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Los hampones también lloran. Y se acobardan. Y se desdicen. Y más cuando desde las calles, alentados por el aplauso de los serviles, les da por amenazar de muerte a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Vapuleado a mansalva, Cuitláhuac García recula: “no le deseo la muerte a la ministra (Norma Lucía Piña)”.

Juan Javier Gómez Cazarín, su mozo, se agazapa: “si yo lo hubiera hecho hubiera pedido disculpas”.

Y el que ni se inmuta, ni suda ni se acongoja, es el artífice del circo donde campearon los ataúdes y las cruces de madera, y la descalificación y el insulto, y las mentadas de madre y las amenazas de muerte, Eric Cisneros Burgos.

Y si nadie lo hizo, y si no fue su idea, y si el gobernador de Veracruz no le desea la muerte a la ministra, ¿por qué permitió que el show de los féretros, el signo de muerte, los “Descanse en Paz”, los rostros de la ministra Piña y el ministro Alberto Pérez Dayán fueran el eje de su protesta?

“No le deseo la muerte a la ministra”, aduce Cuitláhuac García Jiménez, pero los hechos dicen que sí.

Y expresa que “no le pido una disculpa porque ella no me la ha pedido”, frente al cuestionamiento de la prensa para luego terminar manoteando, el gesto endurecido y huir con una salida que ni a María Félix se le podría ocurrir: “interpreten mi silencio”. Y la diva se va.

Gómez Cazarín, líder sátrapa en el Congreso de Veracruz, también se quiebra.

“Yo lo único que te puedo decir es que las manifestaciones que he realizado, este tipo de acciones, siempre han sido de manera pacífica; yo, el diputado Cazarín y los diputados del Congreso del Estado, los que acudieron, ninguno llevó algún ataúd. Desconozco quién lo hizo y no celebro este tipo de acciones”.

Y se deslinda:

“No sé quién los llevó, pero si yo lo hubiera hecho hubiera pedido disculpas… no me hago responsable por las acciones de nadie más que solamente las propias”.

Lo reseña el periodista Arturo Reyes Isidoro, autor de Prosa Aprisa, advirtiendo que la convocatoria original fue de los diputados morenistas y luego se sumó el gobernador.

Cuitláhuac García ya no sabe qué decir. No le desea la muerte a la ministra Piña, argumenta, y se va por la tangente:

“Es infantil. Buscan manipular y no decir el sentido real de la manifestación, que no se quiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se conforme como actualmente se hace porque sus decisiones son alejadas del pueblo”.

No, lo real son los ataúdes y las amenazas de muerte, la danza de los féretros, los payasos disfrazados de ministros con toga y birrete, y las cruces de madera, inscritas en ellas los nombres de Norma Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán.

Lo real fue ver a Eric Cisneros Burgos, alias “Bola 8”, cargar uno de los ataúdes. Y en su interior un individuo con una máscara en el rostro con la imagen de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo real fue ver colocados los ataúdes y las cruces de madera y las cartulinas con agravios como el de “Piña podrida” a pie del estrado, a unos metros del sitio en que Cuitláhuac García lanzaba las condenas contra los integrantes de la Suprema Corte que han bateado las reformas obradoristas por ser inconstitucionales y los decretos del mesiánico por ser contrarios a la ley.

Lo real fue la ira de los sinvergüenzas plasmada en mensajes contra el máximo tribunal del país, y las risas por el circo de los ataúdes, y las mentadas contra la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández.

Eric Cisneros, “Bola 8”, fue el genio de tan aberrante y torpe episodio. Cuitláhuac y Gómez Cazarín los pajes del rey de la insidia.

Cuitláhuac García lo pudo evitar, pero lo consintió.

Cuitláhuac García pudo frenar el aquelarre de los dementes, pero le pareció bien.

Cuitláhuac García debió atajar la implícita amenaza de muerte a la ministra Piña y convalidó el nivel de agresión.

Vio los ataúdes. Vio las cruces de madera. Vio los rostros de los ministros. Leyó los insultos. Leyó la descalificación. Nada dijo. Todo lo hizo suyo y lo permitió.

Gómez Cazarín fue su cómplice. Junto al gobernador se hallaba el líder del Congreso de Veracruz. Y a sus espaldas los diputados morenistas. Todos permitieron la violencia política de género contra la ministra y la violencia política contra los ministros que han tirado a la basura las reformes inconstitucionales de López Obrador.

El lunes 22, el otro porro, Andrés Manuel López Obrador, intentó cubrir a su esbirro. “Hizo bien”, dijo el presidente, aún sabiendo que la esencia de esa protesta es una amenaza de muerte.

“Hizo bien, dijo el mesiánico frente a la avalancha de críticas suscitadas por la descomunal agresión a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y se atrevió a vociferar que Cuitláhuac “no es rata”. Es “ratísima”. Su gobierno es infinitamente corrupto, proliferando la redes de contratistas, los contratos sin licitación, las empresas fantasma, el uso de recursos públicos con fines electorales, las obras de mala calidad, el subejercicio de recursos federales que, por ley, van a parar a manos del Rey del Cash.

Andrés Manuel está frito. Su palabra no pesa. Quiso blindar al gobernador y no pudo. Quiso exculpar a Cuitláhuac y el repudio es total. Los sondeos entre los veracruzanos tienen una lectura brutal: 93.4 por ciento reprueban el ataque con amenaza de muerte a la ministra Norma Piña. Y el 80.6 por ciento de los encuestados repudian la gestión del gobernador.

La encuesta, reseñada por el periodista Marco Antonio Aguirre Rodríguez, autor de Místicos y Terrenales, fue realizada por la empresa MxSurvey, entre el 22 y 23 de mayo.

López Obrador puede pensar que Cuitláhuac García “hizo bien”, pero el pueblo piensa que hizo mal.

Los hampones son cobardes. Con un arma en la mano, los sicarios a su lado, el poder del miedo usado para embestir a cualquiera, amedrentan y quiebran a sus víctimas. Y cuando se equivocan lo pagan con su vida.

Los hampones políticos tienen el mismo gen. Usan la fuerza, no la razón. Usan el aparato policíaco y judicial para encubrir sus crímenes. Usan la prensa vendida para tapar sus heces.

Y cuando se exceden, si pueden, van a recular.

Cuitláhuac cruzó una línea fatal. Al amenazar de muerte a la ministra Norma Piña, activó una sentencia que hará efecto, para siempre, en cualquier tribunal federal, incluso cuando deje de ser gobernador.

Los hampones tarde o temprano la pagan.

Archivo muerto

Gabino García, sobrino del alcalde, tiene los hilos de la corrupción en la mano. Un día le pidieron 70 mil pesos para apoyar a una morenista que fue intervenida quirúrgicamente; otro, 250 mil por diversas ayudas a militantes que promovieron a Amado Cruz Malpica en la  campaña a la presidencia municipal de Coatzacoalcos, “a cambio de una obra de 5 millones de pesos”, una vez que Arturo Delgadillo Medina asumiera la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Las entregas, refiere Gabino García, se realizaron en enero de 2023, cuando Delgadillo ya ostentaba el cargo. El episodio de corrupción —exigir dinero a cambio de obras— consta en la declaración que el “sobrino incómodo” realizó ante el área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Contraloría Municipal del ayuntamiento de Coatzacoalcos, de la que es titular Jonathán Daniel Franco Rangel.

La investigación fue consignada en el expediente DE-013-2022 y fue radicada a partir de las denuncias interpuestas por la Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción, bajo la presidencia del empresario Gabriel Ángel Rivera Cerdán. Pese al testimonio de Gabino García, la Contraloría exoneró a Arturo Delgadillo.

O sea, las dádivas son permitidas, léase “cash” si quieren obras. Sólo faltaron los sobres amarillos al estilo Pío López Obrador. Otra mancha más al tigre de la corrupción de Amado Cruz Malpica. Y lo atestigua su “sobrino incómodo”. Para que la cuña apriete ha de ser de la familia misma… Ni un voto al PRI, proclama Movimiento Ciudadano ayudando a que Morena se adjudique el Estado de México. Y la guerra estalla. Pintan bardas con la leyenda “Con el PRI ni a la esquina” y sentencian: “Ni un voto al PRI”. Y por ello chocan los priistas y los seguidores de Dante Delgado Rannauro.

Han terciado el panista Santiago Creel y el perredista Luis Espinoza Cházaro. Y el daño para el bloque opositor es letal. En 2021, Marko Cortés, líder nacional del PAN, acusó a MC de ser un Judas, o sea traidor. Y Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del tricolor, los señaló de desdeñar la alianza de oposición por sus compromisos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. MC se la cobró al no registrar candidato en Estado de México, sin que la intención de voto se cargara hacia la candidata de Morena, Delfina Gómez, la que extorsionó a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco siendo alcaldesa. A 10 días de la elección, Movimiento Ciudadano le asesta un golpe brutal al PRI. Porque perder el Estado de México es perder el bastión del Grupo Atlacomulco, uno de los enclaves del priismo depredador, aunque Movimiento Ciudadano termine de confirmar que, en efecto, es un esquirol al servicio de Morena… 

A la casera, Claudia Balderas le quedó a deber; a Banco Azteca también. Detona un nuevo escándalo en torno a la senadora veracruzana, morenista y preferida del líder —un liderazgo totalmente fracturado— del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila. Por meses, Nora Ochoa le demandó las rentas por la viviendas que ocupaba en la Del Valle, Ciudad de México. Claudia Balderas se fue cuando quiso y no saldó el adeudo. Ahora Nora Ochoa la vuelve a balconear. Le pide a Ricardo Salinas Pliego que los cobradores de Banco Azteca, propiedad del regiomontano, dejen de ir a cobrarle a su domicilio. O sea, no pagó las rentas y no le paga a Banco Azteca.

Y así el haber político de la senadora Balderas, surgida de Villa Allende, congregación de Coatzacoalcos, célebre por las andanzas del ex novio, Mario Espinoza, alias “El Gato”, que tuvo tres ingresos a la cárcel por abuso a una menor de edad, un lío con policías de la Ciudad de México que le sembraron droga y una aprehensión por implicársele en un caso de secuestro, del que se libró pronto pese a la flagrancia que le esgrimieron. Claudia Balderas fue quien le propinó sus cachetadas y patadas a su prima, Amor Torres, en pleno Senado, cuyos videos fueron el acabose total. Y ahora Banco Azteca también la busca… Tambaleante, Noé Castillo Gamboa apenas se podía sostener.

Acababa de provocar el accidente que dejó parapléjico a un petrolero. El video difundido por el periodista Gregorio Antonio es prueba incontrovertible. El junior apenas se podía mantener en pie. Una dama a su lado, igual. Se observa el taxi 326 golpeado en la parte trasera y una ambulancia. En otra toma, la camioneta Reanult blanca, impactada en el cofre. Fue un golpe por alcance, provocado por el junior. Noé Castillo Gamboa, hijo del alcalde de Agua Dulce, Noé Castillo Olvera, debió ser aprehendido. La Policía de Veracruz lo tuvo a su alcance y lo dejó ir. El delegado de Tránsito, Job Salazar, se apersonó con la familia para decirle que si se iban a arreglar con el infractor. Así consta en la declaración judicial de la madre de la víctima, Ángel Gómez Javier, cuya gravedad es extrema. Se halla en estado parapléjico, sin poder brazos ni piernas.

Refiere Gregorio Antonio, en su portal Infolinks que el alcalde morenista de Agua Dulce envió a su hijo a Mérida, Yucatán. Lo ayudó a escapar. Incurrió en el delito de encubrimiento. Y la Policía y Tránsito también. La Fiscalía de Veracruz va por el mismo camino. Pero cuando el caso llegue a tribunales federales, todos van a tener que comparecer. Los morenistas torciendo la ley…

Sobre los hombros de Eric Cisneros Burgos, alias Bola 8, va el féretro de la presidenta del Poder Judicial de la Federación y es conducido hasta quedar a unos metros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y se ven badulaques vestidos con toga y birrete, atravesando la calle José María Pino Suárez, abriéndose paso desde Palacio Nacional hasta la sede del Poder Judicial de la Federación.

Y los payasos, con sus féretros a cuestas, las siglas de la SCJN en sus costados, la imagen de la ministra presidenta Norma Piña, habrían de protagonizar el mayor acto de barbarie política en el de por sí carnavalesco régimen de la Cuarta Putrefacción.

Sigue el aquelarre: otro de los ataúdes lleva un muerto viviente; en el yace un miembro de la secta obradorista, usando una máscara mal pintada de la ministra Norma Piña.

Y se observan decenas de cruces con textos en que aluden a los ministros que les resultan incómodos por mandar a la basura las extravagancias inconstitucionales de López Obrador y, por supuesto, la veintena de bodrios legaloides de la recua morenista en el Congreso de Veracruz.

Sobre una de las cruces se estampa una afrenta: “Ministra Piña. Ministro Dayán. E.P.D”. La amenaza es directa. EPD: en paz descansen.

Y otras ramplonas, el sello de la piara morenista comandada por Cuitláhuac García, Eric Patrocinio Cisneros Burgos y el líder —capo— de la bancada morenista en el Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, al que el asesinato de su jefe en la Volkswagen de Coatzacoalcos lo salvó de ir a la cárcel.

“Se venden piñas baratas”, decía una. “Corte de Piña Podrida”, se leía en otra.

Y la provocación: los rostros del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, hoy procesado por el caso Ayotzinapa; el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, en prisión por desvío de recursos; el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, embarrado en el escándalo de corrupción, vía sobornos, de la empresa brasileña Odebrecht, financiando la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y al final usado por Andrés Manuel para atacar judicialmente al panista Ricardo Anaya, mantenido en el exilio so pena de que irá a prisión si ingresa a México.

“De Tín Marín de do Pingüé. ¿A cuál criminal liberaré”, rezaba la leyenda plasmada en las cartulinas.

De Tín Marín de do Pingüé, les faltó citar a los criminales de hoy, José Agustín Ortiz Pinchetti, fiscal especial de Delitos Electorales, que pese a los videos y la aceptación pública del presidente en torno al dinero recibido por su hermano —“no son sobornos, son aportaciones”—, no le halló ni un gramo de lodo a Pío López Obrador.

O la inacción del fiscal Alejandro Gertz Manero, dejando intocable e impune a Ignacio Ovalle Fernández, ex director de Segalmex donde se ha perpetrado la mayor estafa de que se tenga memoria en un sexenio, 15 mil millones y lo que sume, según la Auditoría Superior de la Federación. O maniobrando contra la hija de cuñada, inventándole un delito que no existe en el Código Penal, manteniéndola injustamente en la cárcel de Santa Martha Acatitla, todo para despojarlas de los bienes y cuentas, incluso en un paraíso fiscal, de su hermano Federico.

De Tín Marín de do Pingüé, a los morenistas les faltó pedir cárcel para el sátrapa secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, el que le dispensa los contratos a la red delincuencial de amigos de Andrés —Andy— López Beltrán, el hijo voraz de López Obrador.

Y todavía preguntan, ¿a cuál criminal liberaré?

Aquel mediodía, el sábado 20 de mayo, el morenismo veracruzano mostró su intelectualidad. Descocados, aneuronales, vulgares, imaginaron que la fuerza de una protesta radica en hacer reír. A falta de argumento, ajenos a la idea de qué es lo constitucional, qué es la división de poderes, cuál es el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por qué los ministros de la SCJN se eligen de manera indirecta y por qué los poderes ejecutivo y legislativo con voto popular, montaron una carpa y mostraron qué diminuta es la gusanada de Cuitláhuac frente a la dimensión de los ministros que preservan la Constitución.

Del vodevil obradorista nada quiso saber el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, deslindando a su dirigencia de la faramalla urdida en la mente por demás limitada de Cuitláhuac García.

Así habrá advertido lo que el desgobernador de Veracruz es capaz de hacer, que apenas se anunció que habría protesta a las puertas de la SCJN, desautorizó el evento y precisó que si querían alzar la voz por el fallo en contra del Plan B de la reforma electoral, que lo hiciera en Xalapa, sin el aval de la dirigencia nacional.

Y la violencia llegó. Dos reporteros de Radio Fórmula que cubrían la protesta fueron hostigados, agredidos, golpeados en la espalda, en los brazos y piernas, insultados. Todo en vivo, todo en tiempo real en redes sociales.

De la violencia de Cuitláhuac nadie se extraña. Hay imágenes en medios que lo captan trenzándose a golpes con policías en las protestas magisteriales, siendo diputado federal por Xalapa, incurriendo en ultrajes a la autoridad, el delito que luego usó para llenar las cárceles de Veracruz con sus enemigos políticos.

Ya en el mitin, el gobernador era un bot. Repitía las zarandajas de López Obrador. Que si la Suprema Corte no es de elección popular, que si sirve a los enemigos del presidente, que si no respeta las sabias decisiones inconstitucionales de los legisladores-plaga de Morena y aliados, a las que llama “decisiones legítimas, democráticas, y sobre todo de justicia, de los otros dos poderes de la nación”.

Y por si fuera poco, dice el bot obradorista, “ella y ellos también desestiman la legitimidad, así como la constitucionalidad, de las decisiones del Poder Legislativo, que a la par del Ejecutivo, emana del voto libre, directo y universal del pueblo”.

Lo circunda la pandilla morenista que se inventa leyes en el Congreso de Veracruz, que luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucionales. La última fue la Ley Nahle, que hasta dos ministros obradoristas, Arturo Zaldívar y Loretta Ortiz, definieron como ilegales y un fraude a la Constitución.

Por obvio y trillado, nadie recuerda qué tanto dijo el bailarín de congal. Queda la estampa de los ataúdes, las cruces, los rostros de la ministra Piña y el ministro Pérez Dayán, el descanse en paz, la amenaza y el augurio de muerte.

Dos días después, el circo continuó. El lunes 22 se trasladó a palacio nacional. López Obrador, ante el fiasco de protesta, frente al burlesque de los payasos con toga y birrete, la imagen de Bola 8, alias Eric Cisneros, cargando un ataúd, tuvo que echarle la bendición.

“Hizo bien”, dijo Andrés Manuel cuestionado por la prensa en el vodevil mañanero.

Y cómo no podría avalarlo. Los porros y los porros se atraen. Los porros se entienden con los porros. Los porros justifican a otros porros. Los porros, en el ejercicio de la violencia política, encubren a otros porros.

El porro de palacio, llámese Andrés Manuel López Obrador, solapa la violencia política de género de Cuitláhuac García contra la ministra Norma Lucía Piña Hernández, y la violencia política en general contra los ministros que le mandan a la basura sus reformas inconstitucionales.

Horas después, la Suprema Corte volvió a votar. Y volvió a reventar a López Obrador.

Por seis votos a cinco se declaró la invalidez total del decreto con el que el presidente pretendió declarar todas las obras de su gobierno de seguridad nacional, la treta con la que se puede reservar información, con la que puede ocultar las trapacerías y violaciones a la ley.

Pueden llevar más ataúdes. Pueden llevar cruces de madera, flores, máscaras, cartulinas y mensajes amenazantes hasta con signos de muerte. Pueden disfrazar a sus payasos con toga y birrete y darle chamba de cargador de féretro a Eric Cisneros. Nada va a cambiar.

Mil ataúdes sólo harán reír a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Archivo muerto

Pepe Yunes tiene en la mira a Bola 8. Que le apliquen la ley; que se indague el desvío de recursos al andar haciendo campaña en Estado de México, en la campaña de Delfina Gómez; que se esclarezca quién mueve a las “Brigadas de la transformación”. Recuerda el diputado federal priista que fue Morena el partido que presionó para modificar la legislación electoral y sancionar como delito grave el uso de recursos públicos en temas electorales. Y delito grave es cárcel.

Pepe Yunes, oriundo de Perote, diputado por el distrito de Coatepec, el único priista que ganó su elección, toca una fibra sensible. Sabe que hay evidencia de sobra, la misma que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, difundió al pregonar que por instrucciones del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, encabezaba al grupo que apoyaba la campaña de la cuestionada maestra Delfina Gómez, sentenciada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la rasurada que le metía al salario de los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco cuando la insigne obradorista era alcaldesa de aquel municipio.

Si la ley se aplica, Eric Cisneros, alias Bola 8, no sólo tendría que dejar el cargo sino terminaría en una cárcel. Son ya dos temas en que se percibe la subida de tono que Pepe Yunes Zorrilla le está a su discurso cuando lo que los veracruzanos están esperando es justamente voces que hagan salir de su letargo a la oposición… Por lo menos, la diputada Galindo es chistosa.

Se propone hablar en serio y le salen disparates de antología. Rosalinda Galindo, la conspicua diputada morenista afirma que ella de leyes también sabe, no tanto como los ministros de la Suprema Corte, pero sabe. Y repite la zarandaja de que no debieron invalidar el Plan B de la reforma electoral. Bien dicen que a ignorancia es atrevida. La ministra Galindo, por ejemplo, se compara con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mayoría con una trayectoria impecable, a excepción de Yasmín  Esquivel Mossa, centro del más estrepitoso escándalo habido en la historia del Poder Judicial de la Federación por el plagio, robo, fusil o como quiera llamar de su tesis universitaria y también de su tesis doctoral. Rosalinda Galindo sabe de leyes, nada. Si supiera, no habría suscrito la veintena de reformas legales en el Congreso de Veracruz que a la postre los ministros de la SCJN echaron abajo por violentar preceptos constitucionales o porque vulneraron el proceso legislativo, entre ellas la Ley Nahle.

De lo que sí sabe la ministra Rosalinda Galindo, y mucho, es de insertar a su parentela en la nómina del gobierno de Veracruz, succionando el presupuesto hasta donde dé. A eso, ministra Galindo, se le llama voracidad… Movimiento Ciudadano le vuela militantes al PRD, pero con Morena vive una luna de miel en Coatzacoalcos. Se lleva lo poco del perredismo local, pero para seguir siendo comparsa de Morena y trapeador. Se lleva a jóvenes que ilusamente pregonan que tienen con qué tomar el poder. Movimiento Ciudadano es, tácitamente, la pieza más domesticada en la corte del alcalde Amado Cruz Malpica. Callado, con la cola entre las patas, su regidor, Luis Gutiérrez González, todo le aprueba al alcalde.

El líder local de MC, Christopher Alan Santos, ha lanzado dos quejidos y nada más; uno por la exhibición de vehículos sobre la pista de tartán del estadio Rafael Hernández Ochoa y otro haciendo la propuesta para que el 30 por ciento de la recaudación del impuesto predial se erogara en lo que determinara la ciudadanía, que, por cierto, nadie fumó. Son voces acríticas, anodinas, silenciadas ante el desastre político, económico y social propiciado por los desgobiernos de Morena, el de Víctor Manuel Carranza Rosaldo y el de Amado Cruz Malpica, a los que sirven y ante los que Movimiento Ciudadano está postrado. Son priistas disfrazados de oposición, acurrucados en una zona de confort, mientras en el altiplano su líder nacional, Dante Delgado Rannauro, habla y despotrica contra Andrés Manuel López Obrador y su gobierno de caos, y en Xalapa lanza misiles contra el morenista Cuitláhuac García por el régimen de represión. Y acá los ex perredistas ya se confeccionan sus trajes para ser la nueva comparsa de Morena… 

Yasser Emiliano es premio estatal en periodismo ético, a nivel bachillerato. Obtuvo el primer lugar en el género de noticia informativa, representando a la Escuela Secundaria y de Bachilleres Miguel Alemán González. Su tema, “Descontrol del alcohol y delincuencia en las calles”, aborda el dilema de la juventud ante el asedio del alcohol, el riesgo de caer en la adicción, la omisión de la autoridad en la regulación con que deben operar los antros, los crímenes cometidos en bares en todo el territorio veracruzano. Participaron alumnos de Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Gutiérrez Zamora, Córdoba, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos.

El Certamen Periodismo Ético DGB 2023 “Doctor Antonio Peña Tavarez”, quien fuera fundador de la secundaria Dr. Isaac Ochoterena y formador de alumnos que luego habrían de participar en certámenes nacionales e internacionales. Yasser Emiliano Cárdenas Palomo habló a nombre de los alumnos premiados y destacó la importancia de los foros donde se escucha el pensamiento y las inquietudes de los jóvenes sobre diversos temas, donde son escuchados y se propicia el intercambio de ideas para estar preparados para afrontar lo que el futuro les pueda deparar. Por parte de la Miguel Alemán acudió su director, Jorge Manuel Ordaz Toledo, un comprometido impulsor de talentos y capacidades de los alumnos…

* Onésimo Mendoza y su hijo, señalados de arrebatarles las obras a constructores

* Sin contrato, puso a disposición de empresa el expediente de entrega-recepción

* Sobrino del alcalde Amado Cruz acusa a Arturo Delgadillo pero Contraloría no lo toca 

—Primera de tres partes—

Onésimo Mendoza Flores incurrió en “faltas graves y no graves”, un caso de nepotismo y facilitar indebidamente a particulares el expediente de entrega-recepción de la Dirección General de Obras Públicas de Coatzacoalcos, sin contrato, sólo con la instrucción del titular, Arturo Delgadillo Medina, a quien la Contraloría exculpó pese a las evidencias.

También se le acusa de exprimir a constructores, arrebatarles obras obtenidas mediante licitación, pero la Contraloría evadió el señalamiento.

Mendoza Flores, quien aún se desempeña como director de Obras, fue hallado responsable de la contratación de su hijo, Víctor Manuel Mendoza Villegas, contraviniendo la Ley Orgánica del Municipio Libre, al asignarle el puesto de supervisor en la Subdirección de Construcción.

Más allá de su cargo oficial, de acuerdo con dos testimonios contenidos en el expediente DE-013-2022, Víctor Manuel Mendoza Villegas servía de contacto con constructores, establecía puntos de encuentro para dialogar con su padre, Onésimo Mendoza Flores, y en ellos les imponían las condiciones para presionar a las empresas que ya contaban con contratos, desplazarlas y ambos, los Mendoza, con sus propias compañías, realizar las obras, entregando a cambio un porcentaje del pago total.

El dictamen de la Contraloría Municipal, fechado el 13 de abril de 2023, establece que la imputación de nepotismo se acredita desde el momento en que Onésimo Mendoza tuvo conocimiento de la contratación de su hijo y lo permitió.

Sin embargo, pese a las pruebas presentadas por la Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción, la Contraloría eximió de responsabilidad al director general de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Arturo Delgadillo Medina, uno de los personajes más allegados al alcalde Amado Cruz Malpica desde que éste militara en el Partido de la Revolución Democrática.

Delgadillo Medina fue funcionario de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, durante las gestiones de Francisco Valencia, a quien el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares envió a prisión. Actualmente sigue su proceso en libertad.

SUSTITUYEN LA FICHA LABORAL

En la página 31 del dictamen, aparece la ficha laboral de Víctor Manuel Mendoza Villegas. En ella se establece que su jefe inmediato es Jorge Nelson Mortera, subdirector de Construcción. Esa ficha no es la original. Fue sustituida, presuntamente por la Dirección de Recursos Humanos del ayuntamiento de Coatzacoalcos.

El 16 de febrero de 2023, DISTRITO ROJO dio a conocer la ficha laboral original. En ella aparecía como jefe inmediato el director de Obras, Onésimo Mendoza Flores, su padre (https://distritorojo.com.mx/2023/02/16/80-dias-despues-caso-de-nepotismo-sigue-impune/).

Aún así, el titular del área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Contraloría Municipal, Jonathán Daniel Franco Rangel, determinó que sí se establece “falta grave” al haber evidencia clara de un caso de nepotismo.

“Onésimo Mendoza Flores dejó de observar las normas y los principios de ética que rigen a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal de Coatzacoalcos”, refiere el dictamen.

OBLIGAR A LOS CONTRATISTAS A CEDER SUS OBRAS

Dos testimonios refieren el modus operandi de los Mendoza para arrebatarle las obras a los constructores que las habían ganado mediante licitación o asignación, obligarlos a entregar el token bancario y permitir que los trabajos fueran realizados por compañías afines al director de Obras del ayuntamiento de Coatzacoalcos y su hijo.

Ignacio Camacho May, representante jurídico de la empresa Golca, S.A. de C.V., formuló un relato contundente. Señaló a Víctor Manuel Mendoza Villegas como el operador de su padre en el control de las obras y el desplazamiento de los contratistas.

“Los denunciados, Onésimo Mendoza Flores y Víctor Manuel Mendoza Villegas —dijo—, tuvieron comunicación directa conmigo, y el segundo de los señalados arregló una reunión el 9 de mayo de 2022, a las 2 de la tarde, en el parque que está ubicado en el bulevar Manuel Ávila Camacho número 270, colonia Centro, a la orilla del malecón, cerca de las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Coatzacoalcos, lo cual nos pareció anormal”.

En esa reunión participaron los Mendoza; el titular de Golca, Agustín González Córdova, y Camacho May.

Lo que escucharon de labios de Onésimo Mendoza, los inquietó:

“Diciéndonos que la manera que ellos proponían para trabajar era prestándoles la empresa Golca, S.A. de C.V. únicamente para contratar y que ellos ejecutarían la obra con su gente, y nos apoyarían dejándonos un porcentaje del monto de la obra, y el restante se los transferiríamos a una cuenta bancaria que él nos proporcionaría, o que también le podríamos dar el token bancario de la cuenta de la empresa para que él lo manejara directamente, lo cual nos parecieron propuestas corruptas, aparte de fuera de la realidad y más porque querían tener acceso y control de todos los fondos de la empresa a lo que nos negamos de inmediato a sus planteamientos”.

Camacho May agregó una evidencia irrefutable.

“Sustento mi dicho de la reunión con las nueve hojas de que incluyen las conversaciones que sostuve con Víctor Manuel Mendoza Villegas, vía whatsapp, con las cuales se respalda que se nos citó para la reunión que se menciona en el lugar y a la hora referida”.

Pese a la evidencia y los testimonios, la Contraloría, a cargo de Mario Pintos Guillén, quien fuera tesorero municipal en la administración del morenista Víctor Manuel Carranza Rosaldo, no sancionó.

ACCESO A PARTICULARES AL EXPEDIENTE DE ENTREGA RECEPCIÓN

Arturo Delgadillo Medina ordenó contratar a una empresa que realizara la evaluación y revisión del expediente de entrega-recepción entre la administración saliente y la actual en Obras Públicas Municipales. Lo hizo sin contrato oficial.

Su orden fue acatada por el director de Obras, Onésimo Mendoza, quien dio acceso a los documentos a la firma del arquitecto Miguel Ángel Trujillo Rosaldo, a quien el director general de Obras Públicas Municipales, Arturo Delgadillo Medina, ofreció pagarle casi un millón de pesos.

Se les adecuó un espacio para realizar el trabajo, en las instalaciones de Obras Públicas. Ahí laboró el personal de la empresa particular.

De acuerdo con el dictamen de Contraloría, Onésimo Mendoza incurrió en irregularidad al entregar documentos oficiales a particulares sin un contrato que así lo estipulara.

Onésimo Mendoza fue citado a explicar su proceder y al final el jefe de Quejas, Denuncias e Investigaciones, Jonathán Daniel Franco Rangel, catalogó la infracción como “falta no grave”.

Los testimonios de quienes revisaron los expedientes de las obras de la administración carrancista, algún prácticamente sin avance cuando Amado Cruz Malpica asumió la presidencia municipal, están soportadas con documentos y fotografías del personal laborando.

PRÁCTICAS CORRUPTAS DE DELGADILLO, REVELA SOBRINO DEL ALCALDE

Gabino García Cárdenas, sobrino del alcalde Amado Cruz Malpica, revela prácticas corruptas, dinero exigido a contratistas, presuntamente destinado a ayudar a simpatizantes morenistas de bajos recursos en colonias de Coatzacoalcos.

El dinero —refiere Gabino García— era requerido cuando Delgadillo Medina aún no llegaba a la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Amado Cruz Malpica aún era alcalde electo.

A cambio, se abría un espacio de oportunidad para las empresas empresas constructoras, obras en el ayuntamiento de Coatzacoalcos.

Las dádivas, según consta en el testimonio vertido por Gabino García en su denuncia y posterior ratificación ante la Contraloría Municipal, iban de los 70 mil a los 250 mil pesos.

“70 mil para la cirugía de una promotora de una colonia, o la cantidad de 250 mil de pesos para poder cumplir con varias solicitudes de necesidades en varias colonias, a cambio de una obra de 5 millones de pesos”, agrega Gabino García.

Pero el director de Quejas e investigación de la Contraloría, Jonathán Daniel Franco Rangel, lo desestimó. Señaló que se carecía de evidencia suficiente.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa será el que determine la sanción para Onésimo Mendoza Flores. Y la Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción llevará su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, según estima su delegado en la zona sur de Veracruz, Gabriel Rivera Cerdán.

Continuará

LO CONTRATARON PARA EVALUAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y LE DEJARON DE PAGAR UN MILLÓN DE PESOS

El gandalla está herido, y fuera de sí. Destrozado su Plan B electoral, Andrés Manuel bufa contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agita a su recua y amaga con llevar a juicio político a los ministros que lo obligan a respetar la ley.

Desquiciado, López Obrador les ha llamado mafia, que “ahora forman parte del supremo poder conservador”, que “están actuando de manera facciosa”.

Les dice pandilla de rufianes que “están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial”.

Tilda de “alteza serenísima” a los ministros Alberto Pérez Dayán y Javier Lainez Potisek, uno por haber elaborado el proyecto que determinó la inconstitucionalidad de la primera parte del Plan B y el otro porque es el encargado del proyecto para la segunda parte.

Se mofa de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, por haber recibido el premio de Derechos Humanos 2023 de Asociación Internacional de Juezas, vociferando que esos reconocimientos se pueden adquirir en la Plaza de Santo Domingo, aledaña al zócalo de la Ciudad de México. Eso es violencia político de género.

El malviviente de palacio no repara en que la plagiaria, la ministra fraude, la ratera que hurtó una tesis para obtener su título como abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, es Yasmín Esquivel, su protegida, la que sí dio el voto a favor del Plan B.

Resume: el Poder Judicial de la Federación “está podrido”.

Agrede, ataca, insulta como si hubiera perdido la razón. Ni el endemoniado de Gerasa vivía tal desenfrenó hasta que Jesús lo apaciguó lanzando los espíritus malos a la piara que terminó lanzándose a las aguas donde se extinguió el mal, según reza el episodio bíblico de San Lucas.

Cierra la pinza el súbdito mayor, Ricardo Monreal Ávila, que pasó de corchalata incómoda, el que amagó con ser el gestor de la ruptura en Morena y eventualmente candidato de la oposición en la elección presidencial, en 2024, a expresar que prefiere “ser nada” que traicionar a López Obrador.

Monreal, con ese tono de constitucionalista del que ya hasta sus amigos se ríen, salió con la zarandaja de que hay facultades en el Congreso para pedir explicaciones a los ministros sobre su actuar y eventualmente someterlos a juicio político.

Y soltó una lista de privilegios que el sistema le ha conferido a los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, en efecto, son un exceso, pero del que gozan togados como Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación de la pandilla obradorista, y el mismo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al que López Obrador le diseñó una reforma judicial con extensión de gestión como presidente de la Corte y que ante el desfase y el alud de críticas se vio obligado a decir que mejor no.

Otros senadores le han respondido a Monreal que facultades no hay y que se respete la división de poderes, y de lo del juicio político que mejor se olvide. Requiere de mayoría calificada y nunca la va a alcanzar.

El amago es un chispazo del momento demencial que vive Andrés Manuel. Y un coletazo del líder —ja— de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de República, Ricardo Monreal. Este “líder” ya sólo pastorea a Claudia Balderas, la que pidió licencia por un día desde Bruselas, Bélgica, y echó a perder el vodevil.

Es el amago con el que intentan someter a los nueve ministros por haber rechazado el bodrio electoral del mesiánico, y que por cuestión de simple lógica habrán de aplicarle la misma a la segunda parte del Plan B electoral, y de paso, al paquete de leyes aprobadas la Noche de Xicoténcatl, entre el 28 y 29 de abril, donde se inventó un quórum inexistente, no se debatió, no se realizó análisis en comisiones. Nada más mayoritearon como cuando el PRI tenía todo el poder.

Como ocurrió con las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas (primera parte del Plan B), los ministros determinarán que se violó el proceso legislativo y establecerán la inconstitucionalidad de las reformas.

Los ministros —nueve de ellos porque Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz son parte de la secta— le demostraron a López Obrador que la ley es la ley. Y si Morena y sus cómplices legislan al vapor, les volverán a tirar sus reformas tramposas. Y si quiebran el proceso legislativo, si ignoran a las minorías, si no incorporan las propuestas ciudadanas, las reformas pejistas terminarán en el basurero.

El impacto de la inconstitucionalidad del Plan B es, en el fondo, tema mayor. Con la actual legislación, ni Sheinbaum, ni Ebrard, ni Adán Augusto, ni Monreal podrán ser elegibles para la candidatura de Morena a la Presidencia, en 2024.

La constante violación a la ley por parte de las corcholatas presidenciales —Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y la cocholatita Ricardo Monreal—, todos en campaña mientras detentan cargo público o de elección popular, merece sanción.

El tema le quema las manos a López Obrador. Si las corcholatas promovieron su imagen y la de su partido —pasarelas de Morena en el Estado de México y Coahuila—, violaron la ley.

Si aparecían en espectaculares —“Es Claudia”, “Ahora es Adán”—, violaron la ley.

Si impartían conferencias —Sheinbaum en todo el país— o si presentaban libros —Ebrard en todo el país—, violaron la ley.

Si creaban sus propios foros para reclamar su derecho a participar —Monreal—, violaron la ley.

Violaron flagrantemente las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas vigentes.

Y ese es el hueso que trae atorado López Obrador. ¿Dónde? Sólo él lo sabe porque sólo él lo siente y sólo a él le incomoda.

Con la legislación actual, las cuatro corcholatas serían inelegibles para la candidatura de Morena o de cualquier partido a la Presidencia de México.

Cuando López Obrador precipitó la carrera presidencial, cuando dio la voz de arranque, luego de la elección intermedia de 2021, donde el bloque Morena perdió 13 millones de votos respecto a 2018, cuando la oposición le arrebató la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México y lo rebasó en votos, imaginó que la reforma electoral constitucional, pasaría en el Congreso. Pero no fue así. Error de cálculo. Falló.

De ahí, inventó el Plan B, un proyecto para “destazar” al instituto Nacional Electoral, como expresó a senadores el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y para solapar las campañas anticipadas, la promoción personal de las corcholatas, la promoción de Morena y los partidos aliados, el del Trabajo y el Verde Ecologista, sus cómplices.

Con el plan B, podrían realizar actos anticipados de campaña, colocar espectaculares, grabar spots, expresar abiertamente su pretensión de ser candidatos, usar el emblema de Morena. No habría riesgo de sanción.

Pero con la legislación actual, ni Sheinbaum, ni Ebrard, ni Adán Augusto, ni Monreal podrían ser candidatos. Y si se aplica la ley, pasando por el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les tendrá que negar el registro.

Y López Obrador se quedará sin sucesor a modo.

Y no podría usar la conferencia mañanera para promover a nadie, so pena de enfrentar sanciones por desvío de recursos públicos. Ni levantarle la mano a Sheinbaum, como lo ha hecho sin ningún pudor.

De ahí la rabia y la locura, el desfase, el insulto, usando improperios, llamando mafia a los ministros de la Suprema Corte, pandilla de rufianes, corruptos que “forman parte del supremo poder conservador”, que “están actuando de manera facciosa”, que “están al servicio de una minoría rapaz.

Nunca se había visto tan fuera de sus cabales a Andrés Manuel. Lo enloquece el fallo de los ministros porque el Plan B no es solo un proyecto electoral sino el único proyecto que bulle en el atribulado cerebro de López Obrador.

El Plan B es un pasaporte a la impunidad.

El Plan B era la treta para imponer al sucesor, sacándole ventaja a la oposición.

Y la Suprema Corte lo aniquiló.

Archivo muerto

Qué generoso fue Álvarez Fontán. A los Farfán les tiró un contrato por 15.4 millones de pesos, sin licitación. Hoy defenestrado, acusado de desviar recursos, de usar a la SICT como plataforma política, Ramón Álvarez Fontán tuvo además un gesto obsequioso: que los Farfán se ganaran esa millonada en sólo un mes, y bacheando. El contrato número 2022-30-CBA-143-W-00-2022, contempla el bacheo superficial intensivo en tramos aislados, relleno de deslaves y trabajos provisionales por fallas de obra de drenaje de tubos de concreto de las carreteras que van de Coatzacoalcos a los límites con Oaxaca, de Santiago Tuxtla a Acayucan, y de Paso del Toro a Acayucan. El monto fue de 15 millones 445 mil 669.70 pesos. De acuerdo con el contrato, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aceptó “la cotización” presentada por la empresa KMP Enlaces, S.A. de C.V., cuyo representante es Narciso Farfán Mun, ex dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Coatzacoalcos. El plazo de ejecución fue de un mes, del 1 al 30 de octubre de 2022, y no tuvieron que presentar garantía de cumplimiento por tratarse de obras de emergencia derivadas de los daños provocados por las lluvias en 19 municipios de Veracruz; sólo se les requirió la fianza de defectos y vicios ocultos. Quien mantenía el contacto con Álvarez Fontán era Jacobo Farfán, hijo de Narciso Farfán, desde su cargo de líder de la CMIC Coatzacoalcos. Al final, terminaron exprimiéndole todo el jugo que pudieron a la SICT. Los privilegios de la 4T… ¿De quién son las ocurrencias de andar dándole toque futbolístico al incipiente esfuerzo de Adán Augusto López Hernández por ser corcholata de la sucesión? ¿De Sergio Gutiérrez Luna, el diputado federal que a todo le tira y a nada le pega? ¿De Miguel Ángel Luna Modesto, su jefe de prensa que en año y medio no ha logrado confeccionarle una imagen medianamente aceptable? ¿De Emigdio Enríquez Merlín, contratista ligado a Tony Macías, el ex suegro del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, actualmente en prisión? De todos, el que enloquece por el futbol y por algunos futbolistas —Kikín Fonseca, por ejemplo— es Miyo Enríquez. Y justo cuando se insertó en la aventura de apoyar a Gutierritos Luna, fue cuando éste apareció haciendo desfiguros con un balón de futbol en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, o cuando tres estrellas del futbol declararon estar muy “Augusto”, en alusión a Adán Augusto, el secretario de Gobernación del que se sabe, prefiere el beisbol, como su patrón, Andrés Manuel López Obrador. Alguien le dio cuerda a los aspirantes a corcholatas, entre ellos Sergio Gutiérrez Luna, y el experimento político-futbolero terminó siendo un desastre de imagen pública y de violación a la legislación electoral… De Frente, un nuevo proyecto periodístico de Jorge Luis Torres Marcos. Se transmite en tiempo real los jueves por la noche en su fan page de Facebook. Su primer invitado, el teniente coronel retirado, Carlos Cruz Orozco, ex candidato a diputado local y hoy al frente de Movimiento Ciudadano en Minatitlán. Sus orígenes, su vida, su formación, su visión para la petrolera ciudad, un cúmulo de anécdotas, los sinsabores y las alegrías. Ante todo, un hombre de bien. De Frente será, sin duda, una pasarela de figuras públicas. Un proyecto de alcances mayores, sustentado en la experiencia de Jorge Luis Torres Marcos, con quienes tuvimos la muy grata experiencia de realizar Al Día en 2018, año de elección presidencial…