, eufemismo con el que categoriza a los sicarios que sirven al cártel del Chapo, del “Mayo” Zambada, de Aureliano “El Guano” Guzmán, hermano del Chapo, y de Los Chapitos; “seres humanos” que asesinan y mutilan y disuelven en ácido a sus víctimas.

Andrés Manuel fue evasivo en la conferencia mañanera, el 5 de enero. Cuestionado por los reporteros, tras filtrarse la aprehensión, tácitamente dijo desconocer qué ocurría en Jesús María, sindicatura de Culiacán, Sinaloa. Había que esperar, dijo. Informaría después, en Palacio Nacional.

Pero no fue así. Concluida la mañanera, desapareció. Rehuyó el tema. Al filo de la 1 PM, tres mandos encabezaron la conferencia de prensa, en la sede de la Secretaría de Seguridad y federal, no en Palacio Nacional, como ofreció Andrés Manuel.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, abrió la rueda. Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena, detalló el operativo. Rafael Ojeda, secretario de Marina, ni siquiera habló.

Sabíase que todo inicio hacia las 5 de la mañana, ese 5 de enero, cuando efectivos del Ejército sorprendieron a Ovidio en su casa de seguridad. Rompieron uno a uno los cercos de sicarios, halcones y punteros que resguardaban el área. Ovidio emprendió la huida, pero no tardó en caer.

La versión oficial, sin embargo, fue en otro sentido y terminó siendo toda una contradicción. Luis Cresencio Sandoval advertía que hacía seis meses le seguían la pista al junior. Minutos después diría que personal de la Sedena, al percatarse que un convoy de autos circulaba con gente armada, los interceptó. Intentó revisarlos y el Ejército recibió una agresión armada.

La versión, según analistas en temas de seguridad, pretendería acreditar que a Ovidio se le aprehendió en flagrancia portando armas de uso exclusivo del Ejército y por el ataque a efectivos militares. Se suponía que existía una orden de captura y se ejecutó.

Diez minutos y el show terminó. No se permitieron preguntas. Sólo la versión oficial y ya.

Y Andrés Manuel seguía sin aparecer.

Mientras, Culiacán era un infierno. El Cártel del Pacífico bloqueaba carreteras, incendiaba camiones y automóviles, intentaba tomar el aeropuerto, lanzaba disparos contra un avión de Aeroméxico que se disponía a despegar y sobre dos aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Todo en vano. La extracción de Ovidio Guzmán se concretó en el lugar de la aprehensión, en Jesús María, un poblado de no más de 2 mil habitantes, a 10 minutos de Culiacán. Lo treparon en un helicóptero, de ahí al aeropuerto y en un Boing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana.

Voló a la Ciudad de México. Se le trasladó a la Fiscalía General de la República y de ahí al penal del Altiplano, donde estuvo preso su padre, Joaquín Guzmán Loera, y del cual se fugó.

Más de 14 horas y en Culiacán el infierno seguía. Ardían, literalmente, autos y tiendas. Y sobre paredes de casas y comercios quedaban las huellas de los impactos de bala. Y cientos de cristales estrellados y con los orificios de los disparos.

Y López Obrador continuaba agazapado.

La comunicación oficial no existió. Los medios y las redes llenaron el vacío. Se multiplicaban las imágenes, las llamas y el humo consumiendo vehículos. Y el miedo devorando a todos.

Y así cayó la noche. Pasaron las horas. Y el mesiánico no apareció.

Parco, Andrés Manuel amaneció el viernes 6 con un saldo funesto: 29 muertos, 10 de ellos militares, el resto civiles en su mayoría matones; 30 detenidos; 250 vehículos quemados; aviones alcanzados por los disparos; centenares de viviendas dañadas. O sea, peor que el fallido operativo de 2019 cuando López Obrador ordenó liberar a Ovidio Guzmán “para evitar un baño de sangre”.

Aquel día, al presidente le temblaron las piernas. Se arrugó. Capturado Ovidio, López Obrador se acobardó. Los sicarios superaban a los elementos militares. Descargaron sus ametralladoras Barret calibre .50, destruyendo cuanto impactaban. Y amenazaron con asesinar a familiares de militares.

Soltar a Ovidio Guzmán fue un delito. Es evasión de reos. El delito de López Obrador. Pero con ello, Andrés Manuel se congració con el cártel que le operó la elección de 2018, secuestrando y amenazando candidatos de oposición. En 2021 repitió la fórmula, imponiendo a Morena en gobiernos estatales y alcaldías. O sea, el narcopacto.

López Obrador soltó a Ovidio, en 2019, con la argucia de que se evitó una masacre. Pero este 5 de enero lo recapturó con mayor número de muertos y heridos.

¿Por qué es importante extraditar a Ovidio Guzmán? Porque, se le vea como se le vea, es un criminal, un desgraciado que trafica droga, que ordena homicidios, que desmembra seres humanos, que tortura y desaparece a sus víctimas. Y por el tráfico de fentanilo del Cártel del Pacífico a Estados Unidos, rol que desempeñan Los Menores, los hijos del Chapo.

Hay cifras que no dejan duda. Por ejemplo, las que revela Héctor de Mauleón en El Universal:

“En 2014 el gobierno de Estados Unidos decomisó 4 kilos de fentanilo. Al año siguiente el sistema de aduanas aseguró 100. 

“En 2015 se detectaron 5,343 casos de muerte por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos. La cifra de fallecimientos pasó a 9, 580 en 2016”.  

“En el país vecino —agrega—, las muertes por sobredosis fueron creciendo: hasta que cobraron un promedio de 50 mil vidas por año, una cifra que se duplicó entre mayo de 2020 y mayo de 2021 (100 mil muertos), y que se mantuvo constante entre mayo de 2021 y mayo de 2022 (más de cien mil fallecimientos). 

“En las fronteras de Texas y California los decomisos crecieron de manera escandalosa. A lo largo de 2022, el gobierno estadounidense decomisó 50 millones de pastillas”.

“En julio pasado —apunta De Mauléon—, fuerzas militares aseguraron en una bodega de Culiacán 542.74 kilos de fentanilo. Era el decomiso más grande en ‘la historia de esta droga letal’ ”.

Andrés Manuel le hace la chamba al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El tráfico de drogas es un tema electoral, con sobrada hipocresía. Biden intenta vender que ataja el suministro de fentanilo pero no frena el consumo. En EU, son millones de adictos los que demandan droga.

La captura de Ovidio Guzmán es un campanazo pero no acaba con el Cártel del Pacífico. Ovidio no es su líder. Ni siquiera es la cabeza de Los Menores. En jerarquía lo superan sus medios hermanos, Iván Archivaldo y José Alfredo. Pero es el mérito del Ejército que López Obrador poco festinó.

Ya no podrá ir a Badiraguato, cuna del Chapo. Ya no saludará y le sonreirá a María Consuelo Loera, mamá del Chapo. No le irá a decir que encarceló a su nieto. Ya no acudirá al Triángulo Dorado, feudo del líder narco al que le destinó millones de presupuesto federal. El narcopacto se fracturó.

Anabel Hernández, periodista especializada en temas sobre narcotráfico, y el ex director de Operaciones de la DEA en México, Mike Vigil, coinciden en que la caída de un capo es positiva pero no daña a la organización. La clave sería golpear la infraestructura financiera, las redes de lavado de dinero, bloquear los activos, impedir el pago de droga, operadores, sicarios; neutralizar empresas lavadoras, abogados y políticos que los preservan de la acción de la justicia.

Ahora, falta ver la reacción del cártel favorito del mesiánico, el del Chapo, El Mayo y Los Chapitos.

Porque traición con traición se paga.

Archivo muerto

Tanta corrupción, tantas amenazas, que hasta los ediles de Sayula terminaron diciendo ya no. Piden la desaparición de poderes, que el Congreso de Veracruz imponga un concejo municipal, que así se frene el abuso, la arbitrariedad, las tropelías y raterías de Lorena Sánchez Vargas, la alcaldesa pro Eric Cisneros Burgos.

“Es mejor renunciar a nuestros salarios y prestaciones, ganados legítimamente el pasado proceso electoral, a ser cómplices de los actos contra la ley que desea cometer la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas”, señalaron tras iniciar el trámite.

A riesgo de su vida, de la persecución judicial, de parar en la cárcel como ocurrió con el ex tesorero Rafael González Cárdenas, el síndico Bartolo Grajales Lagunes, y los regidores Alicia María García Cruz, Abimael Merino de los Santos, Zoila García Wandestrand y Juan Manuel Symor Gómez,  describen un auténtico estado de terror, la presencia de porros que los insultan, el uso de elementos de la Guardia Nacional como si fuera autoridad federal y los alardes de que contar con buenos “padrinos” que le permiten violar la ley. La tildan de “enferma” y “mitómana”.

Lorena Sánchez Vargas se niega a firmar el documento con el que se designó por mayoría en el cabildo a la nueva tesorera municipal, Paloma Manuel Pino, cuyos familiares ya sufren acoso judicial por delitos inventados por la tormentosa alcaldesa.

Y la ira crece. Lorena Sánchez intenta deshacerse de Paloma Manuel Pino e imponer en la tesorería de Sayula de Alemán a un incondicional, Gregorio García Salomón, ex tesorero del municipio de Hidalgotitlán, quien dejara el cargo con un daño patrimonial superior a 30 millones de pesos. En las sombras, el que mueve a la alcaldesa es Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno, cuya obsesión por encarcelar inocentes ya es tema de psiquiatra. Por eso la reacción de los cinco ediles.

Mejor renunciar, pedir al Congreso de Veracruz la desaparición de poderes, la instauración de un concejo municipal, pero no ser parte de esta locura de poder… 

“Véanme, no soy un holograma”, le falta gritar a Héctor Yunes. O ya de perdida, “escandalizo, luego existo”. Y así los delirios del ex senador al que le urgen reflectores y que un día no lejano buscó a Cuitláhuac García, lo asedió, le ofreció sumar para construir el Veracruz de todos y con el apretón de manos y la foto se quedó. El gober no lo volteó a ver.

No lo fumó, no lo peló, no lo lamió, y entonces Héctor Yunes pasó a la segunda fase: la provocación. Olvidado, ignorado, el fiel duartista —“Javier Duarte es mi jefe político”, dijo en un desliz demencial— apeló al juicio de amparo para que Cuitláhuac García Jiménez dé respuesta a la propuesta de crear un cuerpo colegiado que elabore una agenda de emergencia ante la crisis de inseguridad. La maroma es fenomenal, a riesgo de que el virtuoso grillito se rompa el cuello.

En el fondo, a Héctor Yunes le vale un pepino el cuerpo colegiado, la agenda de emergencia y la inseguridad. Recuérdese que fue subsecretario de Gobierno con Fidel Herrera, cuando el Cártel del Golfo y Los Zetas asolaban Veracruz, y nada hizo. Y como diputado federal presidió la comisión de Defensa Nacional, sin haberse visto alguna acción que mitigara el baño se sangre en el estado que lo vio nacer.

Van cinco días de 2023 y la búsqueda de reflectores lo hace desvariar… Otro notario a barandilla. Es Miguel Yuén Ricárdez, acusado de expedir una escritura de propiedad que vulnera los derechos de dos particulares. El caso sacude a Nanchital y en concreto a la alcaldesa morenista, Esmeralda Mora Zamudio. Su familia, los nuevos ricos del pueblo, terminó salpicada por el despojo que el notario y José Luis Herrera Ortiz perpetraron en agravio de los hermanos de éste, Enrique y Antonio Herrera Ortiz.

De la noche a la mañana, José Luis Herrera se ostentó como único dueño de un local comercial ubicado sobre la calle Hidalgo que rentó a familiares de la presidenta municipal, Esmeralda Mora, protegida de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García.

En el local se instaló la taquería Juanito Abdul, de reconocido prestigio en el sur de Veracruz. Y el franquicitario, según comentarios en redes, resultaría ser Farit Yael Lamarque Rosas, nieto de la alcaldesa, ya con un incidente policíaco previo.

En la maroma empresarial brincan los nombres de otros familiares: José Carlos Lamarque Guzmán, Maribel Rodríguez y Carla Lissette Rosas Mora, hija de la edil. Todo iba bien hasta que Enrique Herrera se dejó llegar desde Estados Unidos y presentó la denuncia por el despojo, exhibiendo la escritura original, que acredita que los dueños del local son los tres hermanos, no únicamente José Luis.

De un momento a otro se determinará si el notario Miguel Arturo Yuén Ricárdez, hijo del ex alcalde Alfredo Yuén Jiménez, es vinculado a proceso. Hay evidencia de que se falsificaron firmas para consumar el atraco. Es el tercer caso en Veracruz de notarios con líos con la justicia. A Sergio “N” y Alejandro “N”, de Cosamaloapan y Chinameca, la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns, les ha congelado las pesquisas. El caso de Sergio “N” fue escándalo nacional.

El de Alejandro “N” pronto lo será. Ambos están denunciados por violencia intrafamiliar. Es una olla de presión que de un momento habrá de estallar…

Dos balas dieron en el cristal izquierdo; dos más en el cofre; otra impactó el parabrisas. De haber traspasado el blindaje, Ciro estaría muerto, destrozado el rostro, el cuello, el tórax. Y se habría electrizado el país. Pero dice Andrés Manuel que la víctima es él.

El sicario no segó la vida de Ciro Gómez Leyva, pero aniquiló la neurona presidencial.

Las balas no dieron en el blanco, pero acorralaron a López Obrador.

No vulneraron el blindaje, pero desnudaron que el odio a los críticos crece.

Las balas dejaron intocado a Ciro, pero hundieron al narciso en el lodazal.

Aquella noche —15 de diciembre—, Ciro Gómez Leyva, figura del periodismo nacional, estuvo a un tris de morir. Dos sicarios, uno al volante, el otro activando el arma, y un vehículo que encajonó al periodista, colocándose delante de él y bajando la velocidad, intentaron concretar el crimen. Y el intento falló.

A eso de las 11 PM dejó las instalaciones de Imagen TV. Concluida la emisión de Imagen Noticias, de la que es conductor, Ciro Gómez Leyva se dirigió a su hogar, ubicado en la colonia Florida, un fraccionamiento de clase media alta al sur de la Ciudad de México.

A 200 metros de su destino, sobre avenida Universidad y calle Hortensia, el automóvil que se colocó delante suyo aminoró la marcha. Tácitamente lo bloqueó. En ese momento, una motocicleta con dos individuos a bordo se le emparejó por el lado izquierdo. Fue el momento crucial.

Gómez Leyva sintió el primer impacto sobre el cristal izquierdo, del lado del conductor. Y uno más. Por instinto, se ladeó hacia su costado derecho, como si se recostara. Alcanzó a escuchar otros impactos. Luego vería dos orificios en el cofre de la camioneta y el rastro de un balazo sobre el parabrisas.

Apenas repuesto, la adrenalina a tope, sabiendo que se hallaba ileso, el periodista condujo la camioneta con dificultad. Se movía lentamente pero avanzaba. Así llegó hasta el condominio donde habita el ex senador priista, ex subsecretario de Gobernación y ex líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Al vigilante que se hallaba en la caseta le informó lo ocurrido. Le dijo que era amigo de Beltrones. Vio los impactos en el vehículo y de inmediato se alzó la pluma e ingresó. Beltrones le dio espacio en su hogar. Desde ahí fue informada la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch.

“Fue un ataque directo”, dijo Ciro. Y en un tuit relató la agresión.

Lo salvó el blindaje. Las dos balas que impactaron el cristal izquierdo eran mortales. El disparo que alcanzó el parabrisas pudo alcanzar su humanidad. Pero no le tocaba morir.

Las balas no ultimaron a Ciro. Hirieron políticamente a Andrés Manuel.

Las balas no tocaron al periodista. Sólo llevaron al paredón a López Obrador.

No traspasaron el blindaje del vehículo. Quebraron, en cambio, la coraza de espinas en que se envuelve el agitador.

Lengua floja, López Obrador ha sido hiriente con la prensa crítica, ácido con los que discrepan, con los que evidencian las malas cuentas de la pandemia; el baño de sangre de la política de “abrazos (a los narcos), no balazos”, incluida la liberación del junior capo Ovidio Guzmán; o la vida fifí del trivago mayor, José Ramón López Beltrán (la Casa Gris, el nexo con Baker-Hughes), el hijo del presidente aspirando a ser como los hijos de Porfirio Díaz, o las corruptelas de Bartlett, Nahle, Esquer, Ovalle, Zoé, May, o la obsesión por destruir el sistema electoral, o la militarización.

Un día antes del atentado —diciembre 14—, el mesiánico le vació el hígado a Ciro Gómez Leyva. “Imagínense si nada más escucha uno a Ciro —dijo— o a Loret de Mola o a Sarmiento, no pues es hasta dañino hasta para la salud. Si los escucha uno mucho le puede salir a uno un tumor en el cerebro”.

La analogía es infame. Los tumores deben ser extirpados. Ciro, pues, debe ser extirpado. ¿El sicario lo entendió?

López Obrador no tripulaba la motocicleta. No jaló el gatillo. No lanzó los disparos. No ordenó el ataque. Su pecado fue cortar la leña, prenderle fuego y atizar la hoguera. Y se quemó.

No es culpable directo pero lleva cuatro años armando un escenario de linchamiento. El ambiente tenso, violento, lo creó Andrés Manuel. Y la hostilidad en redes sociales. Y los insultos de la secta, la furia, la ira, el agravio, la difamación, la descalificación. La demencia de los fieles en su máxima expresión. Diría Raymundo Riva Palacio, “el clima también mata, presidente”.

Hablador empedernido, no hay mañanera en que no embista con el mote de la “prensa inmunda”, la que sirve al prianismo, medios chayoteros, intelectuales orgánicos, críticos con intereses en la derecha, conservadores y mil bravuconadas más.

Y la recua secunda al pastor, atizando el encono, diseminando la perorata demencial. “Nunca dijeron nada”, “callaron como momias”, “chayoteros inmundos”.

La hoguera crece en proporción a las crisis de Andrés Manuel. Ataca cada vez que la prensa lo acribilla. Los reportajes lo enloquecen, las opiniones lo desquician. Y reacciona con violencia verbal. Es el vómito del poder.

Lleva cuatro años en la fallida tarea de alinear a los medios, de someterlos, recurriendo a la calumnia, a la descalificación, trepado en el atril, usando el aparato de gobierno, los recursos públicos, los reflectores. Y al final, así se envalentone, la prensa crítica lo vuelve a apalear.

“Si se pasan, ya saben lo que sucede”, dijo en una de sus diatribas. “Pero no soy yo, es la gente”.

Implícita, la amenaza prendió alarmas. Era abril de 2019. Llevaba cinco meses en el poder. “Si se pasan, ya saben lo que sucede”. Y con Ciro Gómez Leyva sucedió.

Artículo 19, la organización no gubernamental que documenta agresiones a periodistas, reaccionó:

«El mensaje que está dando el presidente es una autorización y una instigación para realizar cualquier ataque u hostigamiento contra los periodistas”.

Pero López Obrador continuó. Y los fieles de la secta, igual.

«La sección de comentarios —dice Bloomberg— en las transmisiones en YouTube de las conferencias de prensa presidenciales es una catarata de insultos dirigidos a los periodistas que toman el micrófono. Se les acusa de recibir sobornos, ser irrespetuosos o cosas peores. Los comentarios contra reporteras tienden a mostrar un sesgo de género. Se les llama ‘putas’ o ‘perras’ o se burlan de ellas por no usar maquillaje y en ocasiones se les denigra con referencias a actos sexuales”.

Aquella noche, Ciro Gómez Leyva pudo salir ileso, pero Andrés Manuel no. Ciro la libró; López Obrador cargó con la sospecha. El escenario de odio, el ataque verbal, la difamación y el lodo a granel, se le revirtió. Y volvió al agravio.

“No descarto que la agresión contra Ciro se trate de un autoatentado, que alguien hizo para afectar al gobierno”.

Y apuntó:

“Cuando planteo lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros. No lo descarto”.

O sea, los sicarios van por Ciro Gómez Leyva pero la víctima es López Obrador.

Prende el fuego, incendia el bosque, crea la hoguera para hacer arder a la prensa y cuando se perpetra un atentado la víctima no es el periodista, es Andrés Manuel.

Y así, día a día, año tras año, hasta sumar más de 40 asesinatos de comunicadores, 15 de ellos en 2022, reiterando que México es el país más peligroso para el ejercer el periodismo.

De ahí que 180 periodistas lo increpen, le demanden cesar el hostigamiento, el infundio y la infamia, el odio, la difamación, la convocatoria a la violencia contra comunicadores. Dijeron:

“De no autocontrolarse el presidente López Obrador en sus impulsos de ira hacia periodistas críticos, el país entrará en una etapa aún más sangrienta que ya han experimentado otros países latinoamericanos: asesinar periodistas para desestabilizar al gobierno, o matar en pago de favores al gobierno”.

Y López Obrador volvió a atacar.

Las balas no ultimaron a Ciro, pero exhibieron la bajeza de Andrés Manuel.

Las balas no traspasaron el blindaje; destrozaron a la Cuarta Putrefacción.

Las balas no mataron a Ciro. Sólo mostraron al narciso en el lodazal.

Pero el villano dice que la víctima es él.

Archivo muerto

Ahí va Carranza, el fardo al hombro, con su estela de corrupción. Ahí se ve a Víctor Carranza Rosaldo, desenfadado, cuando su ayuntamiento es el peor de la historia de Coatzacoalcos, embarrado en corruptelas, obras entregadas a un pull de contratistas, el pequeño club de Pepe Peña y Miguel Pintos, uno marido de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el otro cometiendo todo tipo de tropelías desde la Secretaría del ayuntamiento, incluyendo el escandaloso caso del acta de cabildo falsa, usada para despojar a Ember Ballinas de sus derechos sobre dos canchas de pasto sintético en el malogrado

Parque Deportivo Miguel Hidalgo. Treinta millones observados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz en la cuenta pública 2021, remataron la faena. Carranza Rosaldo fue el capitán en jefe de la nave insignia de la corrupción morenista, de uña afilada, cola larga y cinismo mayor. Y aún así, se dejó ver en el primer informe de labores del alcalde Amado Cruz Malpica, como aquel que hace de las suyas y lo sale a presumir, sabiendo que a los integrantes del Cártel de Zacatecas en Veracruz la ley no los toca. Lo alcanza, en cambio, el repudio, la condena social, la repulsa de los originarios y adoptivos de Coatzacoalcos, que lo vieron desgobernar, bailar, tirarse al piso cual vil bufón, mientras la violencia, el sadismo, la crueldad de los sicarios, de los narcos y la delincuencia levantaban a sus víctimas y las entregaban fragmentadas. Carranza, con su indiferencia, terminó de matar la inversión en Coatzacoalcos. Y hoy hay que verlo pasearse como si hubiera gobernado con tantita dignidad… Primero Dos Bocas, luego, si acaso, Veracruz. Van dos veces que Rocío Nahle brilla por su ausencia.

Primero, cuando su patrón, el célebre mesiánico oriundo de Tepetitán, Tabasco, la dejó fuera de su elenco en su última visita a Veracruz. Y si no entendió la falta de invitación, Andrés Manuel dejó claro que aún no la veía como candidata, guardándola para cuando sean los tiempos, si es que para la zacatecana aún hay tiempo electoral. La segunda ausencia fue en el informe del alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica. En su feudo, del que se hizo matrona con la venia del ex presidente municipal, Marcelo Montiel, y sus pandilleros de cabecera, no se le vio.

La extrañaron sus peones, los que deambulan en palacio y en la estructura municipal donde echan todo a perder. Cesará la ausencia cuando Dos Bocas termine de armarse, pegando tubos y válvulas, disponiendo de un sistema de generación de energía propia y, sobre todo, evitando que al menor aguacero Dos Bocas se transforme en la alberca que tanto ha dado de qué hablar. Primero a sacar la chamba que para eso se le paga, luego a pedalearle antes que la yunista Patricia Lobeira, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued, y hasta el tal Gutierritos la dejen atrás en la encuesta y pongan fin al delirio de que una zacatecana del mero Río Grande venga a gobernar Veracruz… ¿Cuál es ese afán desmedido de Cuitláhuac García de tener cerca a Manuel Fernández Olivares, “El Pámpano”? No es que el secretario técnico de la Fiscalía de Veracruz acuda a las mesas para la supuesta reconstrucción de la paz por capricho de su jefa, Verónica Hernández Giadáns, la fiscal espuria. Su presencia es una exigencia del gobernador. Salen sobrando los indicios de favores y enredos del “Pámpano” con líderes zetas, según consta en actas.

Cuitláhuac lo quiere ahí y ahí está. Hay voces de la Fiscalía de Veracruz que afirman que si por la fiscal espuria fuera, El Pámpano estaría relevado de toda función. Peor si la información que se comparte en la mesa para la paz la aportan jefes militares y navales y tiene que ver con operativos contra el crimen organizado. Tácitamente, la delincuencia estará enterada a primera hora de la mañana. Al gobernador Cuitláhuac García nada le importa. Lo que lo mueve es tener a Manuel Fernández Olivares a tiro de piedra. Aunque la seguridad nacional se vea vulnerada…

*Proyecto clave de 8 mil millones en el Corredor Interoceánico, lejos de arrancar

* Eliezer Sánchez, el operador que empantanó los permisos a la firma brasileña

* Desde el 15 de junio existía una orden de pago por 4 millones 

Una exigencia inédita, pagar 99 millones de pesos por permisos municipales, mantiene en el aire, congelada, la construcción de la terminal portuaria de etano de Braskem en Laguna de Pajaritos.

La cifra descomunal, urdida en el seno de la Dirección de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Coatzacoalcos, frustró el arranque de la obra con la que la firma brasileña almacenará el etano importado, insumo básico para la producción de etileno.

Únicamente por el permiso para construir el tanque criogénico, Braskem debe liquidar 79 millones 520 mil 200 pesos, y por el de excavación y saneo de terreno, 8 millones 547 mil 815.86 pesos.

Ambos son los rubros de mayor cuantía, que disparan el costo del paquete de permisos fijado por la Dirección de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Coatzacoalcos y que frenan la mayor inversión de la iniciativa privada en los últimos años en esta región, del orden de 400 millones de dólares, unos 8 mil millones de pesos y que serviría para detonar el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), proyecto prioritario en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Terminal Química Puerto México, nombre oficial del proyecto, es inversión de la brasileña Braskem, asociada a la firma Advario, una división de la empresa alemana Oiltanking, cuya participación accionaria representa el 50 por ciento de la sociedad.

Advario es una empresa especializada en la construcción de terminales portuarias para el manejo de productos químicos, gases y petroquímicos.

EL CONTRATO LEONINO ENTRE BRASKEM Y FELIPE CALDERÓN

Su objetivo es almacenar el etano que Braskem tiene que importar ante las limitaciones de Petróleos Mexicanos, su otrora principal abastecedor del insumo empleado en la producción de etileno y polietileno, que pagaba a precio preferencial —sólo el 30 por ciento de su valor en el mercado internacional—, cargando a Pemex el costo del transporte e imponiendo penalizaciones excesivas a la petrolera mexicana, producto del contrato ventajoso y “leonino” firmado con el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, como categorizó el presidente López Obrador.

Una vez almacenado el etano, se le trasladará a través de un ducto de 12 pulgadas de diámetro, a lo largo de 11 kilómetros, hasta su destino final en la planta de Etileno XXI, ubicada en el municipio de Nanchital.

El diferendo con el ayuntamiento de Coatzacoalcos, de extracción morenista, es que mientras a Braskem se le exige el pago de casi 100 millones de pesos por permisos de construcción y conceptos sobre la propiedad del terreno, ex funcionarios de Obras Públicas Municipales advierten que el costo real no debe rebasar los 2 millones de pesos.

Hace cinco meses, el 11 de julio, Braskem anunció oficialmente el proyecto. Arrancaría 11 días después y quedaría concluido a finales de 2024. La Terminal Química Puerto México se asentaría en una extensión de 10 hectáreas y dispondría de un muelle de atraque.

Iniciaría el 22 de julio. Así se concibió… hasta que apareció Eliezer Sánchez Carrillo.

LAS CUENTAS ALEGRES DE ELIEZER

Empleado de tercer nivel, de negro historial cuando fue funcionario en el ayuntamiento de Cosoleacaque, Eliezer Sánchez Carrillo, quien primero se ostentaba como coordinador de Desarrollo Urbano, ahora brazo derecho del titular, Gilberto Velásquez Hernández, es quien torea a la firma brasileña.

En manos de Eliezer Sánchez Carrillo, la terminal de etano no avanzó. Impuso su agenda. Fijó costos superlativos y en consecuencia Braskem se inconformó.

De acuerdo con fuentes de Desarrollo Urbano Municipal, las primeras reuniones entre Eliezer Sánchez y Braskem debieron arrojar resultados inmediatos, ajustando la tasa asignada a cada permiso de obra.

Al conocer el costo de los permisos de construcción y autorizaciones de suelo, fraccionamiento industrial, deslinde, excavación del terreno, saneamiento, construcción de edificio administrativo, subestación eléctrica, taller de mantenimiento, construcción de tanque criogénico, así como la excavación y relleno del terreno por donde correrá el ducto de 12 pulgadas, de la Terminal Química Puerto México a la planta de Etileno, el escenario para Braskem se ensombreció.

Una tarjeta informativa aporta detalles de los conceptos que el funcionario municipal esgrime para “apretar” a Braskem y que suman 99 millones 728 mil 837.42 pesos.

Eliezer Sánchez Carrillo los agrupa en tres bloques: permisos e impuestos sobre la propiedad inmobiliaria; de construcción de la terminal de almacenamiento de etano, y de construcción de ducto de 12 pulgadas para el transporte de etano.

Los que implican una mayor carga para la firma brasileña son: construcción del tanque criogénico, 79 millones 520 mil 200 pesos; excavación y relleno (saneo), 8 millones 547 mil 815.86; uso de suelo, 3 millones 16 mil 876.11; estacionamiento de maniobra, 2 millones 63 mil 878.72; construcción de ducto de 12 pulgadas de etano, un millón 948 mil 244.90; ocupación anual de la vía pública, un millón 186 mil 946.94; excavación y relleno del área por donde correrá el ducto, 828 mil 4.08; subdivisión y/o fraccionamiento industrial, 804 mil 550.30; traslado de dominio, 758 mil 769.65, y deslinde, 502 mil 812.69.

Y la cereza del pastel: por el número oficial, Braskem tendrá que pagar mil 491 pesos.

BRASKEM REALIZÓ UNA CONTRAPROPUESTA Y LA BATEARON

Braskem arguyó que la licencia por concepto de movimiento de tierras (ducto) tendría un costo máximo de 822 mil 31.65 mil pesos. A eso se sumó lo correspondiente a la licencia por la construcción del ducto de 12 pulgadas.

Ante el atraso en el arranque de la obra —cinco meses—, el alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, solicitó informes y determinó agilizar el trámite y que se expidiera el paquete de permisos para la construcción de la Terminal Química Puerto México.

No obstante, otro documento, suscrito por el director de Desarrollo Urbano, Gilberto Velásquez Hernández muestra que la orden de pago por la subdivisión del predio, ubicado en el ex ejido Gavilán, se expidió desde el 15 de junio pasado

Dirigida a la Tesorería Municipal, la orden de pago contemplaba conceptos como subdivisión, registro de plano, inspección, deslinde y alineamiento. En total Braskem tendría que pagar 4 millones 885 mil 700.38 pesos.

Se solicitó a Braskem Idesa un comentario sobre el estado actual del trámite de permisos municipales para iniciar la construcción de la Terminal Química Puerto México y la respuesta fue breve: «estamos en un proceso de análisis de nuestro proyecto con las autoridades locales. Existen diversas actividades en la construcción que requieren revisiones más a detalle».

Cinco meses después, las negociaciones continúan estancadas. Los 2 mil empleos prometidos no cristalizan. Y el proyecto de la terminal de etano no ve la luz.